La misoginia que sí nos gusta

Estos días ha habido ataques generalizados a la Fiscal General de la Nación, Diana Salazar, a raíz de que Ronny Aleaga, exasambleísta de la Revolución Ciudadana aseguró haber tenido una “relación secreta” con ella. 

Aleaga ha sugerido que tiene imágenes íntimas de la fiscal general y eso desató una ola de violencia digital en contra de Salazar: fueron cientos de insultos y epítetos misóginos y racistas en su contra. 

Esto no es nuevo. La fiscal general ha sido blanco de una violencia política constante. Lastimosamente, en un país que no está acostumbrado a cuestionar o a discrepar sin que eso signifique una invitación a la violencia, la exposición de las mujeres en cargos políticos o de relevancia pública es interpretada como una invitación a ser agredidas. 

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No debería ser así. Diana Salazar, como cualquier funcionaria pública, está expuesta al escrutinio ciudadano. Puede y debe ser cuestionada por el ejercicio de sus funciones que, además, son financiadas con los recursos de los ecuatorianos. 

Y es importante hacer esa distinción: una cosa es la crítica legítima al ejercicio profesional o político; otra, es la deslegitimación a su condición de género o a su origen étnico. 

Hoy pasa con Salazar, pero ya ha pasado con decenas de otras mujeres en cargos de exposición pública. La diferencia es que hasta los machistas más recalcitrantes se disfrazan de defensores de las mujeres, cuando se trata de emprender una defensa a sus afinidades políticas. 

Ninguna mujer debería tener que aceptar la violencia por su condición de género como parte de su trabajo. Ni una funcionaria pública, ni una activista, ni una periodista. Ninguna. 

Y los ciudadanos no deberían ser selectivos en la defensa. 

La exalcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri; la legisladora de la Revolución Ciudadana, Mónica Palacios; la excandidata presidencial, Luisa González; la exministra de Gobierno, María Paula Romo, por citar algunas mujeres políticas, han sido todas víctimas de violencia política por su condición de género. 

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Muchos de quienes hoy reclaman la violencia política en contra de Salazar, hacen cargamontón cuando esta se ejerce en contra de mujeres con otros cargos y posturas políticas. La misoginia, cuando es en contra de aquellas mujeres con las que no comulgamos, entonces es aplaudida. Sin embargo, cuando toca a quien goza de nuestros afectos, es condenada. 

Esa selectividad en la defensa de las mujeres es sumamente peligrosa porque justifica, bajo ciertos escenarios, que ellas sean agredidas o minimizadas y nos recuerda que aún vivimos en una sociedad que no le interesa garantizar que las mujeres participen en la vida pública.

Y esto no quiere decir que no haya mujeres corruptas o incompetentes; las hay y los ciudadanos tienen la obligación de evidenciarlo cuando son funcionarias públicas. Lo que no es aceptable es que en lugar de concentrarse en la comisión de actos de corrupción o en la incompetencia en su actuar, los cuestionamientos se concentren en su físico, en su edad, en su vida sexual o en sus relaciones personales.  

Pero esa misoginia nos gusta, como sociedad, cuando va dirigida a las funcionarias que nos desagradan. Ahí no se la ve. Se la aupa. Se la aplaude. Se la silencia. Cuando estemos dispuestas a verla y señalarla, incluso cuando va dirigida a las políticas o funcionarias que menos nos gustan, podremos empezar a combatirla.