El Palacio de la Paz en La Haya es una construcción estrambótica, una suerte de inmenso castillo con aires medievales, que fue construido a inicios del siglo XX en un estilo que se llamaba “neorenacentista”.
Los gustos de aquella época eran muy curiosos porque el proyecto del edificio, presentado por el arquitecto francés Louis M. Cordonnier, ganó un concurso internacional y su construcción fue financiada por el millonario estadounidense Andrew Carnegie. Hubo muchas esperanzas por la paz cuando se lo inauguró en 1913, pero a los pocos meses estalló la Primera Guerra Mundial.
A pesar del carácter extraño del edificio y de que las guerras siguen siendo provocadas por las ambiciones y nacionalismos, el empeño por la paz y la prevalencia del derecho internacional se cristalizan en su interior, en las distintas organizaciones que alberga, entre ellas: la Corte Permanente de Arbitraje, el ocupante original para el que se construyó el palacio; la Corte Internacional de Justicia (CIJ); la Academia de Derecho Internacional de La Haya; la Biblioteca del Palacio de la Paz y la propia Fundación Carnegie.
Fue allí donde este martes y miércoles se celebraron las audiencias sobre las medidas cautelares (provisionales, en el lenguaje de la CIJ), que México pretende se apliquen al Ecuador. El martes argumentó México su pedido y el miércoles los jueces escucharon la excelente refutación del Ecuador.
Téngase en cuenta que esta solicitud de medidas cautelares no es la demanda de México contra el Ecuador por el ingreso de la policía a su embajada para capturar al prófugo de la justicia Jorge Glas. Se derivan de ese acontecimiento, pero son cuatro acciones que el Gobierno mexicano quiere que la CIJ obligue al Ecuador a cumplir.
La futilidad del pedido mexicano quedó ampliamente demostrada en la respuesta ecuatoriana. Es que México pretende que el Gobierno ecuatoriano actúe de una manera en que ya lo está haciendo.
En efecto, el Gobierno del Ecuador no ha vuelto a entrar en el edificio de la misión mexicana ni en las residencias privadas de sus diplomáticos; está protegiendo y respetando esos espacios, sus bienes y archivos que se encuentran dentro, y México podrá, cuando lo desee, “despejar” esos locales y residencias.
No solo que esa es la actuación ecuatoriana, sino que, de manera expresa, como se demostró en la audiencia del miércoles, el país ha asegurado a México de manera solemne que seguirá respetando esos espacios. Lo hizo en una nota diplomática del 9 de abril, en otra del 19 y en las propias declaraciones del embajador Andrés Terán al inicio de la audiencia.
Y no ha sido el Ecuador el que busca “agravar o ampliar esta controversia”, como quiere impedir México. Ha sido México el que rompió relaciones, quiso boicotear la sesión del Consejo Permanente de la OEA y no ha hecho caso de los llamados de dicho organismo y de países amigos de que se busque arreglar las diferencias por medios pacíficos.
Por eso, una de las líneas argumentales del Ecuador, sostenida con énfasis y claridad por el profesor Murphy, miembro del equipo ecuatoriano, es que la CIJ ni siquiera tiene jurisdicción para resolver sobre las medidas provisionales solicitadas por México y, en consecuencia, no debe otorgarlas.
Basó su argumentación en que el artículo 2 del Pacto de Bogotá requiere que se lleven a la CIJ disputas que no pueden ser resueltas por negociaciones directas a través de los canales diplomáticos regulares. Y es México el que se ha opuesto a esas negociaciones mientras el Ecuador ha estado dispuesto a ellas, por lo que el primero no puede pedir la intervención de la Corte.
México no solo no ha entregado evidencia de que en buena fe ha intentado resolver la disputa, sino que, cuando se ve la secuencia de acontecimientos, se comprueba que no hubo negociaciones, mucho menos negociaciones directas, sobre la disputa.
Por eso, dijo Murphy, la solicitud de México fue simplemente prematura. ¿De qué quiere México que la CIJ lo defienda con medidas cautelares urgentes si Ecuador está diciendo que todo lo que pide está concedido y es México el que en ningún momento buscó sentarse a negociar?
Algunos comentaristas en redes sociales han cuestionado que el Ecuador esté gastando en abogados externos y que bastaría con pedir disculpas.
Eso sería si es que México estuviera dispuesto a aceptarlas y arreglar pacíficamente el problema, pero sigue exigiendo cosas más estrambóticas que el Palacio de la Paz. Por ejemplo, que se le entregue a Glas, un delincuente común condenado con dos sentencias en firme y con dos procesos en marcha.
Eso, por supuesto, es el objeto de la contrademanda del Ecuador, que no era el propósito de las audiencias de esta semana.
Pero es claro que, ni antes ni después del 5 de abril, México quiso oír los argumentos del Ecuador respecto a la ilegalidad de tener de “huésped” por tres meses a un condenado que debía presentarse cada semana ante las autoridades penitenciarias y que luego, por sentencia de la Corte Constitucional, debía regresar de inmediato a la cárcel porque su libertad provisional había sido concedida de manera ilícita (y ya sabemos que con dineros procedentes del narcotráfico, facilitados por el 'Patrón', como llamaban en el bajo mundo al traficante Leandro Norero).
Y es claro que algunas declaraciones presidenciales mexicanas, como las de que se estaba mandando un avión militar y de que se iban a llevar a Glas, “porque nos lo está pidiendo”, dieron pie a un cuadro de riesgo inminente de fuga, que no habría sido sino la culminación de toda la cadena de desafíos de México al derecho internacional y a la dignidad del Ecuador.
La historia recogerá que a México no le importó violar los convenios internacionales ni apoyar al Ecuador en su lucha contra la corrupción, en uno de los momentos más difíciles de su historia por la arremetida del crimen organizado.
De allí me indigna que los medios internacionales, en especial los europeos que han sido y son tan inexplicablemente favorables al correísmo, como el diario El País, sigan hablando de que Glas es “un político acusado de corrupción” y escamoteen la verdad: es un político condenado, y dos veces, por corrupción.
Suelen añadir, como para dizque equilibrar la información, que “él asegura que se trata de una acusación infundada”, cuando la verdad es que, aunque él puede asegurar lo que quiera, 10 jueces distintos, en juicios que contaron con todas las garantías y posibilidad de apelaciones que brinda la ley, consideraron que las acusaciones eran muy bien fundadas, tanto que lo condenaron en un caso a seis y en otro a ocho años de cárcel.
En fin, de todo lo que se dijo en la audiencia, me quedo con la frase del embajador Andrés Terán Parral: “Ecuador nunca protegerá a criminales que hayan hecho daño a los mexicanos”.
Porque en ella se resume todo: con elegancia, pero con claridad, le dice a México que eso es lo que estaba haciendo, protegiendo a un criminal que le hizo daño, y profundo daño, al Ecuador.
Y que este país está luchando por salir del pantano de la corrupción, por lo que tuvo que actuar en consecuencia, arriesgándose, con una acción excepcional, a ser condenado por todos aquellos que son cómplices de los corruptos. Los que no lo son, saben que el Ecuador se vio forzado a actuar para defender su dignidad.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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