El gobierno digital es la salida a la crisis fiscal del Estado. El problema es que es una salida bloqueada por él mismo.
Nuestros gobiernos se han ocupado de imposibilitar el acceso a las tecnologías y al desarrollo de las telecomunicaciones, con una verdadera pandemia de regulaciones e impuestos.
La consecuencia es que a los ecuatorianos se nos ha retrasado el acceso al real potencial de las telecomunicaciones. Si bien más del 90% del territorio nacional tiene cobertura de telefonía móvil, más de la tercera parte de la población no estaba conectada a la red móvil en 2018.
A pesar de que muchos tienen un smartphone, apenas 4 de cada 10 usuarios tenía contratado el servicio de banda ancha móvil, según información de GSMA Intelligence. Es decir, un poco menos de la mitad de la población no tiene disponibilidad de Internet en sus manos.
Para lograr el 100% en los indicadores de acceso, que es urgente, es necesaria muchísima inversión, y eliminar regulaciones que la ahuyentan.
Inversión que debe ser particularmente privada, porque el mercado de las telecomunicaciones no es uno en el que el Estado deba meterse, ni tiene los recursos para hacerlo.
Sin embargo, la visión fiscalista que privilegia la recaudación por sobre la digitalización, y la hiper regulación estatal ha espantado las iniciativas y capitales privados.
La carga impositiva es uno de los principales desalientos. Es excesiva y desproporcionada en relación con lo que produce el sector y su peso dentro de la economía. Es una especie de vaca lechera para el Estado que paga en impuestos y contribuciones el doble de su aporte al PIB.
Actualmente, la carga tributaria total sobre usuarios y proveedores es de alrededor del 30% de los ingresos totales del mercado. A pesar de que representa cerca del 2% del PIB, solo el sector de las telecomunicaciones móviles genera aproximadamente el 5% de toda la recaudación fiscal.
Como consecuencia, Ecuador tiene la tasa tributaria específica del sector móvil más alta de la región. Mientras que en países como Perú y Colombia no supera el 4%, en Ecuador llega al 14%.
El principal peso son los elevados valores por el uso del espectro radioeléctrico y regulatorios que cobra el Estado por las concesiones y operaciones a las empresas de telecomunicaciones, los que además hacen inviables algunos servicios, como el Internet satelital.
Todos estos valores suman el 42% de los impuestos totales pagados por el sector. Por ejemplo, el Estado cobra a las telefónicas por cada nuevo enlace y radio base (antena) que instala en el país un nuevo valor por uso recurrente de frecuencias. Básicamente, es un castigo que desincentiva el llevar la cobertura al sector rural, pueblos o lugares con pocos usuarios, que no son rentables.
Todo esto sin entrar en el detalle de la carga regulatoria y la tramitomanía que el sector enfrenta, por ejemplo, al tener que reportar cuánto demora cada SMS en enviarse y ser recibido.
Es así como se traba y castiga la inversión en el sector de las telecomunicaciones.
Los platos rotos lo pagamos los usuarios. Por un lado, una gran parte de la población sin acceso a servicios que le permitirían un mejor nivel de vida. Y, por otro, precios relativamente más altos para los que logran tener acceso.
La facilitación de la inversión en telecomunicaciones será vital para el futuro de Ecuador. El impacto es inimaginable. Cada incremento en la penetración de banda ancha causa un impacto favorable en el PIB.
Y es indispensable para la implementación de un gobierno digital y la provisión gratuita de educación y salud para los ecuatorianos, cuyos sistemas actualmente saturados podrían beneficiarse enormemente si, por ejemplo, gran parte de las consultas ambulatorias pueden hacerse vía remota.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
Lo último