Los titulares de la Función de Transparencia, bajo la mira de la Asamblea

Anchundia recibió dos pedidos de juicio político en su contra, de los asambleístas Ricardo Vanegas (Pachakutik) y Luis Almeida (PSC). Ambos lo acusan de incumplimiento de funciones, por su falta de control a empresas y casas de valores relacionadas en la estafa el Isspol. El proceso es el más adelantado. Anchundia ya ejerció su derecho a la defensa este 22 de noviembre de 2021, después de cerradas las comparecencias. Ahora, Fiscalización deberá redactar un informe en el que recomiende al Pleno si debe haber un juicio político o no. La investigación, sin embargo, tomó un rumbo distinto el último día, en un cruce de señalamientos entre los exministros del Interior José Serrano y María Paula Romo. Vanegas señala a Anchundia por la falta de control de las operaciones en el mercado de valores, así como en la inversión en facturas comerciales negociables sin sustento económico y estructuración de emisión de obligaciones de pasivos no calificados para emisiones. Almeida acusa al Superintendente por la omisión del control en las actividades de las compañías Ecuagran, Delgran y Delcorp y al Decevale.

Arregui enfrenta un pedido de juicio político presentado por el asambleísta por Pachakutik, Darwin Pereira. Este proceso comenzará una vez que Fiscalización evacúe todo el juicio contra Anchundia. Pereira acusa a Arregui de incumplimiento de funciones con ocho causales, relacionadas a la falta de control por parte de la Superintendencia a las instituciones del sistema financiero. El centro de los señalamientos es el incidente del Banco Pichincha, que lo mantuvo fuera de línea varios días. El legislador también acusa a la Superintendenta de falta de control a los bancos durante la pandemia, y de falta de control a instituciones ilegales, como Big Money en Quevedo.

Riofrío enfrenta un pedido de juicio político presentado por el asambleísta Ronny Aleaga, de UNES. Este será tramitado una vez que termine el proceso contra Arregui. El legislador correísta acusa a Riofrío de incumplimiento de funciones, con base en lo estipulado en la Ley Anticorrupción, aprobada por la anterior Asamblea. Esta dispuso que la Contraloría deberá emitir un informe de pertinencia previo a las contrataciones públicas, pero el Reglamento de la Ley dispuso que se comenzara con los de presupuesto de más de USD 962.000. Para el legislador, no hacer el informe de pertinencia de todas las contrataciones configura el incumplimiento de funciones. Además, Aleaga argumenta que, el 19 de agosto de 2021, se reformó la Ley de la Contraloría a través de un acuerdo institucional, sin respetar la jerarquía de la norma.