Los sindicalistas se habían opuesto al decreto ley que buscaba condonar los intereses que debe pagar el Estado por su deuda con el IESS.
Una de las asociaciones obreras de Ecuador (Cedocut) y la Unión Nacional de Educadores (UNE) celebraron el 7 de octubre de 2023 la decisión de la Corte Constitucional contra un decreto del Ejecutivo que, según los sindicalistas, recortaba presupuestos y afectaba a la seguridad social.
La Cedocut, que integra el Frente Unitario de Trabajadores (FUT, la mayor central obrera del país), afirmó en un comunicado que la Corte ha emitido un dictamen en contra de dicho decreto presentado en septiembre pasado por el presidente Guillermo Lasso.
El fallo judicial -agregó la fuente- "marca un hito en la defensa de los derechos de los trabajadores, afiliados (a la seguridad social), jubilados y campesinos", quienes han considerado lesivo al cuerpo legal.
"Uno de los aspectos más cruciales de esta reforma rechazada (por el Constitucional) era su intento de recortar los presupuestos de salud y educación. Y planteaba eliminar el pago de intereses de la deuda del Gobierno al IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social)", precisó la organización sindical.
Asimismo, a criterio de la Cedocut el decreto ejecutivo pretendía recortar presupuestos claves para la salud, como el destinado a atender las enfermedades catastróficas.
"Esto es un logro, pero nos mantendremos vigilantes para garantizar los derechos a la salud, educación y seguridad del pueblo ecuatoriano", remarcó.
Un nuevo revés
El pasado 5 de septiembre, el Gobierno anunció la emisión de dos decretos de ley urgentes en materia económica que buscaban, según la versión oficialista, optimizar la gestión de riesgos ante desastres naturales y mejorar los mecanismos de administración de recursos públicos.
Ambas propuestas fueron presentadas a revisión de la Corte Constitucional a menos de tres meses para que concluyera el mandato del presidente Lasso.
Esto, luego de que el periodo de Lasso fuera recortado a la mitad por él mismo cuando decidió aplicar en mayo pasado el mecanismo constitucional de "muerte cruzada", por el cual disolvió la Asamblea Nacional (Parlamento) y convocó a elecciones anticipadas.
El decreto Ley sobre Gestión de Riesgos y Desastres también fue observado por la Corte Constitucional que lo aprobó de forma parcial, ya que determinó que algunas de sus disposiciones eran contrarias a la Constitución de la República.
La Corte Constitucional, que a falta de Asamblea revisa los decretos urgentes en materia económica del Ejecutivo, ya ha rechazado otros proyectos emitidos por Lasso en el marco de la "muerte cruzada".
No obstante, la candidata presidencial Luisa González, del movimiento correísta Revolución Ciudadana, del expresidente Rafael Correa, ha pedido a Lasso que se abstenga de emitir otros decretos en consideración del poco tiempo que le queda en el poder, pues tendrá que entregar el cargo antes de finalizar este año.
González y el empresario Daniel Noboa, hijo del magnate bananero Álvaro Noboa, se disputarán la Presidencia del país en una segunda ronda electoral (balotaje) el próximo 15 de octubre.
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