Estas son las versiones, chats, pericias y seguimientos que vincularían a José Serrano con el asesinato de Fernando Villavicencio
El exministro José Serrano fue recluido en la Cárcel del Encuentro tras su deportación desde Estados Unidos. Expedientes policiales y peritajes telefónicos detallan presuntos seguimientos de inteligencia, aportes económicos y maniobras de encubrimiento en torno al crimen de Fernando Villavicencio que relacionarían al exministro.
El exministro del correísmo José Serrano en su nueva celda de la cárcel del Encuentro, de Santa Elena, el sábado 29 de agosto de 2026.
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Gobierno Ecuador
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El viernes 28 de agosto de 2026, a las 23:09, un jet ejecutivo procedente de Miami tocó la pista del aeropuerto de Guayaquil. A bordo viajaba el exministro del Interior José Ricardo Serrano Salgado, entregado a las autoridades ecuatorianas por agentes de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
El traslado se realizó desde el aeropuerto de Opa-locka (KOPF), en el condado de Miami-Dade, en una aeronave ejecutiva Challenger CL-35 con matrícula estadounidense N41VD. La tripulación estuvo al mando del capitán Carlos Eslava y del copiloto Bryan Bernal.
La custodia del exministro estuvo a cargo de cuatro agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés): Steven Arthur George, Rex Douglas Wiegers, Jason Scott Ahwee y Carlos Moreno Jr.
Al descender del avión, Serrano fue puesto a disposición del personal de la Unidad Nacional de Investigación con la Fiscalía General (UNIF), junto a los funcionarios migratorios.
En el acta de entrega migratoria se adjuntó su pasaporte ecuatoriano y se inventariaron sus bienes: un billete de USD 1 y una moneda de 10 centavos estadounidenses, dos etiquetas de equipaje aéreo a su nombre con prendas personales, un collar tipo rosario de plástico negro, un estuche de lentes rosado con armazón café y un anillo de metal dorado con la inscripción interna grabada "Maria Paula".
Asimismo, se le incautaron dos libretas pequeñas con anotaciones manuscritas, una de pasta rosada y otra verde, las cuales fueron remitidas bajo cadena de custodia a la Unidad de Acopio de Indicios de Criminalística.
Junto a sus posesiones personales, los agentes de HSI entregaron un sobre médico blanco rotulado a su nombre que contenía su tratamiento farmacológico con varias sustancias como fenofibrato, rosuvastatina, metformina, omeprazol, sertralina, trazodona e hidroxicina. Este conjunto de medicamentos revela un tratamiento destinado a controlar múltiples condiciones de salud como diabetes, gastritis, ansiedad, depresión e insomnio.
Tras ser informado de sus derechos, Serrano realizó dos llamadas telefónicas: la primera a su pareja María Paula Christiansen y la segunda a su hija Verónica Serrano.
Bajo una fuerte custodia de comandos policiales, Serrano fue trasladado por vía terrestre hacia la provincia de Santa Elena. El exfuncionario quedó recluido en el Centro de Privación de Libertad N.° 1, conocido como la Cárcel del Encuentro.
En este recinto penitenciario de máxima seguridad, el exministro cumple prisión preventiva por el presunto delito de asesinato, donde comparte con cabecillas criminales señalados dentro de la misma causa judicial por el magnicidio.
Horas antes de su llegada a Ecuador, el mismo 28 de agosto, la fiscal Ana Hidalgo activó un pedido dentro del caso por el asesinato de Fernando Villvicencio. La Agente pidió al juez Giovanny Freire que giré una orden de encarcelamiento por la prisión preventiva que había sido dictada previamente en su contra por ese caso.
De forma casi paralela a su ingreso al penal de Santa Elena, sus abogados: Eduardo León y María del Mar Gallegos presentaron un escrito para alertar sobre la situación de salud del exministro. Solicitaron al SNAI que autorice el ingreso y la administración de sus medicamentos.
