La polémica por la ampliación del denominado Patio 600 ha escalado hasta los tribunales y pone en el centro del conflicto el futuro de la playa El Murciélago de Manta, en la provincia de Manabí, y la protección de la fauna marina. 

Mientras ciudadanos cuestionan los posibles daños ambientales, sus promotores defienden el proyecto bajo el argumento de que permitirá ampliar la capacidad de almacenamiento y manejo de carga.

El Patio 600 es un área de almacenamiento y logística, ubicado dentro del Terminal Portuario de Manta (TPM), y en agosto de 2026 se anunció el inicio de su ampliación sobre una superficie de tres hectáreas, con una inversión de USD 2,3 millones.

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La obra se encuadra en la Alianza Público-Privada (APP) entre el Estado ecuatoriano, a través de la Autoridad Portuaria de Manta (APM), y el operador Terminal Portuario de Manta (TPM).

La inversión es de TPM -filial de la compañía chilena Agencias Universales S.A. (Agunsa), multinacional que desde 2016, bajo la figura de alianza público-privada, opera el Terminal Internacional del Puerto de Manta en Ecuador, por un periodo de 40 años, un contrato de concesión no ha estado exento de cuestionamientos.

El choque de intereses del Patio 600 escaló de forma rápida, porque distintos colectivos ciudadanos empezaron a reclamar y protestar en contra del proyecto. Para mediados de septiembre, una acción de protección con medida cautelar fue interpuesta por la Comisión Ciudadana de Defensa de la Playa El Murciélago, un colectivo ciudadano, constituido en asambleas públicas ciudadanas.

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Esa acción de garantías jurisdiccionales fue aceptada y frenó el avance de los trabajos que se realizaban en una zona de playa y franja adyacente del balneario de El Murciélago.

A la fecha, el abogado Trajano Andrade confirmó a PRIMICIAS que los trabajos están paralizados y que “luego de 71 días transcurridos del proceso, de pruebas presentadas, testimonios Amicus Curiae, peritajes comprobatorios y tres audiencias públicas realizadas, ha quedado demostrado la vulneración de los derechos constitucionales de la naturaleza”.

Andrade agregó que confían en que se haga justicia y que el sistema judicial ecuatoriano, “prohíba definitivamente los trabajos iniciados por los demandados, quienes pretenden apoderarse gratuitamente de 30.000 m2 de playa que pertenecen a la alcaldía de Manta y cometer impunemente los delitos de daños a la naturaleza y de usurpación de un patrimonio público”.

Autoridad Portuaria: "Respetamos la seguridad jurídica"

La Autoridad Portuaria de Manta (APM) respondió a PRIMICIAS que mantienen una posición "de absoluto respeto a la seguridad jurídica, a las competencias de los organismos del Estado y a las decisiones emitidas por las autoridades judiciales". 

"Consideramos fundamental que este proceso se desarrolle sobre la base de criterios técnicos, disposiciones legales y actos administrativos emitidos por las instituciones competentes, garantizando el debido proceso y el respeto al ordenamiento jurídico”.

Autoridad Portuaria de Manta (APM).

La ampliación del Patio 600 ya tiene antecedentes. El 23 de julio de 2019, en una mesa técnica en la que participaron el entonces alcalde de Manta, Agustín Intriago (asesinado en julio de 2023), funcionarios de TPM y APM, la propuesta fue negada.

“Nos manifestaron cuál era la intención del proyecto y yo creo que esto ha correspondido en gran medida a una confusión de competencias, falta de lectura de la legislación pertinente y el punto más importante es que esas instalaciones son predios municipales, son áreas ganadas al mar, por lo tanto, la ley y los decretos establecen que son áreas de la ciudad. Todo uso o construcción que se le vaya a dar ese espacio debe cruzar por este municipio”, dijo Intriago en 2019.

Entre expansión y conservación

Para el biólogo y especialista en calidad ambiental, Iván Murillo, existen varias implicaciones sobre el área donde se levantaba la ampliación del Patio 600. "Primero hay que tomar en cuenta que, desde que ellos empezaron a cambiar el uso de suelo, ya hay un efecto ambiental. Sacaron del lugar unos 4.000 metros cúbicos de arena”.

