El exasambleísta del PSC, Pablo Muentes, vinculado a un caso de delincuencia organizada, utilizaba demandas y amenazas legales para intimidar y tratar de silenciar a periodistas. El control de jueces le garantizaban fallos a su favor.
La táctica consistía en forzar rectificaciones y disculpas públicas de los medios que osaban informar de forma crítica sobre las opacas operaciones del exasambleísta socialcristiano, Pablo Muentes, principal implicado en el caso Purga. El siguiente paso era el juicio por calumnia.
Así describen el modus operandi del exlegislador los periodistas Martín Pallares y Guillermo Lizarzaburo, quienes enfrentaron “amedrentamiento sistemático” tras informar sobre los manejos de Pablo Muentes en materia judicial o de tráfico de tierras.
El control de jueces a través de los presidentes de la Corte Provincial de Justicia de Guayas le garantizó a Muentes fallos favorables, según la acusación de la Fiscalía en el caso Purga, en una trama de corrupción política-judicial y de infiltración narco.
Ese nivel de influencia judicial se usó también como asedio a la libertad de prensa.
Pallares, cofundador del portal 4Pelagatos, recuerda cómo el exasambleísta le envió una carta con un pedido de rectificación y de disculpas públicas a su casa, tras la publicación, en mayo de 2023, del artículo Pablo Muentes ganó así 4 millones.
“No sé cómo averiguó mi dirección y envió un carro lleno de gente a entregarme la carta. Yo no quise salir porque no me sentía seguro. Había gente esperando para tomarse fotos incluso. Ese coche estuvo parqueado frente a mi casa por más de dos horas”, contó Pallares.
El caso Banco del Pacífico
El artículo recogía la forma cómo Muentes y su esposa se beneficiaron en un fallo contra el Banco del Pacífico. El proceso incluyó una compensación por USD 3,9 millones tras la controvertida decisión de un juez, vinculado ahora también a la trama de corrupción.
El juez Reinaldo Cevallos ignoró pericias técnicas sobre la falsificación de recibos de pago de una deuda de los esposos Muentes Alvarado (USD 300.000, en 1999), dio la razón a la pareja y ordenó la millonaria compensación, refirió la fiscal Diana Salazar en alegatos del caso Purga.
Días después, Cevallos se convertía en juez de la Corte de Guayas. De hecho, el banco apeló la sentencia, pero los jueces Alberto Lino Tumbaco y Nelson Ponce Murillo ratificaron la decisión de primera instancia. Ambos son investigados también en la purga judicial.
Según los chats presentados por la fiscal Salazar, tanto la presidenta de la Corte Provincial de Justicia, Fabiola Gallardo como su directora de comunicación, Mayra Salazar, intervinieron para lograr fallos favorables para el exlegislador y su esposa.
Mientras que el Banco del Pacífico se acogió a una acción extraordinaria de protección para evitar cancelar a Muentes los casi USD 4 millones.
“Como Muentes tenía el control de los jueces, interponía las demandas contra periodistas, porque sabía que iba a ganar y así lograba atemorizar a la prensa. Esa era su estrategia”.
Martín Pallares, periodista.
Pallares informó que, tras el pedido de rectificación por el caso, lo que hicieron en el portal fue ampliar la información, sin retractarse de lo publicado ni ofrecer disculpas, pues solo habían recogido lo que estaba en el proceso, dijo.
Pero ya entonces se comenzó a desnudar el nivel de influencia en la justicia de Guayas que tenía el asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), entre 2021 y 2023. Antes operó como asesor del líder del partido, el exalcalde Jaime Nebot, en el Municipio de Guayaquil.
El Repartidor está preso
— borisvian1🇪🇨🇺🇦 (@shababaty) March 4, 2024
El caricaturista sigue denunciando a Narcos y Corruptos
caricatura de @bonilcaricatura del 3 de Septiembre2023 pic.twitter.com/cUcM7jlWpp
El “repartidor” de demandas
Los casos de asedio al periodismo son múltiples. El portal EcuadorPlay, por ejemplo, se vio obligado a rectificar, a ofrecer disculpas públicas a Pablo Muentes y a remover dos publicaciones alusivas a él, el 19 de enero de 2023.
