Seis entidades bajo lupa y 17 sospechosos más en red de corrupción de asambleístas

Eliseo Azuero era quien tenía el poder político en esta institución. Así lo han asegurado Daniel Mendoza y René Tamayo, quien fue recomendado por el propio Azuero para dirigir esta entidad. 

Además, Azuero impulsó el nombramiento de Jorge Jalil como subdirector del Secob. Según los testimonios, Jalil coordinó la adjudicación de la obra del Hospital de Pedernales al Consorcio Manabí - Pedernales, cuyo representante es José Véliz, amigo cercano de Mendoza. 

Y la red también tenía a sus delegados en la Comisión Técnica que revisó las ofertas y recomendó la adjudicación. 

Entre Jalil, Juan Carlos Guerra, presidente del Colegio de Ingenieros de Manabí; José Véliz, representante del Consorcio; y Franklin Calderón, hombre de confianza de Mendoza; acordaron el reparto de sobornos por el 12% del total de la obra.

• 3% para Mendoza.
• 3% para Jalil.
• USD 90.000 para cada asambleísta del BADI.
• USD 180.000 para Eliseo Azuero.
• USD 80.000 para José Véliz. 

Además de la obra de Pedernales, Azuero y Mendoza también participaron en la adjudicación de la fiscalización del hospital de Bahía de Caráquez. En esa transacción recibieron USD 350.000 en coimas.

Tamayo también indicó que entregó cargos en el Secob a los legisladores Washington Paredes y Freddy Alarcón.

En la Asamblea Nacional, según Daniel Mendoza, era dónde se repartían los espacios políticos a cambio de votos para aprobar leyes, tratar juicios políticos y nombrar dignidades.

Por ejemplo, para apoyar la elección de César Litardo como presidente de la Asamblea, Azuero y los legisladores del BADI recibieron el Secob.

Antes y después de la reuniones de bloque donde se definía la agenda legislativa y las votaciones orgánicas se dialogaba sobre el reparto, dijo Mendoza.

El Ministerio de Gobierno, según Mendoza y Benavides, tenía una doble función en la red de corrupción.

Primero, sus funcionarios eran los que acordaban el reparto con los legisladores.

Cuando el titular de la Cartera era Paúl Granda, su asesor Paúl Bejarano estaba a cargo de esas coordinaciones. Y en la época de María Paula Romo esa responsabilidad recayó en Fausto Holguín. 

El Ministerio de Gobierno, además de esa coordinación, también otorgaba posibles cargos para el reparto, según Mendoza.

A él, por ejemplo, se le asignó un espacio en la Gobernación de Manabí por un voto de rechazo en un juicio político en contra de Romo.

Daniel Mendoza y Jean Carlos Benavides detallaron con lujo de detalles como operaba la red en la ANT.

Cada Dirección Regional, Provincial o Cantonal de la entidad se entregaba a un asambleísta o funcionario de Gobierno.

Así habría sido el reparto en Manabí.

• Chone: Ricardo Zambrano.
• Jipijapa: Primero, Teresa Benavides. Luego, Karla Cadena. Y, finalmente, a Andrés Madero cuando era Ministro de Trabajo.
• Bahía de Caráquez: Carlos Vera.
• El Carmen, Portoviejo y Manta: Daniel Mendoza.

Los asambleístas que recibían la cuota se encargaban de nombrar alguien de su confianza en la Dirección de la Agencia.

Esta persona cobraba entre USD 50 y 60 por cada trámite, que eran la obtención de licencias sin prueba o sin turno.

De ese dinero, entre USD 30 y 40 llegaba a los legisladores. Es decir, un promedio diario de USD 2.500.

Según Mendoza, el reparto de las agencias de la ANT empezó apenas iniciado el Gobierno. Incluso dijo que se las ofrecieron cuando Paúl Granda era ministro de Transporte.

Jean Carlos Benavides, asesor de Mendoza, indicó que parte del dinero que se incautó en su arresto también respondía al pago anticipado de insumos médicos de los Hospitales de Bahía y Portoviejo.

Según Mendoza, en medio de las coordinaciones con el Gobierno, los legisladores recomendaban nombres para las gerencias de las casas de salud.

Los asambleístas proponían a personas cercanas a las empresas proveedoras de insumos médicos. Eso les significaba un rédito económico periódico.