Masacre en la Penitenciaría: Escasez de alimentos y un cuestionado economato propician extorsión con la comida de los presos

La comida llega en baldes y charolas a los pabellones. Y son los propios presos los que se turnan para repartir los alimentos en las diferentes alas. Esto propicia prácticas extorsivas y se cuenta como la causa principal de la más reciente masacre en la Penitenciaría del Litoral, en el norte de Guayaquil.

La escasez de las raciones alimenticias para pabellones que superan incluso los 1.000 reos y el funcionamiento de un cuestionado nuevo economato -la tienda normada para la venta de refrigerios en la prisión- está en la raíz del problema, según familiares de los reclusos. 

Al escenario se suma que en el pabellón 3 de la Penitenciaría -el de la masacre- guardan prisión miembros de cuatro bandas criminales que se turnan por alas la repartición de la comida, cobrando hasta USD 20 por las reducidas raciones de alimentos a los demás presos.

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Es decir, los grupos habían empezado a turnarse el cobro de extorsiones a cambio de la comida, luego de que se mezclaron en un mismo pabellón distintas organizaciones criminales tras la militarización de las cárceles y el conflicto interno declarado a inicios de año.

Estas prácticas contribuyeron a debilitar los acuerdos y la de por sí frágil convivencia entre miembros de Los Duendes y Trébol Killer, por un lado; y de Mafia-18 y de un grupo conocido como Los Freddy Kruger, por el otro, según coinciden familiares y fuentes policiales.

Mafia-18 se convirtió en la organización más golpeada en los enfrentamientos armados de la madrugada del martes 12 de noviembre de 2024, que se saldaron con 17 privados de la libertad asesinados -dos descuartizados- y una docena de heridos. 

Familias denuncian entrega de alimentos caducos

El complejo carcelario de cinco cárceles del norte de Guayaquil se quedó por casi dos meses sin provisión de alimentos a inicios de junio de 2024, cuando la empresa Lafattoria suspendió el servicio por falta de pagos y los familiares tuvieron que organizar colectas de alimentos.

Desde agosto de 2024, la empresa Conalec presta el servicio de alimentación del sistema carcelario, según informó el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI). La firma, con sede principal en Quito, tiene experiencia en el área de elaboración de alimentos desde 2018, según consta en la página de la Superintendencia de Compañías.

Sin embargo, PRIMICIAS consultó en el portal de compras públicas, donde no se ha registrado la contratación de ninguna empresa para la prestación de este servicio.

Pero, según los presos y sus familias, la crisis de provisión de alimentos continúa, principalmente debido al “tamaño reducido de las raciones” con la que se alimentan a más de 12.000 presos en el complejo penitenciario.

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En el caso del economato, una asociación de familiares interpuso en octubre pasado una denuncia en Fiscalía por la presunta entrega de alimentos caducados y por la supuesta apropiación de saldos del dinero que las familias depositan para que los reos adquieran artículos en la cárcel.

“Hemos documentado la entrega de queso podrido, yogur dañado y panes caducados con lama verde, lo que adjuntamos a la denuncia que hicimos ante el Fiscal Provincial del Guayas”, le explicó a PRIMICIAS una mujer que impulsa la acción.

PRIMICIAS consultó al SNAI sobe la monopolización de alimentos y los cobros extorsivos por la comida, que estarían detrás de la masacre, pero también sobre los cuestionamientos al economato, pero hasta el cierre de esta nota la entidad no respondió. 

Una empresa sin experiencia vende refrigerios

El SNAI convocó a un proceso para adjudicar un proveedor que preste el servicio de economato en el Centro de Privación de Libertad Guayas 1 (Penitenciaría). Se dividió al país en 11 grupos para seleccionar a proveedores externos.

Tras la convocatoria, se adjudicó el servicio el 23 de mayo a una persona natural, a Germán Solano Guzmán. Y posterior a ello, él constituyó la empresa Solmarket (constituida el 5 de julio de 2024, según la Superintendencia de Compañías), que presta el servicio.

Las asociaciones de familiares de los reclusos cuestionan la falta de experiencia de la empresa y el propio proceso de selección de una firma que maneja el dinero de más de 6.000 privados de libertad, en el centro penitenciario más grande del país.

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Las familias pueden depositar hasta USD 138 al mes (el 30% de un salario básico) para que los privados de libertad adquieran comida y otros artículos de primera necesidad en la cárcel, pero según las denuncias ya no se permite depositar montos mínimos de USD 20, como con el antiguo proveedor.

Esto propicia que los que cuentan con mayor disponibilidad de saldo adquieran artículos para revender en los pabellones a "precios exorbitantes", lo que abona a la corrupción del sistema y a las prácticas extorsivas, según la denuncia de otra mujer, esposa de un recluso.

“Los jefes de los pabellones sacan artículos para revender en su ala. Cobra USD 13 por un combo de una galleta y una funda de papas. Hay cosas dañadas o caducadas. Esto nos parece un plan para que los presos mueran enfermos”, agregó indignada la mujer.

En el propio pabellón 3 de la Penitenciaría del Litoral se encuentran privados de la libertad enfermos de tuberculosis.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos registra este año 177 denuncias por falta de atención médica en las cárceles, sobre todo por tuberculosis y sarna. Y hasta mediados de agosto, el SNAI reportó 627 casos de tuberculosis en las prisiones.