Serrano y sus conexiones policiales
El exasambleísta Fernando Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto de 2023, en medio de una campaña política en la que buscaba la Presidencia de la República tras la muerte cruzada que decretó el expresidente Guillermo Lasso.
El expediente judicial del caso para dar con los autores intelectuales de ese crimen ubica una primera fase de la conspiración a mediados de 2022. Según las declaraciones de Marcelo Lasso, exconvicto ecuatoriano con vínculos con bandas organizadas, en junio de ese año habrían empezado los contactos con Leandro Norero en la cárcel de Latacunga para encomendarle tareas de vigilancia contra Fernando Villavicencio.
En esa época, Villavicencio presidía la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Según Lasso, se habría fijado un monto inicial de USD 200.000 para seguir al político. Sin embargo, este plan quedó interrumpido tras el asesinato de Norero en octubre de ese año.
La segunda fase se habría reactivado en julio de 2023. En su versión, Ronal Herrera, identificado como exagente encubierto y bajo el alias de ‘Jonathan’, relató que fue citado por Daniel Salcedo al estacionamiento de un centro comercial de Samborondón.
Dentro de una camioneta Chevrolet Tahoe blanca, Salcedo, otro de los procesados por el asesinato de Villavicencio, habría establecido una videollamada mediante la aplicación Threema con el exministro José Serrano.
De acuerdo con el relato del testigo, el exministro le habría pedido su colaboración para ubicar la rutina diaria, los vehículos de movilización y la composición de la cápsula de custodia de Villavicencio como candidato presidencial, ofreciéndole como retribución reincorporarlo a las filas policiales en el futuro.
Herrera aseguró que tras su salida del Gobierno, Serrano habría mantenido una red de contactos en la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial (UIAD) y en la Dirección General de Inteligencia (DGI).
Entonces, Herrera Ramírez declaró que, junto con el cabo de Policía José Alvarado, utilizó una computadora portátil para estructurar un informe de seis hojas que contenía fotografías de la caravana, rutas habituales y los datos de los agentes de seguridad del candidato.
Este reporte habría sido remitido a dos destinatarios por la red Threema: José Serrano Salgado y Daniel Salcedo. La investigación fiscal añade que, el 8 de agosto de 2023, se habrían coordinado gestiones para que al día siguiente no se asignara a Villavicencio el vehículo blindado, facilitándose en su lugar una camioneta ordinaria de la UIAD.
La acusación establece que el atentado se financió con un fondo de USD 1 millón, dividido en USD 500.000 para Los Lobos, entregados a través de intermediarios en Guayaquil, y USD 500.000 para el Frente Oliver Sinisterra (FOS), canalizados mediante contactos en la ciudad de Cali.
En las versiones procesales consta que la relación entre Serrano y la cúpula de Los Lobos estuvo marcada por un fuerte distanciamiento originado en septiembre de 2012, cuando su hermano, Juan Antonio, fue asesinado en Cuenca, hecho por el cual fue procesado Esteban Aguilar, alias ‘Lobo menor’.
Según el testimonio de Lasso, este hecho impedía que el exfuncionario mantuviera un trato directo con los mandos de esa banda criminal.
Por esta razón, la hipótesis fiscal sostiene que las coordinaciones entre los actores políticos investigados y las estructuras criminales debieron triangularse a través de intermediarios como Salcedo, quien mantenía contactos tanto con los cabecillas de las prisiones como con figuras del ámbito político.
Los chats de Christiansen y el nexo con Jordán
Dentro de los indicios incorporados al caso Magnicidio FV está la explotación pericial practicada a un teléfono celular iPhone XR color rojo, perteneciente a la esposa del exministro, María Paula Christiansen Delgado.
En el informe pericial del usuario registrado con un número internacional constan conversaciones sostenidas durante los meses de agosto y septiembre de 2025, cuando ya se investigaba a los presuntos autores intelectuales, con Verónica Sarauz, viuda de Fernando Villavicencio.
