El pésimo negocio del silencio

¿Qué tan acostumbrado al servilismo tiene que estar un país para que un llamado a defender la libertad de expresión sea considerado un discurso casi atentatorio al empresariado?

La salida de María Paz Jervis de la presidencia ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), apenas cuatro días después de pronunciar un discurso en el que alertó el riesgo para las libertades en Ecuador, dejó al descubierto una nueva fractura incómoda: la de un sector empresarial que parece considerar que lo que pasa lejos de su burbuja de negocios, nada tiene que ver con ellos.

Persiste en cierta élite corporativa la idea miope de que los gremios existen exclusivamente para negociar rebajas arancelarias, pedir flexibilización laboral y aplaudir al mandatario de turno a cambio de medidas que los beneficien.

Es legítimo, por supuesto, que una cámara defienda los intereses económicos de sus afiliados; para eso fue creada. Lo que resulta insostenible, incomprensible y casi suicida, es pretender que una empresa puede prosperar al margen de que un país se hunda en el autoritarismo.

¿De verdad creen que un negocio es viable a largo plazo cuando los periodistas son perseguidos, los medios asfixiados, la sociedad civil amedrentada y los contrapesos desmantelados?

Tratar la defensa de la democracia como un asunto accesorio, un lujo que le pertenece a los activistas o una batalla ajena a sus propios intereses es una demostración de la desconexión que cierto empresariado tiene con el país y con la cotidianidad que enfrenta la mayoría de la gente.

Esa desconexión es el síntoma de una élite convencida de que basta con ocuparse de su metro cuadrado y tomar distancia de las enormes alertas a la democracia, es suficiente para mantenerse a salvo de la tormenta. Pero no hay muralla que aguante el derrumbe del suelo institucional.

Al contrario, si no hay garantías para la libertad de expresión y prensa, ¿qué les hace pensar que sí las hay para la libertad de empresa?

El caso del diario Expreso, que Jervis citó en su discurso, debería haber sido ya una alerta lo suficientemente inquietante del riesgo de que un estado cooptado por el poder político se salte todas las reglas para controlar lo que quiere controlar.

Suena, además, contradictorio, que parte de los cuestionamientos hechos a Jervis sean que ha tomado una postura política. En efecto, expresar públicamente sus preocupaciones por el estado de las libertades y la democracia en Ecuador, es una postura política. Como lo es, tomarse fotos con ministros, asistir a un evento privado del Presidente o no hacerlo.

Y tomarla es inherente a la condición humana y propio de la representación gremial. Ya ha ocurrido en otros gobiernos. Entonces, muchos de los empresarios que hoy actúan escandalizados por la osadía de Jervis de pedir “valentía” para involucrarse más activamente en cuidar la democracia, no mostraron incomodidad cuando, en 2012, durante el gobierno de Rafael Correa, la Cámara de Comercio de Quito puso una lona en el edificio, en la que se leía: “Sin libertad y justicia, no hay democracia”.

¿Será que los principios son maleables según el apellido, el círculo social o las simpatías ideológicas de quien ocupe la Presidencia de la República?

Hay quienes piensan —y exigen— que un gremio exista únicamente para “defender sus intereses”. Es legítimo que lo haga, pero es insuficiente. Jervis decía en su discurso que nunca había visto a un sector empresarial con tanto miedo. Y se entiende, el poder aquel que se enemista con tanta ligereza, ya ha demostrado que es capaz de usar toda la fuerza del Estado para aplastar a quien lo incomode. Y es precisamente con su silencio que ayudan a construir los cimientos del autoritarismo.

El discurso de Jervis, en lugar de ofender, debería interpelar, sacudir y movilizar a un sector que parece dormido y sobre el que vale también preguntarse, ¿realmente es el miedo el que los impide emprender una defensa acérrima de la democracia o es, simplemente un cómodo y mezquino acomodo?

Porque resulta sumamente conveniente dejar que los periodistas, los activistas y los defensores de derecho asuman los riesgos y que las voces críticas carguen con el hostigamiento y las amenazas para contener los abusos del poder, mientras el mundo corporativo sigue, acomodado, en silencio.

Es un cálculo perverso: delegar en otros la defensa de un Estado de derecho del que todos nos beneficiamos — incluidos los empresarios — y abandonarlos en cuanto son atacados por el poder.

Si la dirigencia empresarial solo se activa cuando tocan sus impuestos o las leyes relacionadas a su labor, pero guarda silencio cómplice cuando derriban a la prensa, no está protegiendo a la empresa: está cavando su propia indefensión.

El día en que el autoritarismo que se va implantando de a poco decida tocar sus intereses —porque ese día llegará—  no quedará una sola voz crítica, un solo medio robusto o un solo periodista libre al que pedir auxilio.

Por donde se lo mire, renunciar a la defensa de las libertades para comprar unos meses más de aparente calma personal —o empresarial— es un pésimo negocio. Ninguna inversión es segura en un país sin las garantías que ofrece la democracia: separación de poderes, elecciones transparentes, prensa libre.

Si la estabilidad democrática depende del humor matutino de un autócrata, ningún capital sobrevive.

Quien crea que puede pactar —incluso momentáneamente— con la arbitrariedad para salvar su margen de ganancia solo está acumulando razones para ser devorado al final.

El Estado de derecho nunca ha sido un estorbo para la rentabilidad, al contrario, es la única garantía de que mañana la propiedad privada siga existiendo.

Entonces, ¿serán capaces de reaccionar o, en efecto, elegirán el silencio cómplice que Jervis —seguramente en nombre de muchos empresarios honestos— ya rechazó?