'Coincidencias' en la investigación a Municipio de Quito y el caso Salcedo

La Fiscalía investiga más de 75 casos de corrupción relacionados con la emergencia sanitaria. Los hechos ocurrieron en distintas ciudades e instituciones. Pero, en algunos casos, los nombres de los implicados se repiten.

Una de las figuras más visibles de la corrupción, en torno a la salud y a la emergencia sanitaria, es la del guayaquileño Daniel Salcedo.

Él consta en cuatro procesos penales y está detenido en la Cárcel de El Inca, en el norte de Quito.

Salcedo, a su vez, se relaciona con los Bucaram. 'Dalo', Jacobo y Michel Bucaram Pulley, hijos del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, comparten procesos penales con él.

Además, Daniel Salcedo está vinculado a un entramado de empresas dedicadas a diversas áreas. A la cabeza, en lo que se refiere al sector salud, aparece Silverti S.A.

Esa empresa es parte de la investigación por presunto peculado en la compra de 4.000 fundas plásticas para cadáveres, en el Hospital Los Ceibos de Guayaquil. El contrato fue adjudicado a la empresa por USD 594.000.

El caso todavía está en instrucción fiscal. Pero, según las primeras averiguaciones de la Fiscalía, la compañía está relacionada con Salcedo.

Desde el 2 de septiembre de 2020, además, Silverti forma parte de otro proceso por presunto peculado.

Esta investigación es sobre la compra de insumos médicos para atender la emergencia por parte de la Empresa de Agua de Quito (Epmaps). Según las primeras averiguaciones, hubo sobreprecio.

Además de fundas para cadáveres y los insumos médicos, la empresa Silverti firmó tres contratos más con el hospital de Los Ceibos por USD 872.000. También suscribió contratos con el hospital general de Riobamba, del Ministerio de Salud.

30 días más de investigación

En el caso que involucra a Silverti con la Empresa de Agua de Quito ya son siete los vinculados, por presunto peculado.

Las investigaciones empezaron el 3 de junio. Ese día, la Fiscalía y la Policía Nacional allanaron la entidad y varias tras propiedad relacionadas con los sospechosos.

Cuatro personas fueron vinculadas en un inicio. Entre ellos, Guido Andrade, exgerente de la Epmaps.

El 2 de septiembre, la justicia añadió a esa lista a Sandra Ortega Romo, representante de Silverti; y a Mateo Alarcón, quien se desempeñaba como gerente del Ambiente en la Empresa de Agua.

La hipótesis de la Fiscalía es que hubo sobreprecio en las compras. En el expediente del caso reposan facturas con montos menores en la compra de equipos de protección que se compraron a Silverti.

Pese a que en un inicio se dictó prisión preventiva en contra de los sospechosos, en julio se retiró esa medida. Y el 2 de septiembre tampoco se la aplicó para los nuevos involucrados.

Es decir, los seis procesados por este presunto peculados deben presentarse ante un juez periódicamente y no pueden salir del país. Pero, están libres.

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