Llegada de Enrique Herrería a la Secretaría Jurídica apunta a reforzar una de 'las patas cojas' de Carondelet

Después de la derrota electoral, el presidente Daniel Noboa reacomodó su gabinete ministerial y uno de los principales ajustes se dio en la Secretaría Jurídica de Carondelet. Enrique Herrería reemplazó a Stalin Andino en el cargo.

Aunque esa oficina del Palacio no es muy conocida entre la opinión pública, es clave para que el Mandatario pueda avanzar en sus planes y objetivos. Sus competencias, como su nombre lo indica, se enmarcan en el ámbito jurídico.

Es decir, ese Secretario asesora al Presidente, comparece ante la Corte Constitucional y la Función Judicial, representa judicial y extrajudicialmente a los funcionarios de Carondelet, sustancia tratados internacionales, elabora y revisa los proyectos de ley de iniciativa presidencial, los vetos y los decretos ejecutivos.

Herrería será el tercero en ocupar ese puesto en dos años. Y se convertirá así en el funcionario con mayor trayectoria en el gabinete. El abogado guayaquileño fue juez del antes Tribunal Constitucional y de la Corte Constitucional, fue Intendente General de Policía de Guayas, diputado alterno y asambleísta.

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Y llega justamente después de que el Mandatario y el oficialismo han perdido varias batallas legales frente a la misma Corte Constitucional, que ha sido el único contrapoder en el Estado que ha podido frenar algunas intenciones del Ejecutivo e incluso le ha llamado la atención por sus arbitrios.

Es decir, la llegada de Herrería a Carondelet coincide con esa mala racha del Gobierno y de Acción Democrática Nacional (ADN). Pero solo una vez que la intención de Noboa de redactar una nueva Constitución, tras una campaña abierta de desprestigio contra los jueces constitucionales, quedó truncada en las urnas, con un 62% de votos en contra.

Además, al exmagistrado le llegó el ofrecimiento del cargo de Secretario Jurídico después de que criticara duramente al Gobierno, sus inconsistencias sobre las cifras de empleo, el silencio y ausencia del Mandatario tras la derrota electoral, su secreto viaje a Estados Unidos en lugar de enfrentar los resultados.

Coincidencias previas

A diferencia de la mayoría de magistrados constitucionales actuales, Herrería tuvo algunas coincidencias con las propuestas del Ejecutivo previamente. Y lo dejó así sentado, públicamente, en las sentencias del organismo.

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Por ejemplo, aunque votó en contra de dos decretos ejecutivos que pretendían extender la declaratoria de conflicto armado interno, en mayo de 2024, salvó su voto en las decisiones sobre el mismo tema en octubre de ese año. Ahí criticó que los demás jueces asumieron competencias privativas del Mandatario y afirmó que, para él, la medida propuesta por Noboa era constitucional.

Algo similar sucedió con la sentencia sobre el estado de excepción de enero de 2025, que terminó en la orden de conformar una comisión interinstitucional, para enfrentar la crisis de inseguridad y que el Ejecutivo rechazó. Aunque, junto a otras dos juezas, aceptaron ciertas críticas a la medida, también señalaron los problemas de eficacia que presentaba la creación de dicha comisión.

Pero también se opuso a la decisión positiva de sus entonces compañeros sobre tres preguntas de su primera propuesta de referendo (control de las FF. AA. en las rutas de ingreso a las cárceles, uso estatal inmediato de armas y municiones incautadas, simplificación del proceso de extinción de dominio).

Con este contexto, esta es la primera vez que el presidente Noboa ofrece un cargo en Carondelet a alguien que ha criticado abiertamente su gestión. Sin embargo, la experticia jurídica de Herrería podría ayudar al Mandatario a reducir los problemas jurídicos de sus propuestas.

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Los traspiés jurídicos

Entre ellos están la dificultad que tuvo el equipo jurídico presidencial para justificar el conflicto armado interno, que legalmente dejó de existir desde el 7 de abril de 2024, aunque el Gobierno insista en lo contrario.

Y a esa lista se suman: las intenciones de retroceder en derechos con propuestas negadas de reformas constitucionales; el encargo de la Presidencia a su Secretaria de la Administración, esquivando a la Vicepresidenta; un veto ejecutivo caído por llegar fuera de plazo; el intento fallido de ejecutar un doble veto; el intento de publicar leyes no aprobadas; el aleatorio envío de reformas constitucionales aisladas; la inconstitucionalidad de dos leyes oficialistas, entre otras.