Corte Constitucional revisará uso de habeas corpus a partir de casos Glas y Norero

El 3 de agosto de 2022, la Unidad Judicial de Portoviejo recibió una acción de habeas corpus a favor de Christian Araujo, quien tiene una sentencia ejecutoriada por homicidio. El argumento fue que durante dos meses el CRS Pichincha 2, donde Araujo estaba recluido, no había dado información de su condición, por lo que se desconocía su paradero. Esto se sumaba a la condición médica del sentenciado que padece de una enfermedad degenerativa. Dentro de esta acción, el exvicepresidente Jorge Glas, a través de su abogado, presentó un escrito como tercer interesado. Ya que el exfuncionario sentenciado por corrupción no estaba recibiendo la atención médica necesaria en prisión. Algo parecido hizo Daniel Salcedo, sentenciado por la corrupción hospitalaria durante la pandemia del Covid-19, quien alegó afectaciones médicas y psicológicas. El 5 de agosto de 2022, el juez Banny Molina aceptó el habeas corpus a favor de Araujo y  por "efecto extensivo o intercomunis" amplió el beneficio para Glas y Salcedo, ordenando su liberación. Sin embargo, el 26 de agosto de 2022, la Corte Provincial de Manabí determinó que Molina era incompetente para atender esa causa, ya que el afectado cumplía su condena en Quito. Por lo que declaró nulo todo lo actuado.

El 16 de agosto de 2022, Glas volvió a presentar, a través de otro de sus abogados, otro habeas corpus en contra del Servicio de Atención a Privados de Libertad (SNAI). Pedía el cumplimiento del fallo del juez Banny Molina. El argumento fue el desconocimiento de la causa seguida en Portoviejo y la negativa a liberar a Glas por parte del Gobierno, pese a que el habeas corpus inicial había sido concedido. Pero, tanto la Unidad de Garantías Penitenciarias de Quito como la Corte de Pichincha, inadmitieron la causa.

El 16 de agosto de 2022, Jorge Glas, a través del exasambleísta Fausto Jarrín, insistió y presentó una nueva acción de habeas corpus en contra del SNAI. Jarrín señaló al SNAI por no cumplir con la liberación ordenada por el juez Banny Molina, aduciendo presuntos errores de tipeo en la boleta de excarcelación. La Unidad Judicial de Quito y la Corte de Pichincha la inadmitieron esta causa.

Carlos Párraga, representante de la empresa Lionff Realty INC, interpuso una acción de protección en contra de la incautación de dos bienes inmuebles relacionados con el narcotraficante Leandro Norero. Las propiedades se encontraban en La Rivera del Batán, un sector residencial en la zona exclusiva de Samborondón (Guayas). Estos bienes fueron incautados el 25 de mayo de 2022, durante la detención del 'Patrón', Norero. Según la información de la Policía, Norero era un 'narco invisible', que se encargaba de lavar el dinero producto del narcotráfico y financiar a bandas criminales. En la acción de protección, el 19 de junio de 2022, el juez Ángel Lindao Vera, con sede en La Concordia, determinó que Inmobiliar vulneró el derecho a la propiedad de Lionff Realty INC, ya que esos bienes pertenecían a la empresa y no a Norero. El 15 de agosto de 2022, la Corte de Santo Domingo aceptó la apelación de Inmobiliar y declaró nula la actuación del juez Vera.