La suspensión de la vicepresidenta Verónica Abad abre otra grieta en la relación entre el Gobierno y la Asamblea

Esta es la segunda ocasión en que la Asamblea Nacional se pone de lado de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, y desafía al presidente Daniel Noboa. Con 86 de 118 votos, el Legislativo desconoció la sanción administrativa contra la Segunda Mandataria, este 13 de noviembre.

La primera vez fue en junio, cuando el Parlamento negó el pedido de enjuiciar penalmente a Abad, por una presunta concusión, por su supuesta vinculación en el caso Nene, donde se acusa a su hijo de haber realizado ofertas de tráfico de influencias.

Pero esta última decisión de la Asamblea implica, a la vez, el desconocimiento del Decreto Ejecutivo No. 457, con el que el Mandatario designó a Sariha Moya, como reemplazo temporal de Abad. Noboa pretende que la Secretaria de Planificación sea así su sucesora durante la licencia que tomará, para la campaña electoral de enero de 2025.

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Y es por eso que, el Gobierno ha intentado sacar a la Segunda Mandataria de escena desde el primer día de gestión. Ni siquiera estuvo en la foto oficial del nuevo gabinete ministerial y después fue desterrada a Israel, en medio del conflicto con Gaza.

Las acciones contra Abad incluyeron una denuncia ante la Fiscalía y otras dos en el Tribunal Contencioso Electoral, así como una consulta a la Procuraduría. Pero ante la demora u obstáculos en esos caminos, finalmente, el mismo Ejecutivo se deshizo de la antes compañera de fórmula de Noboa, con un sumario administrativo del Ministerio de Trabajo.

Pero la decisión ha generado rechazo distintos sectores empresariales, sociales, políticos e incluso internacionales.

Y la Asamblea Nacional no dejó pasar la oportunidad de reprender al Ejecutivo. No solo desconoció las decisiones del Ministerio de Trabajo y del mismo presidente Noboa, sino que pidió una aclaración a la Corte Constitucional (CC).

¿Qué implica el desconocimiento de la Asamblea?

En la práctica, la Asamblea Nacional no puede frenar la decisión del Ejecutivo. Al menos de manera inmediata. Pero su pedido puede presionar a los jueces constitucionales para que emitan un criterio al respecto y zanjen la pugna entre los dos mandatarios.

Además, dieron un espaldarazo a los pedidos de fiscalización de la misma vicepresidenta Verónica Abad. El Pleno del Legislativo decidió "alertar a todas las autoridades e instituciones públicas de control" para que "revisen exhaustivamente el proceso administrativo" ejecutado por el Ministerio del Trabajo.

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Esto pone también en medio de la discusión el silencio de las otras entidades de control como la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría.

Sin embargo, lo más efectivo y 'rápido' que puede hacer el Legislativo es ejercer su atribución de fiscalización y enjuiciar políticamente a la ministra Ivonne Núñez, como ya lo plantearon la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y Pachakutik. Los argumentos planteados son:

• Arrogarse funciones, porque la Constitución señala a la Asamblea como el juez natural de los funcionarios de elección popular.
• Haber creado, por acuerdo ministerial, el 11 de septiembre, un procedimiento especial para habilitar sumarios administrativos en contra de autoridades de elección popular.
• Haber sancionado a Abad con 150 días de suspensión, cuando el tiempo máximo que establece la Ley Orgánica de Servicio Público es de 90 días.

La decisión del Ministerio de Trabajo deja abierta la ventana para que esta entidad del Ejecutivo pueda suspender y obligar a perder el cargo a cualquier otra autoridad de elección popular, incluido el propio Presidente de la República, los asambleístas, alcaldes, concejales y prefectos.

Pero la resolución de la Asamblea Nacional también plantea un dilema futuro para el presidente candidato Daniel Noboa: cuando Sariha Moya lo reemplace, el Legislativo no tomará en cuenta ninguna decisión ejecutiva.

Eso involucra a posibles proyectos legales y vetos presidenciales. E incluso abre la posibilidad de que la Secretaria de Planificación también pueda ser enjuiciada políticamente por otra arrogación de funciones, cuando pretenda ejercer su encargo presidencial.

Aunque, el Mandatario tiene a su favor que, hasta el momento, la oposición no ha podido sumar los votos para conseguir la destitución previa de ministras como la de Relaciones Exteriores y la del Interior, en anteriores procesos de fiscalización.