América Latina está atravesando una de las situaciones económicas, sociales y políticas más complejas de las últimas décadas.
No solo fue la región más golpeada por la pandemia del Covid 19, sino que su recuperación ha sido una de las más lentas.
Se espera que el crecimiento promedio en 2023 y 2024 sea de apenas 1,9%, mientras que en el resto de países emergentes y en desarrollo sería de 4,1%.
Por tanto, América Latina continuará rezagándose frente al resto del mundo.
La situación está cuesta arriba. En el corto plazo, la región deberá enfrentar mercados financieros turbulentos, inflaciones persistentes y alzas en las tasas de interés.
Para colmo, la guerra entre Rusia y Ucrania y otras tensiones geopolíticas globales están frenando la economía mundial.
A esta coyuntura, se suman los tradicionales problemas estructurales de dependencia de las exportaciones primarias, la volatilidad económica y la baja productividad.
En lo social, la pobreza, la desigualdad y la informalidad se han agudizado después de la pandemia.
Además, el futuro presenta desafíos globales inéditos, con el cambio climático, la transición energética y la revolución digital.
Los latinoamericanos han mostrado su rechazo a los programas económicos tradicionales y su desconfianza en los políticos y el sistema democrático, como lo ilustra Latinobarómetro.
La gobernabilidad es frágil en varios países de la región.
Producto de este descontento, el péndulo ha girado hacia los gobiernos de izquierda que plantean mejorar el bienestar de la mayoría de ciudadanos, en un marco de mayor equidad y sostenibilidad ambiental.
Para ello, confían en una mayor intervención estatal, reformas tributarias redistributivas y políticas de desarrollo industrial que cambien la estructura productiva y la dependencia de los recursos naturales.
El reto será que las buenas intenciones no terminen en malos resultados. En el pasado, varios programas de esta naturaleza ignoraron las restricciones fiscales y financieras, y terminaron con altos déficits fiscales, mayor endeudamiento, inflación e inestabilidad macroeconómica.
De igual forma, algunos intentos de cambiar la llamada matriz productiva resultaron insostenibles, costosos e inútiles, y paradójicamente agudizaron la dependencia en las actividades extractivas.
El BID acaba de publicar su reporte 'Nuevos horizontes para la transformación productiva', que puede convertirse en una hoja de ruta, no solo para gobiernos de izquierda, sino para todos los países dependientes de recursos naturales.
Dadas las tendencias globales, la transformación productiva no es una opción ideológica, sino una necesidad.
La publicación se enfoca en los países andinos y hace una serie de recomendaciones que son válidas para todos los sectores, como mejorar el clima de negocios y promover la inversión privada, la productividad y la digitalización de las empresas, en particular pequeñas y medianas.
Hace énfasis en la provisión de bienes públicos clave, como los servicios de infraestructura y la facilitación de comercio, como un mecanismo para integrarse de manera más eficiente y equitativa a las cadenas globales de valor.
A la hora de escoger sectores, parte de una realidad: las exportaciones e ingresos fiscales de la región siguen dependiendo del petróleo y la minería. Darles la espalda resultaría ingenuo y adverso.
Propone potenciar las industrias extractivas, pero de manera más sostenible, transparente y con un enfoque de desarrollo local, junto con las comunidades y gobiernos municipales y regionales en donde se desenvuelven estas actividades.
Las exportaciones e ingresos fiscales de la región dependen del petróleo y la minería. Darles la espalda resultaría ingenuo y adverso.
De manera paralela, se ocupa de dos sectores fundamentales: agricultura y servicios. El sector agrícola demostró su resiliencia durante la pandemia, con un impresionante crecimiento de su producción y exportaciones.
El BID hace una fuerte apuesta por este sector, para lo cual se necesitará cerrar las brechas de infraestructura, en particular riego, vías, energía y puertos, así como facilitar el acceso a financiamiento y la articulación a las cadenas de comercialización.
Destaca, además, el potencial de los súper alimentos andinos y el agritech.
El sector de servicios es vital para la generación de empleo, pero es heterogéneo y afectado por la informalidad.
La propuesta: mejorar su productividad y la exportación de servicios, aprovechando el rápido cambio digital y tecnológico.
Finalmente, hace recomendaciones puntuales para que la transformación productiva sea más inclusiva y que reduzca la informalidad y las brechas de género.
El reporte del BID es oportuno para alcanzar una transformación productiva sostenible y equitativa. Ello requerirá pasar de discusiones polarizadas y estériles, y construir consensos que vayan más allá de políticas de gobierno y que se conviertan en políticas de Estado.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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