Murillo explicó que, en la zona donde empezaron a hacer el movimiento de suelo era nido de lechuza, descanso natural de aves migratorias marinas y anidación de tortugas. “Nosotros tenemos registrado dentro del polígono de intervención (proyecto del Patio 600), desove y anidaciones de tortugas, así que ese es otro evento de impacto que es alterar el área natural”, dijo el biólogo.

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El especialista en calidad ambiental detalló otros impactos: el área es una zona que usan deportistas y turistas. “Pretenden además limitar el espacio para recreación”, señaló Iván Murillo.

Murillo hizo mención que las playas son para uso de las personas, "son inalienables, les pertenecen a todos, no se pueden privatizar las playas. Lo que están haciendo es privatizar las playas”.

“El registro ambiental fue alterado de una manera maliciosa, la autoridad que autorizó hacer este trabajo fue el Gobierno Provincial. En este permiso para regularización ponen que el sitio es propio, pero esa zona siempre fue municipal, además ubican que es un lugar de implementación comunitario o de urbanización, cuando eso es industrial. También hay error de coordenadas y los materiales que van a utilizar”.

Iván Murillo, biólogo y especialista en calidad ambiental.

En septiembre de 2026, la alcaldesa Marciana Valdivieso se pronunció sobre la ampliación del Patio 600 y explicó que dentro del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y el Plan de Uso y Gestión del Suelo, la zona está delimitada como Área de Conservación y Uso Sostenible (ACUS).

“Por eso la intervención no se podría dar en ese espacio… si no presentan los permisos correspondientes, lastimosamente no podrán avanzar en la construcción de esta obra que está dentro del convenio de concesión”, advirtió Valdivieso.

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A mediados de septiembre, Bryan Andrade, viceministro (s) de Servicios y Transporte aseguró que, con la ampliación "no hay una afectación ambiental, no hay ningún tipo de daño ambiental. Más bien, lo que está haciéndose es evitar que ocurra algún daño en ese sentido”.

En la misma línea APM aseguró este 13 de noviembre que, “el proyecto cuenta con un registro ambiental y contempla mecanismos de prevención, mitigación y compensación de impactos, conforme a los instrumentos ambientales aplicables. Creemos firmemente que el desarrollo portuario y la protección ambiental deben avanzar de manera responsable y articulada, bajo la supervisión de las autoridades competentes”.

¿Por qué la ampliación del Patio 600?

Para la estatal APM, desde la perspectiva logística, la ampliación responde a “una necesidad real de crecimiento. El Puerto de Manta ha fortalecido sus operaciones a través de la alianza público-privada y se ha consolidado como un referente nacional en la actividad pesquera y en la movilización de carga. Sin embargo, el comercio internacional es cada vez más competitivo y exige infraestructura moderna, mayor capacidad de almacenamiento y eficiencia operativa”, señaló la institución. 

Datos de TPM muestran que el puerto de Manta movilizó más de 80.000 vehículos de importación entre enero y agosto de 2026. En 2025, la cifra superó los 68.000 carros de importación y más de 29.000 unidades de trasbordo. Mientras que en 2024, se movilizó más de 51.000 automotores de importación y más de 3.000 unidades en operaciones de trasbordo.

EL Ministerio de Infraestructura y Tecnología (MIT) cifra que aproximadamente el 90% de los vehículos que llegan a Ecuador se reciben actualmente a través del puerto de Manta.

“Nuestra posición es clara: el desarrollo portuario debe avanzar con seguridad jurídica, responsabilidad ambiental y visión de futuro. No se trata de elegir entre crecimiento económico y protección del entorno, sino de garantizar que ambos puedan coexistir en beneficio de Manta, Manabí y Ecuador”.

APM.

Además, para APM, la ampliación del Patio 600 constituye un proyecto estratégico para el “presente y futuro del Puerto de Manta… y la obra responde al compromiso de garantizar la seguridad jurídica y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de gestión delegada, desarrollado bajo el modelo de Alianza Público-Privada (APP), que contempla, dentro de sus fases y compromisos contractuales, la ampliación del Patio 600”.