Leyes pendientes, protestas y designación de autoridades en 2022

Debido a los problemas en las diferentes autoridades de control y dentro del mismo Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), 2022 será un año clave para los concursos de oposición y méritos de seis instituciones:

• Corte Constitucional
• Consejo Nacional Electoral
• Tribunal Contencioso Electoral
• Defensoría Pública
• Defensoría del Pueblo
• Contraloría General del Estado

Los alcaldes, prefectos y miembros de las juntas parroquiales que fueron electos en 2017 cumplirán sus cuatro años de mandato en 2023. Es decir que este 2022 será un año preelectoral. El Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá fijar el calendario en los primeros meses. Con los plazos establecidos en el reformado Código de la Democracia, es probable que la inscripción de candidaturas sea entre agosto y octubre. Con las seccionales en mente, los movimientos y partidos políticos deberán comenzar el año con la búsqueda de sus futuros candidatos. Tal como sucedió antes de las presidenciales, están obligados a realizar procesos de selección internos y notificarlos ante el CNE. Los ecuatorianos escogerán en 2023 a los nuevos 221 alcaldes, 21 prefectos y viceprefectos, 1.350 concejales y más de 4.000 miembros de juntas parroquiales. Además, en las seccionales deberá incluirse la renovación total de los siete consejeros del Cpccs, que cumplen sus cuatro años en 2023 (fueron escogidos en las seccionales de 2019). Por esto, su planificación también comenzará en 2022. En este caso, la promoción de las candidaturas es fuera de los partidos políticos, por lo que dependerá monetariamente solo de los fondos asignados por el CNE.

Las organizaciones sociales tradicionales sostienen que 2022 será el año de la resistencia. Las agrupaciones que componen el Frente Popular y el Frente Unitario de Trabajadores anunciaron movilizaciones para el 19 de enero. El objetivo es protestar contra las políticas del presidente Guillermo Lasso, especialmente defender los sectores estratégicos del Estado frente a posibles privatizaciones o concesiones. Además en ese mismo mes está pendiente el inicio de las medidas de hecho anunciadas por el movimiento indígena. El consejo ampliado de la Conaie decidió protestar para exigir el cumplimiento de los seis puntos acordados con la Feine, el Frente Popular y la Fenocin y que el gobierno ofreció analizar. El Ejecutivo nunca dio la respuesta oficial que ofreció para el 1 de diciembre a dichas agrupaciones sobre el precio de los combustibles y su subsidio.

El presidente Guillermo Lasso ha ofrecido públicamente una serie de leyes que deberán ir llegando para su trámite en la Asamblea. El futuro de estas propuestas dependerá de la habilidad de negociación con el Legislativo. Según el Gobierno, la primera ley que llegará a la Asamblea en 2022 será la propuesta para atraer inversiones. Después llegaría la reforma laboral, cuya negociación será especialmente complicada. Lasso también ha anunciado otros proyectos:

• Una ley para reestructurar el sistema de rehabilitación social.
• La ley para el derribo de naves irregulares.
• Un proyecto para la defensa de los miembros de la Fuerza Pública.
• Las reformas ofrecidas en campaña, entre ellas a la Ley de Educación Intercultural.

La actual Asamblea deberá comenzar 2022 con el pie en el acelerador, después de la poca producción legislativa del año que cierra. En este, apenas aprobaron cinco leyes cuyo segundo debate se dio en el actual período legislativo. Los plazos corren especialmente para una propuesta: la Ley para el aborto en casos de violación. Además, están pendientes dos proyectos presentados por Lasso: la Ley para la Libertad de Expresión y las reformas a la Ley de Educación Superior; ninguna de ellas ha llegado aún al primer debate. La Asamblea tiene además pendientes tres enmiendas constitucionales:

• Para el cambio en la elección de Gobierno de Galápagos.
• Para la modificación en el financiamiento del Presupuesto General del Estado.
• Y para los votos de la ratificación legislativa ante los vetos ejecutivos.