Procedimientos abreviados, testimonios anticipados, protección de testigos. Los procesados en el caso Metástasis se acercan a la Fiscalía para obtener beneficios a cambio de colaboración.
En 24 días terminará la instrucción fiscal del Caso Metástasis, que ya tiene a 52 personas procesadas por presunta delincuencia organizada. Según la Fiscalía, todos habrían pertenecido o colaborado con una estructura de delincuencia organizada encabezada por el narcotraficante Leandro Norero.
Sobre la base de miles de chats encontrados en los teléfonos celulares que Norero -señalado por narcotráfico y lavado de activos- manejaba desde la cárcel de Latacunga, la Fiscalía ha armado una teoría del caso.
Desde esa prisión, 'El Patrón' conversó con abogados, policías, funcionarios públicos, jueces, fiscales, socios y otros personajes con influencia. Su objetivo era buscar la impunidad para él y su familia a cambio del pago de sobornos y la planificación de atentados y amenazas.
A menos de un mes de que concluya la etapa investigativa y de que la Fiscalía presente su acusación oficial, para que el juez Felipe Córdova decida cuántos de los 52 procesados van a juicio, varios de ellos 'coquetean' con la posibilidad de colaborar con la justicia y acceder a la rebaja de una eventual pena.
Mayra Salazar: Manuscritos, protección y testimonio
Uno de los puntos centrales de la trama del caso Metástasis es Mayra Salazar, quien fue asesora de comunicación de Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte del Guayas, y, además, mantenía una relación sentimental con Norero, a quien lo ayudaba para gestionar fallos favorables.
Tras su detención por este proceso, la Fiscalía accedió al teléfono de Salazar, donde se hallaron otros miles de mensajes y chats. Estas conversaciones dieron paso al caso Purga, en el que se investiga la corrupción en la justicia dl Guayas, más allá de la red de Norero.
Salazar fue la primera de los procesados en acercarse a la Fiscalía. El 16 de febrero de 2024, su abogado entregó una agenda con manuscritos que aportarían información para el caso.
Además, desde mediados de febrero de 2024, Mayra Salazar solicitó rendir una versión para aportar información. Sin embargo, esa diligencia no se ha concretado, ya que la implicada denunció amenazas contra su vida.
Por esta razón, el 17 de marzo de 2024, la Fiscalía anunció que Salazar fue incluida en el Sistema de Protección a Víctimas y Testigos. Además, solicitó fecha y hora para que Salazar rinda un testimonio anticipado.
Dependiendo de la información que entregue, podría acogerse a un acuerdo de cooperación eficaz, que a la postre podría significar una rebaja en su pena.
Dos policías aceptarán el delito
El 8 de marzo de 2024, Lenin Mazón y Gabriel García, dos agentes policiales procesados en el caso Metástasis, presentaron un escrito en la Fiscalía y en la Corte Nacional de Justicia en el que solicitaron acogerse al procedimiento abreviado.
Mazón era el oficial a cargo del Distrito de Samborondón, donde estaba la casa que incautaron a Norero. A cambio de sobornos, el agente habría dado seguridad a esa vivienda y sus bienes para evitar la incautación.
Mientras que García, quien era perito informático, estaría involucrado en la modificación de evidencias.
Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el procedimiento abreviado es un juicio rápido, en el que los procesados admiten el cometimiento del delito por el que son señalados y a cambio reciben una pena menor.
Este tipo de procedimiento debe ser propuesto por la Fiscalía, entre la audiencia de formulación de cargos y la preparatoria de juicio, etapa que viene luego de la instrucción fiscal. Además, debe ser aceptado por el juez a cargo, en este caso, Felipe Córdova.
Además, la reducción la pena dependerá de una negociación entre la Fiscalía y los procesados. En estas conversaciones, se tomarán en cuenta los hechos imputados y admitidos.
También se considerarán las atenuantes, incluyendo la denominada trascendental. Según el COIP, se trata de los datos o Informaciones precisas, verdaderas, comprobables y relevantes para la investigación que entreguen los procesados. Es decir, la colaboración.
Aleaga y Garzón ofrecen información
El 15 de marzo de 2024, la fiscal Diana Salazar vinculó al último grupo de 15 personas al caso Metástasis. En la lista resaltan los nombres de Ronny Aleaga, exasambleísta por la Revolución Ciudadana; y Claudia Garzón, excomisionada de Pacificación Carcelaria durante el gobierno de Guillermo Lasso.
En los chats entre Norero y su supuesto socio, Xavier Jordán, Alega es identificado como 'El Ruso'. La Fiscalía lo señala como el operador político de la estructura delictiva y el encargado de silenciar a sus adversarios, por ejemplo, a Fernando Villavicencio, según Fiscalía.
Mientras que Garzón, que fue parte de la Comisión de Pacificación en la misma época en la que Norero estuvo preso, es procesada por presuntamente gestionar favores para que el narcotraficante tenga beneficios al interior de prisión.
Aunque no lo han hecho de manera oficial, durante la audiencia de vinculación, Aleaga y Garzón dieron muestras de su intención de colaborar con la justicia.
"Sé que con la información que puedo aportar al caso va a ser de importancia muy grande", dijo Aleaga durante su intervención, luego de pedir públicamente a las autoridades que le permitan comparecer de manera segura al proceso penal. Es decir, desde el extranjero.
Mientras que Garzón, durante el minuto que intervino en esa diligencia, indicó que "puedo aportar evidencias y pruebas que la investigación hasta el día de hoy no las tiene, las tengo yo".
Lo último