El oficialismo pasó de la promesa de mejorar el sistema penitenciario, a la insistente reforma legal sobre los presos

Aunque el argumento de la 'mano dura' y de la guerra contra las mafias y los delincuentes no encontró eco en las urnas, el oficialismo insiste, otra vez, en la propuesta del presidente Daniel Noboa de retirar a los presos de la lista de grupos de atención prioritaria.

La bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) anunció que buscará una reorganización de la Constitución, exclusivamente para modificar los artículos que hablan sobre los privados de libertad. El objetivo, dijeron, es que no usen el estatus de "atención prioritaria" para acceder a supuestos beneficios legales.

Pero esta vez, ADN se cuidó de mencionar un retiro o regresión de derechos. Aunque su máximo líder ha repetido constantemente su indignación sobre la teoría de que "los delincuentes tienen más derechos que las personas que hacen las cosas bien" y ha prometido cambios.

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La propuesta tiene cuatro puntos. Y ninguno apunta a esos ofrecimientos previos del Mandatario. Ahora se trata de 'ajustes'. El principal es eliminar a las personas privadas de la libertad de los grupos de atención prioritaria, enumerados en la Constitución. Lo que ya fue rechazado por la Corte Constitucional.

Pero el artículo se mantendría igual, solo se trasladaría al capítulo octavo, que habla sobre los derechos de protección en general. Es decir, los siete derechos de los reclusos continuarían siendo los mismos:

1. No ser sometidos a aislamiento como sanción disciplinaria.

2. La comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho.

3. Declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante la privación de la libertad.

4. Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en los centros de privación de libertad.

5. La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias y recreativas.

6. Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes, y las personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad.

7. Contar con medidas de protección para las niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo su cuidado y dependencia.

Pero eso no es todo, ADN anunció que además agregarán un octavo numeral que "consagre el derecho a la dignidad humana" de los presos. Y aclararán que los únicos abogados que los puedan visitar sean los que lleven su defensa técnica.

Es decir, después de la derrota de la consulta popular y referendo del 16 de noviembre, el oficialismo plantea agregar un derecho más a los presidiarios, que pondrá aún más en evidencia el incumplimiento de las leyes y garantías mínimas por parte del Ejecutivo.

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Desde el 23 de noviembre de 2023 y hasta el cierre de octubre de 2025, durante la gestión de Daniel Noboa, ha habido 213 muertes violentas dentro de las cárceles.  Sin contar las masacres de noviembre, que sumarían más de 40 otros presos asesinados. Ni las cifras sobre las muertes por tuberculosis y por desnutrición crónica.

Y, en medio de ese escenario, los planes y promesas del Mandatario sobre el sistema de rehabilitación social chocan con la realidad. Por ejemplo, en 2023, Noboa prometió "invertir en infraestructura para mejorar las condiciones de los centros penitenciarios, garantizando la seguridad, la higiene y el respeto a los derechos humanos". No sucedió.

En esa lista también estuvo la oferta de incluir programas de capacitación vocacional, educación, terapia y otras actividades productivas; formación técnica del personal penitenciario, en resolución pacífica de conflictos, derechos humanos y gestión de crisis; y transparencia y rendición de cuentas en el sistema penitenciario.

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En 2025, después de 18 meses de no poder controlar los centros de privación de libertad, pese al uso de las Fuerzas Armadas y los constantes estados de excepción, los cambios constitucionales y reformas a través de consultas populares, las promesas electorales en la materia disminuyeron.

El binomio de ADN se limitó a ofrecer generalidades, como garantizar el orden interno de las cárceles, respetando los derechos de los privados de libertad; y establecer un plan de rehabilitación e inclusión de presos, para garantizar su reinserción social y evitar la reincidencia.

Mientras tanto, las masacres carcelarias continúan y la violencia en las calles sube, pero el Gobierno publicita una cuestionada fotografía única de su nueva 'megacárcel' en Santa Elena, que fue inaugurada antes de ser terminada y de la que se ha impedido el acceso a toda la información.

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Incluso, el ministro del Interior, Jonh Reimberg, afirmó que nadie podrá visitar las instalaciones, ni abogados, ni familiares, ni siquiera el Defensor del Pueblo, por tratarse de una cárcel de máxima seguridad. Pese a que esta excepción no existe en el ordenamiento legal ecuatoriano y contradice directamente la Constitución.

Además, choca directamente con lo ofrecido por el Mandatario en sus dos candidaturas presidenciales y con el discurso de los legisladores de Acción Democrática Nacional, que quieren materializar la propuesta fallida de su líder, de sacar a los presos de los grupos de atención prioritaria, aunque lo que el Gobierno prometió realmente fue crear un verdadero sistema de rehabilitación social.