El Legislativo está cerca de cumplir un año y comienza a sonar con más fuerza la posibilidad de su disolución si no se llegara a aprobar la Ley de Inversiones.
El futuro de la Ley de Inversiones planteada por el Ejecutivo aún es incierto. El cierre del primer debate de la iniciativa dejó críticas que se deberán subsanar durante esta semana, previo al segundo debate y votación de la propuesta. Y en ese escenario, el fantasma de la muerte cruzada volvió a aparecer.
La Asamblea cumplió 10 meses en funciones este 14 de marzo de 2022, en los que constantemente ha estado sobre el debate la posibilidad de disolver el Legislativo.
Esta alternativa nació durante el debate de la reforma tributaria. Y ahora, lo puso sobre la mesa el asambleísta César Rohon, quien presentó su renuncia este domingo, durante el debate de la Ley de Inversiones.
Y aunque la versión oficial del Gobierno es que no se ha analizado la muerte cruzada, pues hay una prioridad al diálogo, en la Asamblea ya se habla de ello. Sobre todo, por los problemas que podría enfrentar la Ley de Inversiones en el segundo debate, dada la oposición de Pachakutik, UNES y una parte de la ID.
Francisco Jiménez (Creo-BAN), parte de la Comisión de Desarrollo Económico, que analiza el proyecto económico urgente, aseguró que en el primer debate se "mintió descaradamente" sobre la propuesta del Ejecutivo. Cuestionó que se hable de privatización.
Y por ello, cree que la muerte cruzada es una opción en caso de que el Pleno bloquee la Ley de Inversiones. "Si las bancadas insisten en negarse ciegamente a cualquier tipo de progreso, estaríamos en un marco de obstrucción del Legislativo", dijo Jiménez.
El escenario es complejo, pues el oficialismo necesita 70 votos para aprobar la propuesta. De momento, cuenta con los 25 de la Bancada del Acuerdo Nacional (si no se divide de nuevo) y los 15 del PSC, que suman 40. Aun si el Gobierno lograra el apoyo de toda la ID (15), le faltarían apoyos para pasar el proyecto.
La Constitución contempla la disolución de la Asamblea cuando, "de forma reiterada e injustificada", obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. La Constitución otorga al Presidente esta potestad, conocida como la "muerte cruzada".
Si un Mandatario llega a ejercerla, la Asamblea se disuelve y el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe llamar a elecciones para nuevos legisladores y también un nuevo Presidente. En el tiempo que dure la organización de los comicios, el Mandatario puede gobernar a través de decreto-ley.
Otro martes sin Pleno
En medio de todo esto, sigue pendiente la iniciativa de crear una comisión que evalúe la actuación del Consejo de la Administración Legislativa (CAL). La bancada correísta UNES iba a insistir en este tema en la sesión del domingo, pero decidió retirar su pedido de cambio del orden del día para dar prioridad al segundo debate de las reformas a la Ley de Educación.
UNES, el PSC y la facción radical de Pachakutik (seis o siete asambleístas) impulsan esta evaluación, que podría terminar con la remoción de los siete vocales de esos cargos. Y esto, a su vez, en una posible reconfiguración del poder en el Legislativo.
Pero la propuesta deberá esperar. La presidenta Guadalupe Llori no convocó a sesión del Pleno para este martes, ni lo ha hecho -hasta el cierre de esta nota- para el miércoles. Esto aplaza la posibilidad de que el tema se incluya en una agenda.
La Asamblea generalmente sesiona todos los martes y jueves. Pero, de momento, la prioridad está en el trámite de la Ley de Inversiones, sobre la cual la Asamblea debe pronunciarse antes del 24 de marzo; caso contrario, entrará por el ministerio de la ley.
Una de las sesiones que está pendiente y que Llori debe convocar es la que se suspendió el pasado 24 de febrero entre gritos. En esa sesión, la presidencia de Llori está apelada, y estaba en agenda el primer debate de la Ley que regula el Uso Legítimo de la Fuerza.
El alza a los maestros, otro problema
Otro tema polémico en manos de la Asamblea es la ratificación, el pasado domingo, del alza salarial para los maestros. Es una decisión polémica, pues la Corte Constitucional hizo reparos a este tipo de medidas aprobadas sin un análisis técnico de su financiamiento.
La anterior Asamblea aprobó el alza de sueldos, pero la Corte suspendió su vigencia hasta que el actual Legislativo analice su factibilidad financiera. Por ello, ahora señalaron dos fuentes de financiamiento:
- Los ingresos que recibe el Estado por la venta del petróleo.
- Los ingresos que provienen por la reforma tributaria.
La ratificación obtuvo 113 votos a favor, con el rechazo únicamente de la bancada oficialista. Ellos cuestionan que no se está cumpliendo con lo dispuesto por la Corte, pues no hay factibilidad financiera para ese egreso.
Nathalie Arias (Creo-BAN) explicó que no se puede financiar egresos permanentes con ingresos no permanentes, como se hizo en este proyecto. Además, dijo que "no se pueden tramitar leyes que no contemplen un adecuado análisis financiero; es absurdo que se quiera utilizar los recursos circunstanciales del precio de petróleo".
Según el Ministerio de Finanzas, lo aprobado por la Asamblea representará unos USD 2.800 millones anuales.
Pero, el tema no termina ahí. Estos textos aprobados por la Asamblea también deberán pasar por un veto del Ejecutivo, que podría objetarlos por inconstitucionales. Con esto, el caso volvería a la Corte Constitucional, que además tiene pendiente la resolución de la demanda de inconstitucionalidad en esta causa.
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