Pagos de luz y agua influirán en el buró de crédito tras reforma en Ecuador

Los pagos de servicios básicos como los de luz, agua, teléfono y otros, podrán ser utilizados como información adicional para evaluar el perfil de los clientes antes de otorgarles un crédito en Ecuador; esto es lo que se conoce como riesgo crediticio.

Así lo establece una reciente resolución de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, vigente desde el 20 de agosto de 2026.

Los datos del historial crediticio muestran el comportamiento de una persona al pagar sus deudas. Con esta información, las empresas privadas que ofrecen el servicio de buró de crédito calculan el "score" o puntaje crediticio. 

Este indicador mide el nivel de riesgo de que una persona no pague sus deudas a tiempo. El puntaje va de 1 a 999. A junio de 2026, el score promedio de los ecuatorianos fue de 916 puntos; es decir, una leve reducción de un punto frente al puntaje de mayo, según el buró Aval

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¿Cuándo podrían aparecer los servicios básicos en el "score"?

La resolución establece que el pago de servicios básicos puede ser una fuente complementaria de información para analizar un crédito, siempre que los datos estén relacionados con el comportamiento de pago, el cumplimiento de obligaciones o la capacidad de endeudamiento de una persona.

Sin embargo, esto no significa que desde ahora las empresas de agua, luz u otros servicios básicos enviarán automáticamente el historial de pagos de los clientes al buró de crédito.

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Podrán incluir más fuentes de información

Además de los servicios básicos, la resolución contempla como información complementaria en el historial crediticio el pago de impuestos, siempre que estos datos estén relacionados con el comportamiento de pago, el cumplimiento de obligaciones o la capacidad de endeudamiento.

La norma también reconoce como fuentes obligatorias de información crediticia al sector comercial, las compañías de seguros y reaseguros y las empresas de telecomunicaciones, que ofrecen servicios de Internet.

Sin embargo, esto no significa que toda esta información vaya a aparecer de inmediato en el historial crediticio. La incorporación de nuevas fuentes requiere que la Junta emita una nueva resolución, la cual debe cumplir con las normas de protección de datos. La información no puede incluir datos personales sensibles o información protegida por reserva legal.

Una vez emitida esa resolución, las Superintendencias de Bancos y la de Compañías tendrán hasta un año y medio para implementar estas disposiciones y coordinar los mecanismos necesarios con el Ministerio de Infraestructura y Tecnología, el Servicio de Rentas Internas (SRI) y las empresas proveedoras de servicios básicos.

En cambio, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (Seps) tendrá un plazo de un año.

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¿Qué significa para quien busca un crédito?

Para Sonia Zurita, profesora de Finanzas de ESPAE-ESPOL, la incorporación de los pagos de servicios básicos al historial crediticio puede ayudar principalmente a las personas que no tienen antecedentes financieros. Esta información permite conocer su comportamiento y responsabilidad al cumplir sus obligaciones.

Sin embargo, el pago de una planilla no necesariamente demuestra la capacidad económica de una persona, agregó. Los servicios básicos son obligaciones que los hogares necesitan cubrir, por lo que una persona podría terminar pagando incluso después de un retraso o de la suspensión del servicio, agregó.

Asimismo, Marco Antonio Rodríguez, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados (Asobanca), señaló que la nueva resolución de la Junta fortalece el sistema de información crediticia al incorporar más datos sobre obligaciones comerciales, telecomunicaciones y comportamiento de pago.

Según Rodríguez, contar con más información permitirá evaluar mejor la capacidad de pago, reducir la incertidumbre y facilitar el acceso al crédito de personas con poco historial financiero, al reconocer también su cumplimiento de otras obligaciones.

El ejecutivo sostiene que esta medida debe complementarse con una reforma al sistema de tasas de interés. A su criterio, tasas más flexibles permitirían diferenciar mejor el riesgo y ampliar el crédito formal, especialmente para personas con poco historial, reduciendo así el espacio del chulco.