Corte declara constitucional el nuevo estado de excepción en 10 provincias y tres cantones de Ecuador
La Corte Constitucional avaló el estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa el 16 de junio de 2026, que rige en 10 provincias y tres cantones del país.
Fotografía referencial de un operativo policial en Guayaquil.
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@PoliciaEcZona8
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Luego de 10 días de que el presidente Daniel Noboa decretara el estado de excepción en Ecuador mediante el Decreto 423, la Corte Constitucional lo declaró constitucional. La medida rige en 10 provincias y tres cantones del país.
Desde el 16 de junio de 2026, el estado de excepción se aplica en Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay, además de los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves (Bolívar) y La Troncal (Cañar).
Durante 60 días, en estas jurisdicciones habrá un despliegue especial de militares y policías, autorizados para realizar allanamientos inmediatos, intervenir comunicaciones y requisar temporalmente bienes.
La Corte Constitucional también determinó que las facultades otorgadas a la fuerza pública son constitucionales, al considerar que se "constata la real ocurrencia de hechos que configuran la causal de grave conmoción interna".
Corte aún no se pronuncia por conflicto armado interno
A diferencia de estados de excepción anteriores, el Decreto 423 no contempla un toque de queda. Por ello, los ciudadanos podrán movilizarse sin restricciones mientras la medida permanezca vigente.
No obstante, las autoridades podrán ejecutar operativos de control, retenes e inspecciones de seguridad en distintos puntos del país, de acuerdo con la planificación de las instituciones encargadas.
Dos días después de declarar el estado de excepción, el Gobierno emitió el Decreto 424, mediante el cual reconoció la existencia de un conflicto armado interno para facilitar la cooperación internacional en materia de seguridad.
Hasta el momento, la Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre ese decreto, que contempla, entre otras disposiciones, indultos, amnistías e inmunidad para personal extranjero que participe en operaciones de apoyo contra el crimen organizado en Ecuador.
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