La Comisión de Fiscalización pedirá al Pleno que decida quién será el ponente del proceso contra el exministro René Ortiz. En la agenda de esa mesa están también los juicios contra el contralor Pablo Celi y el exministro Richard Martínez.
La Asamblea todavía trabaja para ordenar el trabajo represado que recibió del anterior período, entre el que se encuentran los pedidos de juicio político que estaban en la anterior Comisión de Fiscalización.
Pero el problema está en que uno de estos procesos, el primero que deberá tramitarse, se quedó sin interpelantes.
De entrada, esta mesa legislativa deberá tramitar tres juicios políticos heredados, contra:
- René Ortiz, exministro de Energía, planteado por los exasambleístas Mercedes Serrano y Dennis Marín, del PSC.
- El contralor Pablo Celi, detenido en la Cárcel 4, planteado por el legislador Juan Cristóbal Lloret, de UNES.
- Richard Martínez, exministro de Finanzas, que tiene cinco pedidos de juicio político, calificados por el Consejo de la Administración Legislativa (CAL), en septiembre de 2020.
La agenda comenzará a la fuerza por el de Ortiz. La anterior Comisión de Fiscalización, dirigida por Elio Peña (PK), calificó el pedido el 12 de mayo pasado. Con esto, oficialmente comenzaron a correr los plazos legales.
Pero es imposible para la actual mesa de Fiscalización comenzar de inmediato, pues no hay, de momento, una salida jurídica para desentrampar este proceso de investigación.
El juicio contra Ortiz: sin interpelantes y fuera de plazo
La Comisión de Fiscalización se reunió este 7 de junio de 2021 para conocer el criterio jurídico no vinculante de la Secretaría Jurídica de la Asamblea sobre el juicio político contra el exministro René Ortiz.
Este enfrenta dos problemas. El primero es que su calificación se dio un día antes de que esa Asamblea culminara sus labores, por lo que los plazos legales ya vencieron sin ningún trámite. El segundo es que los asambleístas Marín y Serrano no fueron reelectos, es decir que este pedido de juicio político se quedó sin interpelantes.
La ley no contempla una situación similar a esta. Por lo que la decisión que la Comisión tomó es elevarla al Pleno de la Asamblea, para que todos los legisladores voten por dos cosas:
- La posibilidad de suspender los plazos sobre el juicio político contra Ortiz.
- La designación de un nuevo asambleísta ponente de este proceso de fiscalización.
El tema de los plazos es crucial, pues los legisladores de Fiscalización consideran que es más importante, de momento, comenzar con el juicio político contra el contralor Pablo Celi. Suspender el trámite del proceso contra Ortiz les permitiría priorizar los procesos de acuerdo a su criterio y no al de la anterior comisión.
De no ser posible, tendrán que acabar el proceso contra Ortiz para comenzar con el de Celi. La Ley Orgánica de la Función Legislativa no contempla la posibilidad de tramitar dos juicios políticos al mismo tiempo.
Los juicios contra Richard Martínez, entrampados
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, aseguró que la presidencia de la Asamblea le informó que hay solamente dos procesos de juicio político pendientes: contra Ortiz y contra Celi. Lo que deja en el limbo a los procesos planteados, y ya calificados por el CAL, en contra del exministro de Finanzas Richard Martínez.
Esto generó el reclamo de Juan Cristóbal Lloret, uno de los interpelantes de Martínez. De los cinco pedidos de juicio político contra Martínez, el más antiguo data de julio de 2019, planteado justamente por Lloret y el exlegislador Joffre Poma.
Sin embargo, el expresidente de la Asamblea, César Litardo, recién los puso en agenda del CAL para su aprobación en septiembre de 2020. Y desde entonces, Fiscalización nunca avocó conocimiento.
Este proceso fue relegado de tal manera que, entre su calificación y la actualidad, se tramitaron otros dos procesos más nuevos: contra el exministro del Trabajo, Andrés Isch, y contra el exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos.
Por esta razón, Villavicencio aseguró que pedirá a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, que remita toda la información sobre este proceso para ponerlo en agenda. Los ministros pueden ser enjuiciados políticamente hasta un año después de dejar su cargo; es decir que habría plazo hasta octubre de 2021, cuando se cumple un año de la renuncia de Martínez.
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