Hay dos opciones legales que podrían abrir el camino a una posible moratoria para el cierre del bloque petrolero ITT.
El presidente de la República, Daniel Noboa, ve viable aplazar el cierre del campo petrolero con más proyección de Ecuador, el bloque ITT, ubicado parcialmente en el parque Yasuní.
Pero ¿hay algún camino viable para posponer su cierre? El propio Presidente dijo que hace falta un análisis jurídico.
El 20 de agosto de 2023, la mayoría de ecuatorianos se pronunció, en unos comicios extraordinarios, a favor de terminar la explotación petrolera en bloque ITT.
La Corte Constitucional determinó que la petrolera estatal Petroecuador, a cargo del campo, tiene un año para desmontar la infraestructura del área petrolera, lo que se cumple en agosto de 2024.
Pero Noboa dijo, en una entrevista con Teleamazonas, que "la moratoria es un camino viable, estamos en guerra".
Aunque en campaña Noboa, incluso, se comprometió a votar por el cierre del campo petrolero porque, al parecer, no dejaba tantos ingresos como decía Petroecuador, hoy el Jefe de Estado dijo que el país "ya no están en la misma situación".
Petroecuador ha sostenido que el Estado dejará de percibir USD 1.200 millones anuales en ingresos cuando cierre el campo petrolero.
¿Una nueva consulta?
El ex juez constitucional, Antonio Gagliardo, dice que una salida es que el Jefe de Estado agregue una pregunta sobre una moratoria de uno o dos años al cierre del ITT en la consulta popular que la Corte Constitucional está analizando.
Gagliardo cree que otra opción, aunque menos probable, es que el presidente pida una prórroga de un año o dos a la Corte Constitucional para cerrar el bloque.
El riesgo es que la Corte podría negarse al ser sus fallos inapelables y de última instancia, por lo que la opción más viable es someter la moratoria a una consulta popular.
¿Pedir más plazo a la Corte?
La constitucionalista Karina Ron tiene un criterio distinto. Ella dice que el camino más sencillo es solicitar a la Corte Constitucional una prórroga para el cierre.
"La consulta popular tiene prioridad incluso por sobre la Constitución, porque es parte de un proceso de democracia directo, por lo que se tiene que ejecutarse, pero puede modularse", explica Ron.
Según Ron, el presidente de la República podría consultar a la Corte Constitucional si puede darle más plazo.
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