Quito abrió 282 procesos por quemas e incendios, los autores se exponen a multas de hasta USD 36.000
La Agencia Metropolitana de Control (AMC) explica cómo funcionan las sanciones administrativas por quemas e incendios forestales y por qué una condena penal no impide que el Municipio imponga una multa de hasta USD 36.150.
Fotografía de archivo del incendio forestal registrado en el cerro Casitagua, en el norte de Quito, el 17 de septiembre de 2026.
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Cuerpo de Agentes de Control
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Un total de 282 personas podrían enfrentar multas administrativas de hasta USD 36.150 por provocar quemas e incendios forestales en Quito en lo que va de 2026, según cifras de la Agencia Metropolitana de Control (AMC). Estas sanciones económicas se tramitan de manera independiente de los procesos penales, por lo que los infractores también podrían recibir una condena de prisión si la justicia determina su responsabilidad.
De hecho, uno de estos casos terminó con una sentencia de seis meses de cárcel para un hombre que confesó haber provocado un incendio en vegetación seca en San José de Monjas, en el sur de Quito, el 26 de agosto de 2026.
Al aceptar su responsabilidad y someterse a un proceso directo, obtuvo una reducción de la pena, que era de máximo tres años.
La sentencia no fue bien recibida por las autoridades municipales, debido a la afectación que los incendios forestales generan en la capital y sus habitantes.
Solo en el incendio del cerro Casitagua, los bomberos han trabajado durante cinco días de forma ininterrumpida, con jornadas en las que han participado más de 100 efectivos y, al menos, cuatro helicópteros.
En ese sector del norte de Quito, el fuego ha consumido hasta la fecha unas 300 hectáreas, de un total de más de 1.400 hectáreas afectadas por incendios en todo el Distrito Metropolitano.
Una condena penal no evita una sanción administrativa
Gustavo Chiriboga, supervisor de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), sostiene que la normativa permite que una persona que haya recibido una condena penal por provocar un incendio forestal también enfrente una sanción administrativa.
Por ello, pese a que ya existe una sentencia de seis meses de prisión y una reparación de USD 1.446 en el ámbito judicial, el Municipio activará el proceso administrativo correspondiente contra ese mismo ciudadano. En el escenario más grave, podría enfrentar una multa de hasta USD 36.150.
“La diferencia es que, en el caso administrativo, lo que nosotros sancionamos es la irresponsabilidad (de provocar un incendio forestal); mientras que ya en el ámbito penal lo que se verifica es el dolo, que es básicamente esa mala intención de hacer daño, que ya constituye un delito”.
Gustavo Chiriboga, supervisor de la Agencia Metropolitana de Control (AMC),
Para Chiriboga, el objetivo es que ningún infractor quede en la impunidad y que estas conductas sean sancionadas tanto en el ámbito administrativo como en el penal, cuando corresponda.
¿Cuánto tarda un proceso sancionatorio administrativo?
De acuerdo con el supervisor de la AMC, existen dos formas de iniciar un proceso administrativo contra una persona que presuntamente provocó una quema o un incendio forestal en Quito: por flagrancia o mediante una petición razonada del Cuerpo de Bomberos.
En lo que va de 2026, se han reportado 252 casos por flagrancia y 30 a partir de peticiones razonadas.
La primera ocurre cuando una persona es encontrada cometiendo la infracción, incluso si se encuentran elementos que permitan relacionarla con la quema, como gasolina, fósforos o material inflamable, o si es sorprendida mientras realiza una quema.
Según Chiriboga, estos procesos pueden avanzar rápidamente cuando los ciudadanos no presentan alegatos o descargos. En esos casos, podría existir una resolución en aproximadamente un mes.
En cambio, si la persona decide ejercer su derecho a la defensa, solicitar pruebas o informes técnicos, el proceso puede extenderse hasta seis meses.
El segundo mecanismo corresponde a las peticiones razonadas del Cuerpo de Bomberos. En estos casos, la institución presenta un informe con elementos técnicos que permiten identificar a una persona como presunta responsable de una infracción.
Tras recibir esta información, la AMC notifica a la persona involucrada, quien también puede ejercer su derecho a la defensa. Luego se desarrolla el procedimiento administrativo hasta determinar, de ser el caso, la sanción correspondiente.
Las solicitudes para iniciar estos procesos también pueden provenir de otras entidades municipales, incluida la Procuraduría Metropolitana, cuando cuentan con información relacionada con una posible infracción y la trasladan a la AMC para que se analice el inicio del procedimiento correspondiente.
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