Las personas que tuvieron un diagnóstico de cáncer y están plenamente recuperadas, sin evidencia de recaída, durante un mínimo de cinco años, contados desde que terminó el tratamiento con intención curativa

Si el diagnóstico se produjo antes de los 18 años de edad, también podrán acogerse aquellos pacientes que reporten tres años de remición.

Las empresas obligadas a cumplir con la norma son las empresas de seguros, las compañías de medicina prepagada y las entidades del sistema financiero nacional (bancos y cooperativas).

La norma reconoce tres derechos:

1. Olvido oncológico:

   • No se podrá pedir, indagar ni usar el historial médico de la enfermedad superada en perjuicio del cliente. Tampoco podrá ser la base de exclusiones, restricciones, condiciones más caras ni de la negativa a contratar o renovar.

2. Cobertura en condiciones de equidad

   • Acceso a seguros de asistencia médica y planes de salud prepagada con los mismos beneficios que los demás afiliados del mismo plan.

3. Igualdad y no discriminación:

   • Acceso en igualdad de condiciones a seguros de vida, préstamos hipotecarios y otros servicios financieros, sin obligación de declarar el historial oncológico.

• Cobrar sobreprimas o recargos por el historial oncológico.
• Excluir o limitar la cobertura por la enfermedad superada.
• EImponer condiciones contractuales diferenciadas basadas en ese antecedente.
• Negar el acceso a productos o su renovación por causas relacionadas, directa o indirectamente, con el cáncer superado.

Estas empresas sí podrán seguir evaluando solicitudes con criterios técnicos o actuariales, como formularios de suscripción o declaraciones de salud, siempre que no impliquen usar el antecedente oncológico.

No podrán usar el historial médico oncológico para negar, restringir, condicionar ni excluir el acceso a préstamos hipotecarios u otros servicios financieros.

Las entidades mantienen la facultad de analizar criterios como la capacidad de pago, el nivel de endeudamiento y el comportamiento crediticio del solicitante.

Las aseguradoras y prepagadas deberán ajustar sus contratos, tarifas, documentos y procesos de suscripción. Para ello, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros deberá emitir primero su normativa de control.

​Desde ese momento, las compañías tendrán seis meses para adecuar sus contratos y someterlos a aprobación.

Mientras tanto, en los contratos vigentes y en los que estén en renovación, se entienden incluidas las disposiciones de la ley. Cualquier cláusula contraria no tendrá efecto, y las empresas no podrán alegar que aún no actualizan sus contratos para negar estos derechos.