Las ofertas presidenciales que contradicen la ley y la Constitución

El candidato por Sociedad Patriótica, Lucio Gutiérrez, plantea varias propuestas que requerirán de reformas legales. Él dice que las ejecutará a través de una consulta popular.

Entre ellas está la cadena perpetua para los políticos y funcionarios públicos corruptos, quienes cometan fraudes fiscales, para jueces y fiscales que liberen a los corruptos, para los miembros del Consejo Nacional Electoral que hagan fraude, para los violadores de niños, para quienes cometan sicariato y femicidio.

Pero, actualmente, el Código Integral Penal impide que en Ecuador alguien pueda tener una pena de prisión superior a los 40 años.

Además, el expresidente Gutiérrez dijo que para evitar el testaferrismo, si los corruptos no devuelven el dinero robado en tres meses, también encarcelarán a su círculo familiar, tras una investigación previa.

Como erradicar la corrupción:
1) Cadena perpetua para políticos ladrones, jueces y fiscales corruptos, Consejeros que hagan fraude electoral, sicarios, violadores de niños, crímenes de femicidio
2) Ley de Justificación y Confiscación de bienes
3) Recuperar la plata robada pic.twitter.com/D0EUI3LWeE

— Lucio Gutiérrez (@LucioGutierrez3) September 11, 2020

El candidato presidencial de Avanza, Isidro Romero, plantea la pena de muerte para los asesinos y violadores. Aunque esto contradice expresamente el artículo 66 de la Constitución, que establece la inviolabilidad de la vida y manda que “no habrá pena de muerte”.

Mi más sentido pésame a la familia del @Elcholo_mendoza, un gran ser humano y mi amigo.

Hoy fue vilmente asesinado en #Quevedo.

En su memoria y en el de todas las víctimas de #Sicariato impulsaremos la #PenadeMuerte.

¡Te voy a extrañar cholo querido!#LaGenteAlPoder pic.twitter.com/Ie421pfuPH

— Isidro Romero Carbo (@isidroromero_c) December 22, 2020

Asimismo, el empresario guayaquileño ofrece cadena perpetua para los corruptos. Lo que contraviene el actual Código Integral Penal.

Y propone que los presos trabajen todo el día, jornadas de 11 horas, desde las 07:00 hasta las 18:00, así “no tendrán un minuto” para pensar en cometer nuevos crímenes.

Si bien el Código Integral Penal establece el trabajo como un eje fundamental de la rehabilitación social, dice que no será aflictivo ni como medida de corrección. Y manda que los presos tengan también tiempo para la educación, deporte, cultura, reinserción social y vinculación familiar. 

El candidato del roldosismo, Carlos Sagnay, también impulsa entre sus ofertas la de la cadena perpetua para los funcionarios corruptos. Pena que no es viable en el marco jurídico vigente ecuatoriano.

El candidato de Juntos Podemos, Paúl Carrasco, plantea también la cadena perpetua para los políticos de elección popular a los que se les demostró corrupción, pero añade que la misma pena correrán los funcionarios públicos que han sido coimados y las personas privadas que coiman.

El candidato de Unión Ecuatoriana, Giovanny Andrade, propone como medida de seguridad “sacar a las Fuerzas Armadas para que patrullen las calles, como era antes”.

Sin embargo, esto contradice la Constitución que establece que los militares se encargarán de proteger la soberanía y solamente la Policía se encargará de la protección interna y el orden público. 

El candidato del movimiento Amigo, Pedro Freile, propone organizar a los barrios para luchar contra la inseguridad y que puedan hacer un “uso racional de la fuerza”.

Sin embargo, esto contradice todas las normas sobre seguridad pública. Ya que la única que puede utilizar la fuerza para garantizar la seguridad interna y pública es la Policía y las Fuerzas Armadas en caso de excepción.

Al hablar de sus propuestas laborales, el candidato del movimiento Creo, Guillermo Lasso, mencionó el impulso a los pequeños emprendimientos, que pueden generarse a través de grandes proyectos estatales, como la construcción de ejes viales.

Y puso de ejemplo un emprendimiento familiar en el que la madre soltera cocine productos para que los hijos a su cargo puedan salir a venderlos en los campamentos de los trabajadores. Generando un “encadenamiento de inversión hasta la microempresa”.

Esto contradice el principio de la erradicación del trabajo infantil. Esta actividad está prohibida en la Constitución, para los menores de 15 años, y es una responsabilidad del Estado que ha sido señalada en foros internacionales por su incumplimiento.