“Guayaquil seguirá de pie”, afirma la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, tras sentencia a Aquiles Alvarez en el caso Grillete

La alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, expresó este miércoles 5 de agosto su respaldo a Aquiles Alvarez, durante la primera sesión del Concejo Municipal después de que el alcalde fuera sentenciado a tres años de prisión en el caso Grillete, por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

“Quiero hacer mías sus palabras, cada una de ellas”, dijo Coronel, después de las intervenciones de los concejales Fabián Espín, Arturo Escala y Alfredo Bautista, afines al correísmo, quienes habían cuestionado los procesos judiciales contra Alvarez.

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Sin embargo, Coronel evitó calificar la sentencia como “espuria” o acusar directamente al Gobierno de perseguir al alcalde, como sí hicieron algunos de los concejales que intervinieron.

La alcaldesa subrogante sostuvo que la justicia debe ejercerse “con independencia, con imparcialidad” y respeto al debido proceso.

Coronel también expresó su solidaridad con Alvarez y su familia, especialmente con sus tres hijos, y sostuvo que Guayaquil atraviesa nuevamente un momento en el que es necesario “defender la democracia”.

“El llamado es a que cada actuación de la justicia sea únicamente por la verdad, apegada al derecho y buscando realmente la justicia, no pegados a narrativas, sino a hechos reales”, afirmó.

Concejales hablan de persecución contra Aquiles Alvarez

Además de Coronel, Fabián Espín, Arturo Escala, Alfredo Bautista y Emily Vera se pronunciaron durante la sesión en respaldo a Alvarez, quien permanece recluido en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena. Los cuatro cuestionaron la sentencia o los procesos judiciales que enfrenta el alcalde y atribuyeron su situación a motivaciones políticas.

El concejal Arturo Escala sostuvo que la sentencia de primera instancia no cambia, por ahora, la condición de Alvarez como alcalde titular.

“Mientras no haya ni una sola sentencia ejecutoriada, el alcalde seguirá siendo Aquiles Alvarez”.

Arturo Escala, concejal de Guayaquil.

Escala cuestionó que se haya iniciado otro proceso penal por el incumplimiento del uso del dispositivo electrónico, en lugar de modificar la medida cautelar que pesaba sobre Alvarez.

Más frontal fue Fabián Espín, quien calificó de “espurios” los procesos que enfrenta Alvarez y volvió a afirmar que el alcalde está “secuestrado” por el Gobierno. 

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Emily Vera también vinculó la situación judicial de Alvarez con el escenario electoral y aseguró que una sentencia “no es capaz realmente de condenar las ideas de un hombre libre”.

Por su parte, Alfredo Bautista afirmó que “la justicia se fue por la tangente” y consideró que la condena busca sacar al alcalde del escenario electoral. El concejal expresó su “respaldo total” a Alvarez y pidió un aplauso de solidaridad durante la sesión.

¿Qué pasa si la sentencia contra Aquiles Alvarez queda ejecutoriada?

Hasta ahora, la condena contra Alvarez no está ejecutoriada. El Tribunal de Garantías Penales lo sentenció en primera instancia a tres años de prisión y su defensa anunció que apelará la decisión.

Una vez terminada la sesión, la concejala Ana Chóez dijo a PRIMICIAS que el Concejo no debe entrar a determinar si las pruebas presentadas dentro de los procesos contra Alvarez son válidas o no, pues esa tarea corresponde a la justicia.

“Nosotros no somos tribunales para validar o no validar una prueba, ni tampoco hemos estado en las audiencias y tampoco nos han contratado como defensa técnica del señor Aquiles”.

Ana Chóez, concejal de Guayaquil.

Chóez cuestionó que en las sesiones se mantenga lo que calificó como “una oda al individualismo de una persona” y señaló que, mientras no existan pruebas que demuestren una persecución política, Alvarez enfrenta procesos que deben resolverse en el ámbito judicial.

Para la concejala, la discusión que sí corresponde al Concejo es qué efectos jurídicos podría tener una sentencia ejecutoriada. “Lo que corresponde aquí en el Concejo es ver los efectos jurídicos que eso pueda traer con relación al Cootad”, señaló.

El artículo 333 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) establece entre las causales para la remoción del ejecutivo de un gobierno municipal que se haya dictado en su contra una sentencia ejecutoriada por cualquier tipo de delito.

Por ahora, esa causal no se cumple en el caso de Alvarez, pues la sentencia de tres años es de primera instancia y su defensa anunció que apelará.