La situación de las finanzas públicas en Ecuador se ha deteriorado significativamente. En los primeros cinco meses de 2023, los ingresos han caído casi 9% con respecto al mismo período de 2022. Mientras tanto, los gastos aumentaron 18%.
En consecuencia, el déficit fiscal de este año, que el Gobierno estimaba sea de 2% del PIB, se ampliaría a cerca de 4% del PIB, de acuerdo con diferentes analistas y bancos de inversión.
Para colmo, el actual Gobierno ha presentado una reforma tributaria, que reducirá aún más sus ingresos. Además, el Impuesto a la Salida de Divisas bajará a 2% a partir de 2024. Y, de ganar el SÍ en la consulta popular, caería la renta petrolera, que ya viene contrayéndose.
El escenario se complica por el financiamiento externo más costoso, una economía que se está desacelerando, y necesidades de gasto crecientes para enfrentar la inseguridad y los daños ocasionados por el fenómeno de El Niño.
El próximo Gobierno de transición enfrentará un desbalance fiscal muy complejo y deberá plantear alternativas para solucionarlo.
Algunas voces han propuesto reformar la Ley para permitir que el Banco Central (BC) utilice la reserva monetaria internacional y otorgue crédito al Gobierno para financiar el gasto público.
El argumento parecería sensato: se dice que es absurdo e insensible guardar más de USD 7.000 millones en la reserva, depositados en Estados Unidos y Suiza, a una ínfima tasa de interés, mientras que el pueblo sufre tantas penurias.
Antes de sumarnos a la euforia y alegremente echarles mano a dichos recursos, es importante reflexionar sobre sus consecuencias. Y nada mejor para ello que seguir la pista de los dólares, desde el bolsillo de los ecuatorianos hasta su destino final.
Supongamos que un ciudadano recibe USD 100 por un trabajo realizado o por una remesa enviada por un pariente desde el exterior. Va a un banco privado y los deposita en su cuenta.
El banco recibe el depósito e invierte alrededor de USD 80 en títulos valores o créditos para vivienda, ampliación de capital o consumo. Esta cifra tiene fines exclusivamente ilustrativos, pero es cercana a la realidad.
No presta la totalidad de los USD 100, porque sabe que el depositante en cualquier momento puede necesitar el dinero y retirar parte de sus depósitos.
Mantiene USD 20 en efectivo, inversiones líquidas, aportes al seguro de depósitos y fondo de liquidez para atender los requerimientos del público. De ellos, el banco deposita USD 7 en su cuenta en el Banco Central, que corresponden al encaje legal y excedentes de liquidez.
El Banco Central recibe estos depósitos de la banca, correspondientes a millones de personas y empresas, así como otros depósitos de instituciones públicas, los guarda en sus reservas externas y los administra con criterios de liquidez, seguridad y rentabilidad, en ese orden.
Al igual que la mayoría de bancos centrales en el mundo, los invierte en bonos con la más alta calificación de riesgo o depósitos en instituciones multilaterales, como Banco Internacional de Pagos (BIS).
Lo hace así porque sabe que, en cualquier momento, los bancos pueden requerir sus depósitos en el Banco Central para atender necesidades de importaciones, pagos de obligaciones externas o retiros de sus clientes.
¿Qué sucedería si el Banco Central utiliza esos recursos para dar crédito a un gobierno o, incluso, a empresas o instituciones financieras públicas, como sostienen algunas propuestas? Un reciente estudio concluye que "pondría en riesgo al sistema financiero público y privado, y a la propia dolarización".
¿Por qué? La intuición es clara: los ciudadanos, los bancos, las empresas privadas y las instituciones públicas podrían requerir sus recursos para realizar importaciones, pagar deudas o cualquier otro gasto exterior.
En caso de no disponer de liquidez suficiente, el Banco Central tendría que cobrar dichos créditos para atender estas obligaciones. Pero, si el fisco no tiene recursos, entonces tampoco podría honrar sus compromisos.
Sería incluso peor si se permite prestar a empresas o a la banca pública. Imagínese si el Banco Central hubiese dado crédito a Tame o a Correos Nacionales, instituciones recientemente liquidadas.
En otras palabras, no podría devolver parte de los USD 100 del depósito que inició esta historia. Por eso, el ciudadano debe mirar con preocupación estas propuestas, pues amenazan sus recursos.
Si los agentes económicos perciben esta debilidad, podrían adelantarse y retirar sus depósitos antes de que se esfumen. Se incubaría una crisis en el sistema financiero y de pagos.
El punto focal es la confianza en el sistema monetario. Si hay dudas sobre su sostenibilidad, el riesgo de un ataque especulativo aumenta.
Hay analistas que sostienen que, en la década anterior, el Banco Central dio crédito al Gobierno y nada de esto sucedió. Por fortuna, la estabilidad en el sistema financiero y la propia dolarización se mantuvieron, pero el país caminó por el filo de la navaja.
Para evitar estos riesgos, el nuevo Código Orgánico Monetario y Financiero suspendió la capacidad de financiamiento del Banco Central al Gobierno y estableció un calendario de pagos de las deudas adquiridas en la década anterior.
Los pagos se han venido realizando con normalidad y han fortalecido el balance del Banco Central. Es importante continuar haciéndolo. Si acaso, dada la concentración de amortizaciones en los próximos dos años, se podría suavizar el cronograma de cancelación de dichos créditos.
Sin embargo, permitir que se eche mano al Banco Central para financiar el déficit público es una mala idea, que debilitaría al sistema monetario y la capacidad de devolver los dólares depositados por los ciudadanos.
Los problemas fiscales tienen que ser enfrentados con políticas fiscales y no con riesgosas ilusiones monetarias, en especial en economías dolarizadas como Ecuador.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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