Hace un año, María Belén Bernal fue asesinada en la Escuela Superior de Policía. Su asesino fue condenado, pero no todos los cambios anunciados para la institución se concretaron.
Uno de los dormitorios del cuarto piso del edificio de oficiales de la Escuela Superior de Policía (ESP) fue el escenario del crimen. En la madrugada del 11 de septiembre de 2022, María Belén Bernal fue asfixiada con una llave de artes marciales.
Ese edificio es el denominado Castillo de Grayskull, donde duermen los instructores de la ESP. Justamente, uno de los instructores era Germán Cáceres, el esposo de Bernal. Él la asesinó y después la enterró en el Cerro Casitagua, donde el cuerpo fue hallado luego de 10 días.
Las condiciones de ese crimen causaron conmoción en el país. Una mujer fue asesinada por un oficial e instructor de a Policía Nacional, al interior de una dependencia policial, luego su cuerpo fue sacado de ese lugar y enterrado. Además, Cáceres logró huir.
Por esta razón, las autoridades públicas de Ecuador realizaron varios ofrecimientos a nivel judicial, político e institucional. La promesa: que se genere un precedente y que este tipo de casos no vuelvan a ocurrir.
La máxima pena para Cáceres
El aspecto judicial es el que más resultados arrojó en torno al caso de María Belén Bernal. El 26 de mayo de 2023, Germán Cáceres fue sentenciado a 34 años y ocho meses de prisión, que los cumple en la Cárcel 4 de Quito.
Tras el asesinato de su esposa y esconder el cuerpo, Cáceres tomó su motocicleta y se fue hacia Colombia. En ese país, con una identidad falsa y se refugió en el poblado de Palomino, cerca de la frontera con Venezuela.
El 30 de diciembre de 2022, Cáceres fue capturado por agentes colombianos y estadounidenses, en coordinación la Policía de Ecuador.
Inicialmente, el expolicía fue recluido en la Cárcel de Máxima Seguridad La Roca, en Guayaquil. Sin embargo, debido a un motín que causó la muerte de varios presos, fue reubicado en la prisión capitalina.
En medio del proceso penal, la Fiscalía y Elizabeth Otavalo -madre de Bernal- pidieron la máxima pena para Cáceres. El Tribunal Penal a cargo del caso concedió esa solicitud. Además, se dictaron varias medidas de reparación integral que aún no se han cumplido.
Por ejemplo, Cáceres debe pagar USD 450.000 de multa y USD 234.600 de reparación a la familia de la abogada asesinada. También, la Escuela de Policía debe crear la medalla María Belén Bernal y entregarla a la cadete mujer mejor egresada de cada promoción.
Sin embargo, ese fallo aún no está en firme. La familia de Bernal apeló esa decisión, ya que -si bien se declaró culpable a Cáceres- se ratificó la inocencia de Alfonso Camacho, subteniente de la Policía que estuvo de guardia en la ESP, la madrugada del asesinato.
Otavalo considera que Camacho es culpable por omisión, porque habría escuchado los gritos de auxilio de Bernal, pero no reportó ni actuó sobre los hechos.
La tercera procesada en este caso fue la cadete Joselyn Sánchez, quien habría tenido una relación sentimental con Cáceres. La mujer inicialmente dijo que habría escuchado parte del crimen. Pero, finalmente, se retractó de esa declaración y fue sobreseída antes del juicio.
Enfoque de género transversal
Apenas estuvo confirmado el asesinato de Bernal al interior de la ESP, la Policía Nacional reestructuró esa institución educativa. Oficiales mujeres fueron puestas al mando de la Escuela, con Irany Ramírez a la cabeza.
Por iniciativa propia y ahora también por mandato judicial, la Policía se comprometió a cambiar el modelo educativo y rearmar la malla curricular para que los oficiales se instruyan con enfoques de género y derechos humanos.
A días del primer aniversario del asesinato de María Belén Bernal, PRIMICIAS conversó con Fausto Tapia, director subrogante de la ESP. El oficial confirmó que estos cambios ya se han implementado.
Los oficiales de la Policía no solo se gradúan de subtenientes, sino que a la par cursan una licenciatura en la Universidad Central del Ecuador. En la malla curricular de esa carrera se han incluido materias de derechos humanos y de enfoque de género, que están de manera transversal en toda la carrera.
Otro de los ofrecimientos fue el derrocamiento del denominado Castillo de Grayskull para reemplazarlo con un nuevo edificio, más inclusivo. Esto todavía no se ha concretado, ya que una orden judicial impide que este edificio sea alterado; incluso, el cuarto piso se mantiene cerrado y con custodia policial.
Imagen del bloque 3 (conocido como Castillo de Grayskull) en la Escuela Superior de Policía, el domingo 10 de septiembre de 2023. Cortesía / ESP
Los exalumnos de Germán Cáceres ya están en cuarto año, y en marzo de 2024 se graduarán de oficiales. Esta generación ha recibido apoyo psicológico para superar el crimen que marcó su preparación.
Quien no podrá graduarse será Joselyn Sánchez, puesto que luego de estar tres meses detenida, la Universidad Central declaró la pérdida del semestre y, por este motivo, también recibió la baja de la ESP.
Una reestructuración que nunca llegó
Tras el hallazgo del cuerpo de María Belén Bernal, asesinada en la Escuela Superior de Policía (ESP), el presidente Guillermo Lasso anunció una reestructuración en la cúpula policial. Este cambio, supuestamente, se inició con la destitución de dos generales.
Además, en ese momento Lasso cambió a la cabeza política de la Policía. Patricio Carrillo dejó el Ministerio del Interior y en su lugar se nombró a Juan Zapata, quien se mantiene en el cargo hasta este momento.
Los generales 'destituidos' fueron Freddy Goyes y Giovanni Ponce. Sin embargo, esa decisión nunca se cumplió. Goyes y Ponce siguieron en funciones.
Recién en marzo de 2023, Ponce salió de la entidad policial junto con otro general, Mauro Vargas. Pero su separación no tuvo que ver con el caso Bernal, sino con la trama denominada León de Troya, que se refiere a una investigación de narcotráfico, que habría sido ocultada deliberadamente.
Otro perfil que estuvo en la mira fue el de Fausto Salinas, comandante General de la Policía. Lasso le dio el plazo de una semana para que capturara a Germán Cáceres. Ese plazo no se cumplió, pero Salinas sigue en funciones.
El Primer Mandatario también pidió al mando policial y a casi 300 oficiales su baja firmada por adelantado. Tras una evaluación, el Presidente decidiría quiénes continuarían en la Policía. Lo que tampoco ha pasado.
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