Los bancos y otros emisores de tarjetas de crédito y débito en Ecuador podrán contratar seguros contra fraudes o estafas para cubrir los valores que deban reintegrar a sus clientes. Sin embargo, no podrán trasladar el costo de esas pólizas a los clientes.

La disposición consta en la resolución JPRFM-2026-048-T, emitida por la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria el 6 de noviembre de 2026. La norma establece nuevas obligaciones para los emisores y refuerza las medidas de seguridad de las tarjetas de pago.

La disposición incorpora expresamente esta posibilidad en el artículo 31 de la normativa y aclara que el valor de la póliza debe ser asumido por la entidad emisora, no por el usuario 

Esto significa que los bancos no podrán cobrar una tarifa adicional por ese seguro ni incluir su costo en el pago anual de que suelen tener algunas tarjetas, explicó la abogada financiera Grace Chiriboga.

La especialista señala que algunas entidades ya contrataban este tipo de pólizas como una buena práctica, pero ahora la normativa reconoce expresamente esa posibilidad aunque no es obligatoria. 

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Contratar el seguro no será obligatorio

Sin embargo, la contratación de un seguros contra fraudes sigue siendo voluntaria para las entidades financieras y no obligatoria. Esta diferencia es importante para los usuarios, pues la protección mediante una póliza dependerá de la decisión de cada entidad financiero. 

Para el abogado experto en derecho bancario y financiero Julio César Benítez, aunque la medida representa un avance, cree que la contratación del seguro debería ser obligatoria.

Si el banco contrata una póliza, podrá utilizarla para cubrir las pérdidas que correspondan cuando ocurra un fraude. Si no cuenta con ese seguro, deberá asumir directamente las responsabilidades que establece la normativa como casos de fraude.

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¿Cuándo deberán responder los bancos por un fraude?

La resolución establece que las entidades emisoras deberán responder por determinados consumos o pagos fraudulentos y devolver al cliente los valores correspondientes en los siguientes casos:

1. Robo o pérdida de la tarjeta:

   • Cuando se realizan consumos después de que el usuario notificó al banco sobre el robo, hurto, sustracción o pérdida de la tarjeta.

2. Fallos de seguridad:

   • Cuando el fraude informático se produce por debilidades o defectos en los sistemas de seguridad de la entidad.

3. Falta de autenticación:

   • Cuando el banco no aplica los mecanismos de autenticación multifactor o las medidas de seguridad exigidas y el usuario desconoce las transacciones.

4. Incumplimiento de medidas de seguridad:

   • Cuando las operaciones se realizan porque la entidad no cumplió las disposiciones de seguridad de la información y ciberseguridad.

5. Falta de mecanismos de protección aprobados:

   • Cuando no se aplican los mecanismos de autenticación o seguridad previamente aprobados por los organismos competentes.

Antes de esta resolución, la normativa solo establecía la obligación de devolver el dinero por consumos realizados después de que el cliente notificara al banco o emisor sobre la pérdida, sustracción o robo de su tarjeta.

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Benítez considera que la disposición puede reducir los conflictos entre bancos y usuarios por fraudes. También aclara que la resolución no modifica las condiciones de otros seguros, como el de desgravamen, ni los servicios adicionales asociados a las tarjetas.

Desde la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) señalaron que están a la espera de la normativa secundaria que emitan la Superintendencia de Bancos y el Banco Central del Ecuador (BCE), para conocer los detalles de aplicación de esta disposición. Ambas entidades tienen un plazo de seis meses para emitir esa regulación, por lo que todavía no están definidos los procedimientos que deberán seguir los bancos.