Las filtraciones de audios que revelan una supuesta red de corrupción alrededor de las empresas públicas han generado llamados a comparecencia en la Asamblea. Los legisladores incluso analizan la posibilidad de crear una comisión ocasional que indague el caso.
La Asamblea es una de las instituciones que ha reaccionado a la filtración de audios que demostrarían el funcionamiento de una red de corrupción entre el Ejecutivo y las empresas públicas.
Este sería un nuevo intento del Legislativo de 'golpear' a la Presidencia, después de que no lograra hacerlo con la investigación de los Pandora Papers.
La Comisión de Justicia es la que primero puso el tema en la agenda legislativa. Esta comisión recibió la semana pasada la comparecencia del secretario de la Administración Pública, Iván Correa.
Para este miércoles 18, esa misma Comisión convocó a nuevos funcionarios para que comparezcan y den explicaciones sobre el caso:
- Luis Verdesoto, secretario anticorrupción de la Presidencia.
- Antonio Icaza Morla, gerente de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).
- Oswaldo Rosero, gerente de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).
Pero además, la Asamblea analiza la posibilidad de crear una comisión ocasional para que investigue este caso. Algo similar ya ocurrió en el caso del femicidio de María Belén Bernal, en el que el Pleno integró una comisión multipartidista.
Esteban Torres (PSC) aseguró que la Asamblea está llamada a investigar en lo político. Por ello, en el Pleno de este miércoles 18, se ha propuesto un cambio del orden del día para crear esta comisión ocasional multipartidista.
"Creemos que debe haber independencia, no persecución, en una investigación tan grande para el país. Así como se critica que la Asamblea le cueste USD 50 millones al año, en cuatro empresas públicas se reparten USD 14.000 millones", aseguró Torres.
La comisión ocasional tendría cinco miembros, que se definirán en la sesión del Pleno.
El contexto
Los llamados de la Asamblea se dan después de que el presidente Guillermo Lasso anunció que dispuso a la Policía la localización de Hernán Luque y Rubén Cherres, quienes en los audios supuestamente pedirían dinero a cambio de otorgar cargos en las empresas públicas.
La disposición del Mandatario fue ratificada por sus ministros en rueda de prensa.
Días antes, Lasso salió en defensa de su cuñado, Danilo Carrera, uno de los principales señalados en la filtración.
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