Todos están hablando de la crisis eléctrica, pero no descuidemos la crisis anunciada de la seguridad social. Augusto de la Torre, quien lideró la Comisión para la Reforma del Sistema de Pensiones en 2023, sostiene que, en un futuro no tan lejano, dos o tres años más, el seguro social ya no tendrá suficientes fondos para pagar las pensiones a los jubilados.

Para 2026, el IESS espera recibir un ingreso de USD 3.437 millones en aportes de los afiliados, mientras que espera gastar USD 7.552 millones en el pago de pensiones a los jubilados. Esto constituye una brecha de USD 4.115 millones. El fisco le aportará USD 2.684 millones y el IESS desinvertirá USD 1.407 millones del fondo de pensiones. Esta desinversión es una de las principales señales de fracaso por parte de una institución que, en lugar de comerse el ahorro de los afiliados, debería velar por que crezca.

Otra señal de fracaso es la venta de activos del IESS. De la Torre sostuvo que esta por sí sola “es un reconocimiento de que hay un hueco en el sistema de salud y de pensiones. La venta de activos te ayuda a solucionar temporalmente el problema de caja para cubrir gastos de jubilaciones o gastos de salud, pero el problema es que esa necesidad se va a volver a manifestar el próximo año”. Si este año faltan USD 4.115 millones, el próximo se espera que falten USD 4.300 millones.

El problema del IESS es estructural. Este no se resolverá simplemente aumentando los afiliados o, incluso, aumentando la edad de jubilación y/o el monto de los aportes. Hay varias fallas de diseño.

• La agonía del IESS, la tumba de los jubilados

Los sistemas de reparto como el IESS no incentivan el ahorro porque, en gran medida, se ha roto el vínculo entre lo que se aporta y lo que se recibe. La comisión estimó en 2023 que un ecuatoriano que se jubila a los 65 años y vive hasta los 85 puede recibir entre cinco y ocho veces lo que contribuyó al sistema. Además, es un sistema que depende de un subsidio sumamente regresivo: el aporte estatal va en mayor medida a subsidiar las pensiones de los afiliados con ingresos más altos.

Otro factor en contra es la demografía. El envejecimiento de la población es una tendencia a nivel mundial de la cual Ecuador no se libra. Por un lado, los ecuatorianos viven cada vez más años, por ende, cobrando más años de pensiones. Por otro lado, los ecuatorianos tienen en promedio cada vez menos hijos; entonces, cada vez habrá menos personas en edad de trabajar para financiar cada vez más jubilados que viven cada vez más años. De hecho, entre 1960 y 2024, la expectativa de vida del ecuatoriano promedio pasó de 53 años a 77 y la fertilidad promedio de las mujeres en el país pasó de 6,7 a 1,79 durante el mismo periodo. Ya nos encontramos por debajo de la tasa de reemplazo de la población, estimada en 2,1 hijos por mujer.

Convendría que el gobierno actual rescatara algunas de las recomendaciones de la Comisión de 2023. Respecto del subsidio estatal de las pensiones, la Comisión propuso limitarlo a un 3% del PIB. El subsidio a las pensiones es el más costoso en el Presupuesto General del Estado (PGE) y no es justo que esto se destine a una minoría, incluso amenazando la sostenibilidad fiscal del Estado.

• El Seguro Social y la rebelión de los jubilados

La Comisión también propuso aumentar el número de años para promediar el valor de la pensión. Actualmente, se calcula con base en los cinco mejores años y proponen avanzar gradualmente hasta llegar a 25 o 30 años. Además, la Comisión propuso de manera acertada que el trabajador pueda elegir la entidad financiera que gestione la mitad de su aporte al Fondo de Reserva.

Según las proyecciones de la misma Comisión, incluso si se implementaran estas reformas, el sistema continuará siendo deficitario. No obstante, limitar el subsidio estatal sería un importante paso —de muchos otros— en la dirección correcta.

Una verdadera reforma sería permitirles a los trabajadores capitalizar sus ahorros. Si tuvieran libertad para elegir en qué se invierten sus ahorros, no estaría 48% del ahorro de los trabajadores invertido en bonos del Estado (con cierre a 2024). Mientras el ahorro de los trabajadores siga estando en manos de los políticos, estos siempre encontrarán en qué gastar el dinero de otros de manera alegre—la deuda acumulada del Estado con el IESS con corte a mayo de 2025 es de USD 27.389 millones, según el IESS. Ojalá no nos pase como con la luz…