Lo que debe saber sobre Walter Solís y los casos pendientes del exministro de Correa
Walter Solís, quien tiene un estatus de refugiado en México, según el abogado, fue detenido este 20 de noviembre tras una orden de captura de Interpol.
El exministro del correísmo, Walter Solís, cuando dirigía Senagua, en una entrevista en Quito, el 24 de marzo de 2013.
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Flickr/El Ciudadano
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Redacción Primicias
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Walter Solís, uno de los ministros que rotaba por varios puestos en la era de Rafael Correa, fue detenido este 20 de noviembre en México, donde el ecuatoriano residía desde 2021. Antes estaba en Estados Unidos.
Solís es uno de los políticos correísta autoexiliados en el extranjero tras ser vinculado en varios procesos judiciales, y el más reciente fue el caso Reconstrucción de Manabí, en el que también fue procesado el exvicepresidente Jorge Glas.
Este último está recluido en la cárcel La Roca de Guayaquil luego de ser detenido en el asalto de las fuerzas militares ecuatorianas en la Embajada de México en Quito.
Al igual que otros funcionarios correístas, Solis había escogido precisamente México para vivir, pero hasta ahora su paradero exacto y actividades en ese país eran desconocidos.
En territorio mexicano, el exministro del correísmo mantiene un estatus de refugiado, según confirmó su equipo legal a PRIMICIAS, y por lo que, consideraron la detención como ilegal.
Algo similar indicó la Cartera de Relaciones Exteriores de México: "Walter Hipólito Solís Valarezo cuenta con la condición de refugiado en nuestro país, de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, y recibirá, por tanto, la protección que la Ley le otorga".
Pero, ¿por qué la justicia ecuatoriana requiere a Solís desde 2020? Esto es lo que debería saber sobre él y sus procesos pendientes:
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¿Quién es Solís?
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Fue ministro de Estado desde el 2010, cuando asumió la Secretaría Nacional del Agua y en junio de 2015 pasó al Ministerio de Obras Públicas, hasta su renuncia en septiembre de 2016.
En aquel entonces, Solís no especificó las razones de su salida del gabinete de Correa, aunque días después indicó en una carta que se debían a razones personales.
Mientras que Correa señaló que su renuncia ocurrió por un “error imperdonable”. - 2
Caso Sobornos
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La primera condena que ha recibido Solís fue por el caso Sobornos 2012-2016 por el delito de cohecho, en el que también fue sentenciado a ocho años el expresidente Correa.
En este proceso, el exministro fue condenado en calidad de coautor junto a otros 20 exfuncionarios y hombres cercanos a la administración de Correa.
Según la Fiscalía, el esquema de corrupción incluyó pagos ilícitos por parte de la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios públicos, una trama que habría perjudicado al Estado con más de USD 2,5 millones. - 2
Caso Senagua
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El segundo proceso pendiente de Solís es por el caso Senagua, por el que fue sentenciado a ocho años de cárcel en enero de 2021, su segunda pena por corrupción.
Fue hallado culpable por el delito de peculado, pero no ha cumplido su pena porque todo este tiempo ha estado en México.
Según la acusación de la Fiscalía, el proceso se refiere a un abuso de fondos públicos, cuando entre 2012 y 2013, Solís dirigía Senagua. En su administración se dispuso el pago de USD 8,1 millones como honorarios a terceros en un contrato que presentaba irregularidades. - 3
Caso Reconstrucción de Manabí
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Finalmente, el último proceso en contra de Solís es el caso Reconstrucción de Manabí, en el que se investiga un presunto peculado, cometido en el contexto del terremoto de abril de 2016.
Además de Glas y otros funcionarios, el juez dictó prisión preventiva contra Solís, y se dispuso que se oficie a la Interpol para su ubicación y captura internacional.
También se pidió en aquel entonces que la presidencia de la Corte Nacional inicie el proceso de extradicion desde México, lugar donde se encuentra en calidad de “refugiado”.
En esta causa, la indagación de la Fiscalía determinó que varias de las obras en Manabí no tenían relación con el objetivo de la Ley y no se ajustaban al contexto de la emergencia por el terremoto. Además, se presume que esto implicó un abuso de fondos públicos en beneficio de terceros
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