Los chats extraídos exponen conversaciones para la elaboración y entrega de un documento notariado de carácter reservado dirigido a la jueza de inmigración Romy Lerner en Miami, quien conocía el trámite de fianza de Serrano en territorio estadounidense. El exministro fue detenido en agosto de 2025 por una violación migratoria y permaneció bajo custodia hasta su deportación a Ecuador.
En las conversaciones, Sarauz habría remitido una certificación manifestando que el exministro no constaba formalmente como investigado ni imputado en la etapa inicial del expediente del crimen, mientras Christiansen le solicitaba copias de su cédula y certificado de matrimonio para respaldar la presentación judicial en el exterior, bajo el compromiso de mantener esto bajo reserva.
Dentro de la misma pericia se hallaron comunicaciones entre Christiansen y Xavier Jordán Mendoza, otro de los procesados por el asesinato e identificado como exsocio de Leandro Norero, en las que se coordinaba la articulación de criterios de defensa y se cuestionaban las actuaciones de la Fiscalía.
Christiansen sostuvo en su versión que ella y Serrano conocieron socialmente a Xavier Jordán el 22 de febrero de 2023 en Miami.
Sin embargo, las indagaciones patrimoniales anexadas al proceso rastrearon transacciones vinculadas a la firma corporativa Doral Asset 1 LLC en el sur de Florida, propietaria de un inmueble valorado en USD 2,1 millones en el exclusivo complejo The Mansions at Doral.
Las extracciones forenses a las conversaciones de WhatsApp entre Christiansen y la línea de Jordán (registrado como "Xavier Nuevo") revelaron coordinaciones para la adquisición del bien bajo una estructura de doble hipoteca por USD 19.923 mensuales, distribuida en cuotas de USD 9.229 y USD 10.694.
En los mensajes periciados, Jordán instruyó expresamente no registrar la propiedad a título personal, sino mediante figuras como María Paula LLC o Mint Corporation LLC, recurriendo a contratos de alquiler con opción a compra para blindar los activos.
Estos movimientos coincidieron con el testimonio rendido el 21 de mayo de 2025 por Daniel Salcedo, quien declaró que José Serrano y Xavier Jordán compartían negocios inmobiliarios en Estados Unidos y presuntamente gestionaban fondos a través de sus operadores de confianza, Juan Pablo Jaramillo (exchofer de Norero) y Francisco Alcocer, alias ‘Paco’, señalado por ofrecer dinero a Marcelo Lasso a cambio de alterar su versión inicial en el caso Villavicencio.
Las supuestas presiones
La causa Magnicidio FV cuenta, además, con extracciones forenses de dispositivos relacionados con los testimonios clave del caso.
En grabaciones atribuidas a Marcelo Lasso Saavedra correspondientes a finales de 2025, el testigo describe la existencia de transferencias para solventar sus viáticos durante su permanencia fuera del país, así como el pago compartido de los honorarios profesionales del abogado estadounidense Richard Díaz, mencionando que los desembolsos se realizaban a partes iguales entre Jordán y Serrano.
Lasso inicialmente señaló a Serrano y Jordán como parte del entramado para el asesinato. Pero, luego cambió de versión y dijo que había sido presionado por la Fiscalía.
Por su parte, el expolicía Ronal Herrera denunció ante la Fiscalía que, tras haber aportado su testimonio inicial, fue objeto de ofertas económicas para cambiar su versión. El testigo aseguró que le habrían ofrecido USD 300.000 para modificar sus señalamientos.
De igual manera, el expediente registra que Herrera sufrió un atentado con arma cortopunzante en la cabeza mientras estaba preso en Latacunga.
El ataque, sumado a la posterior recepción de mensajes intimidatorios y panfletos en el negocio de sus familiares en la provincia de El Oro atribuidos a supuestas órdenes de ‘La P’, fue incorporado al archivo del caso.
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