Pamela Martínez y Laura Terán, exfuncionarias de la presidencia de la República, pidieron la revisión de sus medidas cautelares.
Daniella Camacho, jueza de la Corte Nacional de Justicia, aceptó el pedido de la defensa de la dos implicadas.
Martínez y Terán están procesadas por los presuntos delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias relacionados con el financiamiento ilegal que Alianza PAIS, habría recibido entre 2012 y 2016.
Ellas fueron detenidas el 5 de mayo y son, además, testigos protegidos de la Fiscalía: sus testimonios y versiones sirvieron de base, por ejemplo, para ampliar la investigación hasta el expresidente de la República, Rafael Correa.
Martínez y Terán estaban detenidas en una casa de confianza, ubicada en el sur de Quito.
Camacho ahora aceptó la presentación periódica de las detenidas ante la justicia, prohibición de salida del país y uso de dispositivo de vigilancia. La Fiscalía dice que se opuso a esta decisión.
Según la Fiscalía, durante su exposición, la fiscal Diana Salazar, explicó que la solicitud de las procesadas no cumplía con los requisitos establecidos en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), "pues no se han desvanecido ni modificado los elementos de convicción sobre la existencia del delito y la presunta autoría de estas ciudadanas, que motivaron la medida inicial y que, incluso luego de las investigaciones, su situación se ha agravado".
El mismo argumento fue expuesto por la Procuraduría General del Estado, en su calidad de acusador particular.
A pesar de eso, la jueza Camacho falló en favor de las procesadas Martínez y Camacho.
Javier González, periodista de El Universo, recogió la reacción de Edison Cadena, abogado de Martínez.
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