Bases militares: Corren los 20 días para que la Corte Constitucional se pronuncie sobre reforma a la Constitución

En medio de la vorágine de reformas parciales a la Constitución planteadas por el presidente Daniel Noboa, la que trata sobre las bases militares extranjeras está cada vez más cerca de llegar a las urnas. El 29 de julio la jueza Alejandra Cárdenas avocó conocimiento del proceso.

A partir de ese día, de acuerdo con la Ley de Garantías Jurisdiccionales, la Corte Constitucional (CC) tiene un término de 20 días para emitir su pronunciamiento sobre el texto que se someterá a referendo. Es decir, si el dictamen del pleno no llega hasta el 26 de agosto, se entenderá como aprobado.

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En ese momento, empezarán a correr los plazos para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ejecute la votación, como ha sucedido en referendos previos. Son 15 días para la convocatoria a la ciudadanía y un plazo de máximo 60 días para llevarlo a cabo.

Sin embargo, el mismo Mandatario anunció, a inicios de julio, que el referendo para que los ecuatorianos decidan permitir la instalación de bases militares extranjeras en el territorio nacional sería "a finales de año". 

Actualmente, la Carta Magna de 2008 prohíbe el establecimiento de bases o instalaciones extranjeras con propósitos militares, así como ceder bases nacionales a fuerzas de seguridad internacionales.

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Pero, en medio de la crisis de inseguridad y su campaña para la reelección, el presidente Noboa revivió el recuerdo de la cuestionada Base de Manta, una instalación estadounidense que estuvo en Ecuador durante 10 años.

En septiembre de 2024, el Mandatario argumentó que la salida de los norteamericanos del país "fue el primer pacto con el crimen transnacional". Y, haciendo alusión al correísmo, pero sin nombrarlo, afirmó que "repartieron el país a las mafias con una falsa noción de soberanía".

Y por eso remitió su propuesta a la Asamblea Nacional, el 17 de octubre de 2024, después de que la Corte Constitucional determinara que el proceso para cambiar el artículo 5 de la Constitución podría ser tratado por el Legislativo y posteriormente requeriría de una ratificación en las urnas.