Una ley archivada y acusaciones a mansalva, ¿preámbulo de la muerte cruzada?

Dentro y fuera del Palacio de Carondelet, crece la expectativa frente a las próximas decisiones del presidente Guillermo Lasso. Con un decreto ejecutivo, el Mandatario podría disolver la Asamblea Nacional -aplicando la 'muerte cruzada', por una supuesta obstrucción "reiterada e injustificada" del Plan Nacional de Desarrollo- tras el archivo del proyecto de Ley de Inversiones.

El silencio del Ejecutivo, el 25 de marzo, solo hizo que las apuestas sobre el futuro político y administrativo del país florezcan. Tras las puertas del Palacio, los funcionarios debatían las posibles acciones y sus escenarios.

De eso dependía el mensaje a la Nación que daría el Mandatario, cuyo contenido, fecha y hora cambiaron constantemente durante el viernes 25 de marzo. Sin certeza alguna, los dos únicos representantes gubernamentales que hablaron públicamente no confirmaron ni descartaron nada.

Se espera que el lunes el Gobierno de a conocer lo que planea hacer en este nuevo escenario.

Preámbulo de una posible muerte cruzada

El Gobierno ha venido descartando la tesis de una muerte cruzada durante las últimas semanas. Especialmente a través de su único vocero político, Juan Manuel Fuertes, el subsecretario de Gobernabilidad, del Ministerio de Gobierno.

El mismo Jefe de Estado había dicho que, aunque es una opción legal, no estaba en los planes del Gobierno, que privilegiaba la búsqueda de diálogos. El escenario cambió radicalmente el 24 de marzo.

Ese día la Asamblea Nacional negó y archivó el proyecto de ley de Inversiones del Ejecutivo. Aunque ese era el resultado con mayor probabilidad, una hora antes de la votación, el presidente Lasso arremetió contra la Izquierda Democrática y contra su líder Xavier Hervas, a quien acusó de supuesta evasión de impuestos.

Las declaraciones de Lasso no fueron bien recibidas en el Legislativo.

Luego, la votación en el pleno ratificó que el Gobierno no tiene espacio de maniobra en la Asamblea: apenas logró 46 votos a favor del proyecto de ley, mientras que 87 legisladores aprobaron y festejaron el archivo del mismo.

Una hora después, el presidente Lasso respondió con un vídeo en redes sociales. Durante 132 segundos, se observa al Primer Mandatario hablar con alguien y en la conversación acusa a los legisladores de ser "ladrones y corruptos", algo que "hay que decirlo claro", advierte.

La explicación del Jefe de Estado es que el proyecto de ley de Inversiones fue rechazado porque su Gobierno no cedió ante los chantajes de otras fuerzas políticas ni ante la corrupción.

Lasso ratificó que hubo asambleístas que pidieron "hospitales, empresas eléctricas, ministerios, a cambio de su voto".

¿A dónde apunta el Ejecutivo?

Las opciones son dos: disolver la Asamblea o continuar pese a la rotunda oposición. El primer escenario es el que más acogida tiene entre las filas del Gobierno e incluso se menciona dentro del mismo Legislativo, donde dicen no temer a enfrentarse, nuevamente, a las urnas.

Si Lasso firma el decreto ejecutivo de muerte cruzada, el Parlamento se disuelve y cerrará sus puertas hasta que se elijan nuevos representantes. La muerte cruzada por obstrucción no requiere del control de la Corte Constitucional, así que su aplicación es inmediata.

Entonces, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tendrá siete días para convocar a elecciones anticipadas, presidenciales y legislativas, que deberán llevarse a cabo en un plazo de 90 días, según lo establecido en el artículo 87 del Código de la Democracia y en el artículo 50 de la Ley de la Función Legislativa.

Sin embargo, después de las votaciones empieza el conteo de votos y pueden interponerse recursos, que deben seguir su curso hasta que el CNE proclame resultados y las nuevas autoridades tomen posesión para lo que restaría del periodo 2021-2025.

Para el analista político y catedrático, Santiago Basabe, la muerte cruzada no es un escenario favorable para el Ejecutivo, ya que Lasso puede no contar con el capital político para sobrevivir a una nueva elección presidencial.

Y sostiene que el Gobierno sí tiene opciones más allá de la disolución parlamentaria, como:

• Gobernar vía decretos y política pública.
• Tramitar con la Asamblea temas que no generen demasiada tensión.
• Reordenar el gabinete ministerial.

No es un escenario muy bueno, pero siempre es posible hacer alguna cosa.

Santiago Basabe, analista político

Sin embargo, Basabe explica que esto será difícil por varios factores. Uno de ellos es, precisamente, el efecto de las últimas declaraciones de Lasso, que sacudieron la relación que podía tener con el partido socialdemócrata, Izquierda Democrática (ID), y con el movimiento indígena, Pachakutik.

Y advierte que el cruce de acusaciones entre Lasso y Hervas no puede "quedarse ahí", ya que uno de los dos está mintiendo y eso va a tener un costo en una posible campaña electoral anticipada.

Y agrega que el Presidente debería poner la denuncia sobre los supuestos intentos de chantaje o la Fiscalía debería actuar de oficio.

Para Basabe, el problema del Gobierno es que no tiene un partido estructurado, lo que le dificulta contar con operadores políticos, no solo en la Legislatura, sino también con los gobiernos seccionales y ante las organizaciones sociales.

El equipo presidencial tiene dos debilidades "fundamentales" en opinión de Basabe: una es que la mayoría de sus cuadros vienen de la empresa privada, que tiene una dinámica distinta a la del sector público.

Y, dos, que "muchos de ellos son personas que no creen en el Estado o que consideran que el Estado debe tener un papel mínimo".