Terrorismo, extorsión y sicariato tendrían penas más fuertes con las reformas al Código Penal

Incremento de penas, límites a los beneficios penitenciarios, acceso a información reservada de investigaciones de la Fiscalía y nuevas causales para la revisión de penas es lo que se plantea en la Asamblea, en una nueva reforma al COIP.

El 15 de febrero se desarrollará el segundo y definitivo debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) en las que se unificaron 38 propuestas que fueron tramitadas por la Comisión de Justicia.

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Para el informe de segundo debate se recogieron los criterios y observaciones de más de 30 expertos en temas de justicia, materia penal y penitenciaria. El documento cuenta con 87 artículos, algunos de los cuales ya tienen cuestionamientos.

Endurecimiento de penas

El documento, que será debatido y votado por los 137 asambleístas, señala la necesidad de reforzar las penas para ciertos delitos que, aunque ya están incluidos en la versión actual del Código Penal, han tenido un repunte en los últimos años.

Estas serían las nuevas penas, si se aprueba el documento:

• El sicariato pasa de una pena de 22 a 26 años en el actual COIP a 26 y 30 años, dependiendo las agravantes.
• El secuestro ya no será penado con entre cinco y siete años. La sanción sería de 7 a diez años.
• Si el secuestro es extorsivo, la sentencia irá de 13 a 16 años. Actualmente, es de 10 a 13 años.
• La extorsión sexual será castigada con cinco a siete años de cárcel. Hoy en día es de tres a cinco.
• Las penas por tráfico de drogas, cuando son de alta escala, pasan de cinco y siete años a siete y 10 años; gran escala, de 10 y 13 años a 13 y 16 años.
• Los delitos contra la flora y fauna tendrán una pena máxima de cinco años y ahora es de tres.

El 9 de enero, el presidente Daniel Noboa declaró el estado de conflicto armado interno para enfrentar a 22 agrupaciones delictivas que pasaron a ser catalogadas como grupos terroristas. Eso implicó la movilización de las Fuerzas Armadas.

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Al mes de la declaratoria, suman más de 7.000 personas detenidas en diferentes operativos, pero solo 241 estarían relacionadas con bandas consideradas terroristas. Los legisladores plantean que quien sea juzgado por terrorismo reciba una pena que va de 16 a 19 años, frente a los entre 10 o 13 años de ahora.

Corrupción y justicia en la mira

Las reformas que serán debatidas por la Asamblea el jueves 15 de febrero también buscan mayores sanciones para los operadores de justicia que actúen fuera del marco de la ley, así como a los funcionarios públicos que cometan peculado y otros delitos.

Es así que:

• Los jueces que cometan prevaricato se enfrentan a una pena de entre cinco y siete años y una multa de 20 a 30 salarios básicos. Hoy la pena es de tres a cinco años, sin multas.
• Los funcionarios públicos que cometan concusión serán privados de su libertad por cinco, seis o siete años. En el actual COIP la pena se establece en un máximo de cinco años.
• El tráfico de influencias tendrá una pena que va de los cinco a siete años.

En la normativa, que fue aprobada por los nueve integrantes de la Comisión de Justicia, se amplía el catálogo de delitos que no son sujetos de prescripción. Se incrementan, por ejemplo, la extorsión, el tráfico de drogas a alta y gran escala, el terrorismo, entre otros.

Además, los extranjeros que sean sentenciados por delitos cuya sentencia supera los cinco años de cárcel, una vez cumplida la pena, serán expulsados y quedan prohibidos de retornar a territorio ecuatoriano por 20 años, el doble de lo que se establece en el actual COIP.

Artículos polémicos

En medio de la cantidad de reformas y artículos incluidos en el informe para primer debate, los integrantes de la Comisión de Justicia incluyeron dos temas que han generado reclamos o, al menos, inquietud entre algunas bancadas legislativas y abogados.

El primero tiene que ver con la reserva de las investigaciones que llevan adelante la Fiscalía y otras instancias del sistema de justicia. Los legisladores quieren que se excluya de dicha reserva a entidades como el Consejo de la Judicatura, Contraloría, Defensoría del Pueblo y la propia Asamblea Nacional.

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"Sin la excusa de reserva, remitirá toda la información requerida, sin perjuicio de que la autoridad solicitante sea sancionada conforme al siguiente párrafo, en caso de que se divulgue la información proporcionada por dicha entidad, que ponga en peligro la investigación", dice el informe.

El segundo, busca incluir una nueva causal para solicitar recursos de revisión. El asambleísta del correísmo, José Agualsaca, plantea que los pronunciamientos de entidades de derechos humanos adscritos al Sistema Interamericano o al Sistema de Naciones Unidas deban ser considerados como fundamentos legales válidos para la revisión judicial de las sentencias en Ecuador.

Esto no está contemplado en la actual normativa penal y ha levantado las alarmas de que se puede tratar de un intento de beneficiar a personas procesadas por corrupción y que están a la espera de un pronunciamiento de organismo internacional.