Testigo protegido del caso Villavicencio ya podría salir del país
Para precautelar su vida, la Fiscalía solicitó que se revoquen las medidas alternativas que pesaban en contra del testigo protegido del caso Villavicencio.
Fernando Villavicencio, excandidato presidencial, durante un evento de campaña, el 7 de agosto de 2023.
Facebook / Fernando Villavicencio
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Por solicitud de la Fiscalía General, el juez Renán Andrade revocó todas las medidas cautelares que pesaban contra del testigo protegido del caso por el asesinato de Fernando Villavicencio.
Esta persona no es parte del proceso por la muerte del político, sino que está procesado por delincuencia organizada en una causa de microtráfico de droga en Quito, relacionada con la banda narcodelictiva Los Lobos.
Este caso tiene alguna relación con la muerte de Villavicencio, ya que la cabecilla de este grupo de microtraficantes, Laura C., también está procesada por el asesinato. Además, un vehículo y una moto que eran usados por esta banda también se relacionan con la escena del crimen del exasambleísta.
Además, esta persona rindió un testimonio anticipado en el caso Villavicencio. En esta versión, según han revelado varias personas que eran cercanas al político, este sujeto habría señalado a los presuntos autores intelectuales del asesinato. Por eso se convirtió en testigo protegido.
Por la causa de delincuencia organizada, el juez Andrade había dispuesto que el testigo se presente tres veces por semana en la Fiscalía, no pueda salir del país y que porte un grillete electrónico.
Sin embargo, el 10 de octubre de 2023, la Fiscalía pidió al magistrado que revoque esas medidas. En su argumentación, el Ministerio Público señaló que la vida del testigo podría estar en riesgo, "ya que lo podrían estar vigilando".
Esta decisión de la Fiscalía se dio luego de que entre el 6 y 7 de octubre de 2023, siete de los 13 procesados como autores materiales del asesinato de Villavicencio fueron asesinados en dos cárceles del país.
El juez dio paso a esa solicitud. Ahora, esta persona ya no tiene medidas cautelares, sino que forma parte del Sistema de Protección a Víctimas y Testigos que dirige la Fiscalía. Por lo que su identidad y ubicación tienen reserva.
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