Y el propio PSC cuestionó en un comunicado al caricaturista Xavier Bonilla (Bonil) por una caricatura sobre Muentes, del 3 de septiembre de 2023, titulada El Repartidor. En ella se presentaba al exasambleísta como un repartidor de juicios.
El PSC defendió que en los juicios contra los periodistas Cristian Zurita y Guillermo Lizarzaburo, Muentes tenía el “derecho de defender su honor personal, que pretendieron afectar, sin fundamento alguno”. Pero ahora el PSC se desmarca de esa figura incómoda.
Zurita, excandidato presidencial por Construye, fue notificado el mes pasado de un juicio por declaraciones sobre el asesinato de Fernando Villavicencio, quien en su momento apuntó a Muentes y a cuatro asambleístas del correísmo de un supuesto complot para atentar contra su vida.
@MuentesPablo Con fecha 15/12/22, subimos una información errada y una rectificación el día 07/01/23. Ambas publicaciones han sido removidas de este sitio por ser información errónea, ante lo cual ofrecemos las respectivas disculpas públicas al asambleísta Pablo Muentes A. pic.twitter.com/D9R4MwcTcd
— Ecuadorplay (@EcuadorPlay) January 19, 2023
El exlegislador también logró en primera instancia una sentencia de dos años de prisión por calumnia y el pago de USD 80.000 contra Guillermo Lizarzaburo, periodista y director del medio Guayaquil News, y contra el empresario Juan Pablo Paz.
La sentencia se emitió 11 de mayo de 2023. Pablo Muentes inició el proceso basado en tuits de las cuentas @ecuadorguille @juanpablo74 y @juridicoes-ec, que, según la denuncia, afectaron a su “reputación online”.
Según la demanda, en esas cuentas se emitieron en reiteradas ocasiones “falsas imputaciones” de delitos como robo, extorsión, delincuencia organizada, asociación ilícita, delitos de ocupación ilegal de suelo, estafa e insolvencia fraudulenta.
El exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes, en el Pleno de la Asamblea. AN
Casos de apropiación de tierras
Guillermo Lizarzarburo señala que la cuenta de X @ecuadorguille ni siquiera era suya. Además, nunca se les notificó de la demanda, lo que impidió ejercer su defensa.
Un tribunal de la Corte Provincial revisó la sentencia del juez Carlos Lopez Vulgarín y ratificó la condena, con un voto salvado. “Presumimos que se trata de jueces promovidos por Muentes y que estas decisiones fueron motivadas por sus influencias”, aseguró Lizarzaburo.
La Corte Nacional conoció la apelación y declaró el proceso inválido, devolviendo el caso a foja cero.
Pero Lizarzaburo cree que lo que realmente quería parar el operador de la trama de corrupción judicial eran los artículos de Guayaquil News sobre el tráfico de tierras y la apropiación ilegal de terrenos en Durán y General Villamil Playas, en Guayas.
Se trata de casos de presunta apropiación indebida o robo de terrenos en los que están involucrados Muentes y su primo, el empresario Fausto Alarcón, también detenido e investigado en el caso Purga.
“Me cerraron cuatro cuentas en X, intentaron cerrar mi portal. Me bloquearon Guayaquil News varias veces y tuve que contratar a alguien en seguridad informática”.
Guillermo Lizarzaburo, periodista.
El periodista cuenta que Mayra Salazar, operadora de la red de corrupción, enviaba boletines de prensa en su contra a los medios. También cree que la red orquestó campañas de desprestigio en redes, de acuerdo a un audio divulgado ahora por la Fiscalía.
Martín Pallares dice que Pablo Muentes es al PSC lo que Ronny Aleaga (alias 'Ruso') representa al correísmo y en ambos casos “tenían la confianza de los líderes de los dos partidos”.
“Se trata de personas vinculadas con mafias del narcotráfico o de la justicia, que a la vez fueron operadores políticos importantes en la Asamblea”, señaló.
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