Un reportaje de El País asegura que los funcionarios dicen a los presos que las muestras ayudan a su identificación en caso de muerte violenta.
Por Juan Diego Quesada y Carolina Mella, de El País
El Gobierno del presidente Daniel Noboa estaría creando una base de perfiles genéticos de los presos en Ecuador. Según tres fuentes oficiales a las que ha tenido acceso diario El País de España, los procedimientos para obtener los datos en las cárceles son opacos.
Según la nota, los funcionarios que llevan a cabo esta tarea les explican a los internos que estas muestras de ADN que irán a parar a un banco estatal de información les ayudará a ser identificados en el caso de que se produjera una matanza, algo que ocurre habitualmente en las prisiones del país, o que alguien suplantara su identidad.
La instrucción es convencerles de que no consulten con su abogado y que crean que el procedimiento forma parte de la rutina carcelaria. Lo que les estarían ocultando es que tienen derecho por ley a negarse a que le tomen las muestras y que esa información genética sirva para implicarles en crímenes que cometieron en el pasado o que vayan a perpetrar en el futuro. Realizar este procedimiento es obligatorio para los toxicólogos, antropólogos, químicos forenses y psicólogos forenses.
De acuerdo a El País, el Gobierno ha aprovechado la circunstancia del control militar de las cárceles para comenzar a hacer el registro genético. Los forenses han recibido en las últimas semanas instructivos de cómo realizar un hisopado bucal.
En la cárcel de Cotopaxi, de 4.346 internos solo cuatro se han negado a someterse a la prueba. En Riobamba, toda la población carcelaria acabó registrada. “No les deben leer los consentimientos a los PPL (personas privadas de libertad), ellos ni los entienden”, son las instrucciones que han recibido los forenses, según tres fuentes distintas.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) no respondió a las preguntas que le ha hecho El País sobre este tema.
El ADN puede ayudar a identificar a los presos en el caso de que sean asesinados en motines, que en Ecuador son de una violencia insólita: decapitaciones a cuchillo, desmembramientos, quema de cadáveres. Pero, según El País, los presos ignoran que esos registros pueden servir para involucrarlos en crímenes que vayan a cometer en el futuro o que ya hayan perpetrado en el pasado.
Por ejemplo, un preso condenado por homicidio que preste su material genético podría coincidir con las muestras que se recogieron en un caso de violación. Una muestra del perfil genético solo la puede pedir una jueza o una fiscal.
De acuerdo al medio español, el porcentaje de gente que accede a facilitar esta información es muy bajo en casos que se dirimen en los juzgados, por lo que resulta extraño que el Gobierno haya convencido a prácticamente toda la población carcelaria.
El País describe el testimonio de una fuente que presenció este 15 de marzo la toma de muestras en la prisión regional de Guayaquil. Ahí, un policía recibía a los presos y les informaba de que debían rellenar un formulario, sin explicarles nada más.
A continuación pasaban a una mesa donde les asignaban un código y les tomaban una fotografía. Después eran conducidos a otro lugar en el que uno policías introducían sus datos en un computador, a lo que seguía un hisopado que un perito se encargaba de almacenar para respetar la cadena de custodia.
Ninguno de ellos puso ninguna objeción y al que preguntaba se le decía que eran huellas digitales necesarias para identificarles en algún momento. “¿O sea, por si acaso nos desmiembran?”, dijo más de uno. Les contestaban que sí y continuaba el procedimiento.
El Comité Permanente de Derechos Humanos, CDH, que monitorea la situación de las cárceles, no conocía esta información. “Se estaría violando el derecho a la salud, esos datos sensibles deben estar bajo absoluta reserva y ser consentida, y proporcionada de forma voluntaria”, dice Billy Navarrete, su director.
“La persona debería estar acompañada o por lo menos asesorada de su representante legal”, añade Navarrete, citado por El País. “El Ministerio de Salud Pública es la única entidad que debería garantizar de forma ética el acceso a esa información altamente sensible, aquí no cabe otra delegación”, insiste.
Evitar otro 'Patrón'
El Gobierno quiere evitar también casos como el del criminal Leandro Norero, alias 'El Patrón', que reveló la incompetencia de las autoridades. En 2020, Norero, uno de los capos más importantes del narcotráfico, aprovechó la pandemia de la covid-19 para declarar su muerte a causa del virus. Así evadió a las autoridades de Perú, donde tenía una causa abierta.
La próxima vez que se le localizó, con vida, fue en una mansión en Samborondón. Se le encarceló de nuevo y en de octubre de 2022, en el pabellón de mediana seguridad de Cotopaxi, murió por segunda vez.
'El Patrón' cayó en una emboscada que organizó la banda criminal los Lobos, que eran sus aliados y socios de negocios, y que mantienen el dominio del reclusorio. En teoría, fue desmembrado y después incineraron parte de su cadáver.
Sin embargo, la policía sospecha que se trataba de otra artimaña. La identificación se hizo con un estudio antropológico forense ―descripciones de los familiares, tatuajes, cicatrices― y no uno de perfil genético, porque no se tenía. Sin ese perfil biológico no se puede asegurar al cien por cien que el criminal haya muerto.
Los cambios de identidad con cirugías plásticas y fingir entierros son trucos habituales de los capos de la droga.
Artículo publicado el 16 de marzo de 2024 en El País, de PRISA MEDIA. Lea el contenido completo aquí. PRIMICIAS reproduce este contenido con autorización de PRISA MEDIA.
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