Según el registro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Ecuador tiene pendientes 10 sentencias de manera parcial y una íntegra.
Luego de 18 años de espera, el 14 de agosto de 2020, la Corte IDH sentenció a Ecuador como responsable de la violencia sexual sufrida por Paola Guzmán en el sistema educativo fiscal.
Cuando tenía 14 años, la niña fue abusada sexualmente por el vicerrector de la institución educativa a la que asistía. El hecho devino en su suicidio en 2002.
El fallo de la Corte incluye el pago de una indemnización y la aplicación de otras medidas administrativas como la capacitación al personal del servicio educativo.
Según el ordenamiento jurídico ecuatoriano, la Secretaria de Derechos Humanos es la encargada de velar el cumplimiento de estas sentencias. Antes lo hacía el Ministerio de Justicia.
Sentencias pendientes
En los archivos oficiales de la Corte IDH, que PRIMICIAS revisó, se detallan las 11 sentencias que Ecuador tiene pendientes de cumplir, de manera parcial o total.
A continuación la síntesis de cada caso:
PRIMICIAS consultó a la Secretaría de Derechos Humanos sobre las sentencias pendientes. Pero no hubo una respuesta oficial.
Más casos a la fila
Además de los casos con sentencias pendientes que cumplir, Ecuador tiene que asumir los costos de la defensa y eventuales sentencias de otros procesos. Hay casos que están en análisis de la Comisión Interamericana y que, eventualmente, pueden llegar a la Corte.
Entre los más sonados está el secuestro y posterior asesinato en cautiverio del equipo periodístico de Diario El Comercio, a manos de un grupo disidente de las FARC en la frontera entre Colombia y Ecuador.
También hay otros con tinte político. E 2019, la Comisión otorgó medidas cautelares a favor del exvicepresidente Jorge Glas, la prefecta Paola Pabón y el exasambleísta Virgilio Hernández, figuras políticas del correísmo. Sus abogados defensores denuncian violaciones en sus detenciones.
En esos procesos, la Procuraduría General, en representación del país, puede seguir juicios de repetición en contra de los funcionarios que fueron responsables directos de las violaciones de derechos humanos, de manera que se recuperen las indemnizaciones pagadas.
Sin embargo, el proceso es largo y poco efectivo. Una de las principales razones es que en el país no existe un marco legal específico para instrumentalizar las repeticiones.
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