En esta crisis eléctrica corren dos relojes que no marcan la misma hora. El legal vence el 15 de diciembre, fecha en que las empresas de alto voltaje (AV1 y AV2) debían estar autoabastecidas. 

Instalar nueva generación térmica toma al menos seis meses y cuesta desde USD 500.000 por MW; un pedido de equipos de generación de hoy llegaría en abril, 16 semanas después del plazo, y para cumplir había que ordenar hacia junio. El reloj físico lo marca el embalse de Mazar: entre el 7 de septiembre y el 7 de octubre bajó de 2.145 a 2.131 metros, a unos 17 de la cota crítica de 2.115, y el estiaje se prolonga hasta marzo.

El equipo llegará tarde para este estiaje, pero a tiempo para el siguiente, porque la brecha viene desde hace años. El Estado tampoco llegó a tiempo: prometió 920 MW térmicos para este año y en agosto reconoció que sumaría 50. Y Colombia, que ayudaba, suspendió su flujo comercial a inicios de septiembre.

Esta es la tercera semana de cortes para las industrias de alto consumo, ahora en bloques de hasta 48 horas. El 5 de octubre el Gobierno anunció que elimina el IVA y el ISD (20% en conjunto) a la importación de equipos de generación y almacenamiento de proyectos privados. Si el alcance resulta ser hidroeléctrico y de almacenamiento, el beneficio es para 2027 y no enciende un horno en diciembre.

De las 185 empresas de AV1, más de 130 no tienen autogeneración completa. En agosto el presidente Noboa dijo que a quien no la tenga "se los desconecta"; el Gobierno prepara además una alternativa cara: electricidad de barcazas.

Entiendo la lógica que durante un año esperar fue una decisión racional: la red costaba unos 12 centavos por kWh y generar con diésel, entre 38 y 44; el equipo pagaba 20% en impuestos; y el permiso tomaba hasta 12 meses (el Gobierno dice que ahora son tres; los industriales hablan de seis a 24).

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Con esas cuentas, la suma de decisiones prudentes y lógicas de cada empresa fue una obra que nadie construyó.

Ahora la cuenta es explícita. Desde el 1 de octubre rige para AV1 y AV2 una tarifa media de 30 y 29 centavos, 2,5 veces la anterior, es decir, unos USD 130.000 más al mes por cada MW de carga continua. Arconel, el regulador, busca recuperar USD 263,8 millones entre octubre y diciembre; USD 160,4 millones de ese total son, textualmente, para "generación prioritaria emergente".

El generador propio, en cambio, no compite con Mazar sino con la producción que no se recupera. En el caso del atún o camarón, por ejemplo, una cámara de frío no espera a que termine el bloque.

La solución de Adelca, en AV2, combina un puente de hasta 15 MW a diésel, parte de su palanquilla importada (menos valor agregado nacional) y una hidroeléctrica de 48,5 MW (más de USD 100 millones) cuyas obras prevé iniciar este mes. Fruta del Norte firmó el 8 de junio un contrato por unos 20 MW con una hidroeléctrica privada que, según informó entonces, prevé entrar este semestre.

Para quien está en alto voltaje, la pregunta de esta semana no es cuántos megavatios faltan sino qué carga se puede perder: la recuperable, la perecedera o la crítica.

Entonces, conviene comparar lo que cuesta una hora parada con una hora de respaldo, confirmar si la exención cubre su caso, asegurar diésel para 72 horas y no para 48, y tramitar hoy la traída de equipos.

Para las cerca de 8.900 empresas de mediano voltaje, que son 98 de cada 100 afectadas, el problema es distinto. Su tarifa no cambió y tampoco les rige el plazo del 15 de diciembre. Lo que pierden son horas.

Desde el 2 de octubre las distribuidoras notifican bloques de 48 horas, agrupados por zona, con cronograma para dos semanas. Es un avance: el 30 de septiembre unas 316 empresas de Cotopaxi se enteraron a las seis de la tarde de que debían desconectarse al día siguiente. Pero el plan inicial es de 15 días y nadie sabe qué viene después.

Hay tres medidas baratas:

• confirmar con la distribuidora el correo donde llegan los avisos,
• concentrar fuera del bloque lo que no puede detenerse y
• cotizar el arriendo de respaldo por semanas, en lugar de comprar un equipo que llegaría en abril.

Al Estado le toca lo que solo él puede dar: decir antes de diciembre si quien no llegue al plazo enfrenta desconexión o tarifa de barcazas, y aclarar el alcance exacto de la exención.

Una regla conocida a tiempo vale más que una amenaza que se descubre en el corte.

Para el directorio, la diferencia entre diciembre y abril es un asunto de caja y de clientes, y se decide hoy.

* Todos los datos al cierre del 8 de octubre de 2026.