El correísmo abandera el tercer intento para destituir a la fiscal Diana Salazar
Entre mayo y noviembre de 2023 desde la Judicatura, el CPCCS y, ahora, desde la Asamblea, se ha buscado la destitución de la fiscal Diana Salazar.
Diana Salazar, fiscal General del Estado, asistió a la posesión del presidente Daniel Noboa, el 23 de noviembre de 2023, en Quito.
Daniel Molineros / API
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Apenas 10 días después de su posesión, la asambleísta por la Revolución Ciudadana (RC), Gisella Garzón, mostró la prioridad en la agenda fiscalizadora de su bancada. La legisladora presentó una solicitud de juicio político contra de Diana Salazar, fiscal General del Estado.
Aunque todavía no se ha hecho pública la argumentación que acompaña el pedido, la Ley de la Función Legislativa (LOFL) establece que el juicio político procede únicamente por el incumplimiento de las funciones constitucionales y legales de las autoridades.
En el caso de la Fiscal General, sus funciones son:
- Representar judicial y extrajudicialmente a la Fiscalía General.
- Determinarlas las políticas institucionales.
- Expedir reglamentos internos, instructivos, circulares, manuales y procedimientos.
- Dirigir la administración de los recursos financieros de la Fiscalía.
- Autorizar el gasto de la Fiscalía y asignar montos de gasto a las unidades administrativas.
- Expedir y mantener actualizado el Reglamento Orgánico Funcional.
- Celebrar los contratos necesarios para el funcionamiento institucional.
- Celebrar convenios de cooperación.
- Elaborar la propuesta presupuestaria y la programación presupuestaria cuatrianual.
- Preparar proyectos de ley o de reglamento en las materias relacionadas.
- Preparar proyectos de estándares de calidad y eficiencia para los servicios institucionales.
- Presentar a la ciudadanía, a la Asamblea Nacional y al Consejo de la Judicatura un informe anual
de labores
- Presentar denuncias y quejas ante la Corte Constitucional o el Consejo de la Judicatura, por falta
de despacho o cualquier otro acto violatorio de la ley.
La Constitución establece que la Asamblea puede censurar y destituir a las máximas autoridades de 15 instituciones del Estado. Entre estas está la Fiscalía. Para hacerlo se requieren 70 votos del Pleno del Parlamento.
A excepción de las autoridades del Consejo Nacional Electoral y Tribunal Electoral y del Consejo de la Judicatura, para cuya destitución se necesitan 92 votos.
Al momento, el correísmo tiene 51 votos, por lo que le faltarían 19 para lograr su gran objetivo. Aunque también hace falta que el juicio llegue al Pleno, para lo que primero tiene que pasar los controles del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y la Comisión de Fiscalización, controlada por el correísmo.
Tres intentos contra Salazar
La bancada política del correísmo lidera el tercer intento, en seis meses, para la destitución de la fiscal Diana Salazar. Previamente, ya hubo dos propuestas fallidas desde otras entidades del Estado.
Estos fueron los otros dos intentos:
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La resolución fallida en la Judicatura
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La noche del 29 de mayo de 2023, Salazar alertó sobre la existencia de un informe listo para suspenderla de su cargo de manera cautelar. Es decir, como un paso previo para una eventual destitución. A través de su cuenta de Twitter, la Fiscal denunció que este informe fue "elaborado de forma maliciosa" por la Judicatura para arrogarse funciones y suspenderla. El informe indicaba que Salazar podría haber accedido a su cargo "valiéndose de posibles artimañas en el acto de presentación de los documentos para el respectivo proceso de selección". Esa misma noche, la Judicatura debió reunirse para votar y aprobar ese informe. Pero no hubo el quórum correspondiente. Tras el reclamo público de la fiscal Salazar, la intención se diluyó y la suspensión no se emitió.
Los vocales de la Judicatura Juan José Morillo y Ruth Barreno (derecha), junto al presidente Wilman Terán, durante una reunión con la Federación Latinoamericana de Magistrados, el 16 de febrero de 2023, en Quito.Twitter / @CJudicaturaEc - 2
El CPCCS correísta a escena
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Días antes de esa polémica intención de la Judicatura, en el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) se había posesionado una conformación con mayoría correísta. Por lo que Alembert Vera, exabogado de Rafael Correa, fue designado presidente. El 30 de mayo de 2023, el CPCCS empezó a 'investigar' a la Fiscal General por un supuesto plagio en la tesis con la que se recibió de abogada. Al final, la Universidad Central descartó esa irregularidad. Pero, Vera no se detuvo ahí. Tras acatar un polémico fallo judicial, el político convocó a la conformación de una veeduría ciudadana para analizar al CPCCS Transitorio, que presidió Julio César Trujillo, y que nombró a Salazar. Ese intento le valió a Vera la destitución, en manos de la Corte Constitucional (CC), que recordó que las decisiones del Transitorio no pueden ser revisadas.
Alembert Vera (centro), presidente del CPCCS, deberá presentar un informe pormenorizado de su actuación en la conformación de veeduría ante la Corte Constitucional. CPCCS
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