La Asamblea deberá analizar, en los próximos 30 días, los cambios del Ejecutivo al 99% de la ley aprobada. Los temas más polémicos del veto son los requisitos y la unificación en 12 semanas del límite para poder interrumpir un embarazo.
El veto del Ejecutivo a la Ley para la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación causa división en la Asamblea. La propuesta llegó al Legislativo el miércoles 16 de marzo de 2022, y los legisladores tendrán 30 días para decidir si se allanan al veto o se ratifican en lo originalmente aprobado.
El veto del Ejecutivo afecta al 99% de la ley aprobada por la Asamblea el pasado 17 de febrero. Cambia desde el título de la ley, hasta los nombres de los títulos en los que se separó cada sección.
En total, incluye 61 objeciones a una ley que tiene 63 artículos. Por lo que Alejandro Jaramillo, presidente de la Comisión de Justicia, considera que es una burla al trabajo de esa mesa legislativa.
El principal cambio introducido en el veto es que ya no habla del aborto en casos de violación como un derecho. En cambio, habla de regulaciones y restricciones.
El texto pasará a la Comisión de Justicia, que tramitó la ley, para que emita un informe no vinculante sobre el veto. Este documento debe recomendar a los 137 asambleístas qué observaciones deberían acogerse, y cuáles rechazarse.
Pero, para que la Asamblea se ratifique en los textos aprobados, se necesita al menos 91 votos. Este es un escenario muy complejo, pues los 75 votos para aprobar la ley ya fueron muy difíciles de conseguir.
Si no se alcanzan los votos para allanarse o ratificarse, el veto entrará en vigencia tal cual fue propuesto por Lasso.
Críticas de ambos lados
Desde el sector más conservador de la Asamblea, las críticas apuntan a que el veto fue muy "tibio". Ese es el criterio de Esteban Torres, jefe de la bancada PSC, quien asegura que hubiera preferido un veto total, que impedía a la Asamblea volver a tratar el tema en un año.
Del otro lado, están las críticas a las objeciones por ser muy extremas. Johanna Moreira (ID), ponente del informe, aseguró que el veto es "incongruente, revictimizante e inhumano".
La legisladora señaló que va a trabajar en conseguir los votos para la ratificación, aunque será complicado. "La Asamblea debe comprender que el proyecto aprobado en febrero es mucho mejor a lo que el Presidente pretende incorporar", añadió Moreira.
Los dos puntos más polémicos son las semanas límite para acceder al aborto en casos de violación, y los requisitos. El veto establece un plazo hasta de 12 semanas para toda niña, adolescente o mujer que desee interrumpir su embarazo tras una violación.
Además, crea requisitos que se deberán cumplir -al menos uno- para la práctica del aborto:
- Que la víctima o quien haya conocido del hecho haya presentado una denuncia para la investigación del delito de violación.
- Que la víctima suscriba una declaración juramentada. En el caso de menores de edad, esta puede ser suscrita por su representante legal.
- Que se practique un examen de salud en el cual, bajo juramento, un médico certifique que hay indicios de una violación.
Aún no hay los votos
Todas las bancadas se dividieron en la votación del 17 de febrero, en la que la ley logró pasar gracias a las negociaciones alrededor de las semanas límite. Con esto, se logró los 75 votos que permitieron la aprobación de la propuesta.
Ahora, las conversaciones dentro y entre las bancadas deberán retormarse.
Unión por la Esperanza (UNES), por ejemplo, buscará que al menos la mayor parte de sus asambleístas voten por la ratificación. Jahaira Urresta aseguró que están recibiendo capacitaciones sobre derechos de las mujeres.
"Nosotros no votamos por nuestras formas particulares de ver la vida. UNES es una bancada progresista, por lo que estamos en el estudio permanente de una causa tan justa", agregó Urresta.
En la Izquierda Democrática (ID), también hay diálogos internos, aunque esta bancada enfrenta una fuerte división interna. Ese bloque había tomado la decisión de votar a favor de la ley para el aborto en casos de violación, pero dos asambleístas se fueron por la abstención y uno votó en contra.
Ahora, para la votación sobre el veto, la ID espera tener una posición orgánica.
En el Partido Social Cristinao (PSC), igual que en el segundo debate, cada asambleísta tendrá la libertad de votar de acuerdo a su criterio. Mientras que en Pachakutik, el tema aún no entra en análisis.
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