Judicatura considera una "emergencia" la situación de la Corte de Guayas, tras caso Purga
La Sala Penal de la Corte de Justicia del Guayas quedó con apenas cinco jueces, tras la detención de algunos de sus integrantes.
Álvaro Román, presidente del Consejo de la Judicatura, dijo que se trabaja en un concurso para designar jueces en el que tendrán prioridad provincias como Guayas y Esmeraldas.
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El Consejo de la Judicatura (CJ) toma como una "emergencia" lo que está pasando en la Corte de Justicia de Guayas en la que siete de sus jueces son procesados en el caso Purga que lleva adelante la Fiscalía General del Estado.
El presidente de la Judicatura, Álvaro Román, informó, el 6 de marzo de 2024, que en la Sala de lo Penal de esa dependencia judicial quedan apenas cinco jueces y la intención es que tres jueces anticorrupción puedan ser nombrados como temporales en Penal. Siempre y cuando acepten.
"Estamos en un proceso interno para llenar vacantes de 96 jueces, pero vamos a dar prioridad a Esmeraldas, Guayas y las provincias que tienen esta emergencia y esta crisis", manifestó Román.
Los jueces de Guayas que son investigados por supuesta delincuencia organizada en el caso Purga son:
- Fabiola Gallardo Ramia
- Johan Marfetán Medina
- Reinaldo Cevallos Cercado
- Henry Taylor Terán
- Guillermo Valarezo Coello
- Alberto Lino Tumbaco
- Nelson Ponce Murillo
"Las presiones eran vox populi"
Al presidente de la Judicatura, Álvaro Román, le "preocupa" que exfuncionarios de esa entidad digan ahora que eran conocidas las presiones que supuestamente ejercía el exasambleísta del Partido Social Cristiano, Pablo Muentes, sobre la justicia en Guayas.
"Si sabían eso, debieron haber denunciado", señaló Román, que acudió este 6 de marzo ante la Comisión de Justicia de la Asamblea.
El presidente de la Judicatura dijo que, para evitar este tipo de situaciones, se está llevando adelante una reestructuración y corrección de procedimientos, nombrando a directores provinciales de la Judicatura "sin afinidad política, sino técnica".
Los funcionarios investigados
La falta de parámetros en el Código de la Función Judicial para sancionar -en etapas iniciales- a funcionarios cuyas conductas son observadas por la justicia, hace que estos no puedan ser removidos de sus cargos pese a tener prisión preventiva, como es el caso de la mayoría de procesados en el caso Purga.
Román explicó que se irá evaluando la situación jurídica de cada uno de los investigados por la Fiscalía para poder establecer si se les abre o no sumarios administrativos.
"Ellos tienen prisión preventiva y eso hay que valorar. Pero, para que pueda haber una inhabilidad, ellos tienen que ser llamados a juicio", dijo el presidente de la Judicatura.
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