"Denuncia por prevaricato no es causal para excusarme", le responde la jueza del caso Grillete a Aquiles Alvarez

La jueza Karen Alarcón le respondió al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien la semana pasada la denunció por prevaricato y este 22 de junio presentó una demanda de recusación en su contra para que se retire del caso Grillete.

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El alcalde está procesado por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente y, dentro del expediente judicial, constan informes de agentes policiales que señalan que durante un allanamiento fue encontrado en su dormitorio sin el dispositivo electrónico que le había ordenado un juez en el caso Triple A.

Por no usar el grillete, la fiscal Lisset Barragán formuló cargos en su contra y un juez dispuso el 16 de marzo la orden de prisión contra el alcalde. Sus abogados presentaron recursos de apelación que fueron negados, al igual que un pedido de fianza el 11 de junio, rechazado por la jueza de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón, Karen Alarcón.

Contra ella, el alcalde presentó una denuncia por prevaricato, queja que el funcionario asegura que “se origina en actuaciones jurisdiccionales atribuidas a su autoridad y ha dado lugar al inicio de una controversia penal actualmente vigente entre una de las partes procesales y la juzgadora”.

Los abogados de Aquiles Alvarez rechazaron la negación de la fianza y criticaron la decisión judicial en la que Alarcón, a pesar de señalar que se cumplían los requisitos para la fianza, resolvía negarla porque consideraba que no garantizaba la comparecencia del alcalde a un juicio.

La jueza incluso acogió el pedido de la fiscal Barragán para que se convoque al alcalde a la audiencia preparatoria de juicio, que estaba prevista para el 22 de junio, pero que no se realizó porque el mismo día, dos horas antes, Aquiles Alvarez presentó otro recurso judicial contra Alarcón, esta vez una demanda de recusación, y pidió que se suspenda la audiencia y que se retire del caso Grillete.

“Recuerdo a su autoridad que se ingresó una solicitud de diferimiento para la audiencia preparatoria de juicio (…), adicionalmente, se deja constancia de que existe una denuncia penal en su contra por prevaricato, lo cual denota una flagrante falta de imparcialidad y un conflicto de intereses manifiesto para seguir conociendo la presente causa”

Aquiles Alvarez.

La demanda de recusación contra la jueza fue presentada en la unidad judicial de Samborondón. De ser aceptada, señala Alvarez, “cualquier actuación u orden dictada por su autoridad devendría en nula de pleno derecho”. Por ello, agregó que para “evitar futuras nulidades procesales insubsanables” se difiera la audiencia “mientras se resuelve el conflicto”.

La jueza responde

La respuesta de la jueza se presentó a la hora exacta en que se debía realizar la audiencia preparatoria de juicio del caso Grillete. Karen Alarcón aceptó el pedido del alcalde, suspendió la diligencia por tratarse de “la primera y única vez” que se solicita, y le previno a Alvarez de evitar retrasos en el proceso judicial.

“Debe considerarse que el procesado tiene varias defensas técnicas autorizadas, por lo que se previene al procesado a no realizar prácticas dilatorias”, afirmó la magistrada y dispuso que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) permita el acceso pedido por el alcalde para que sus abogados lo visiten de lunes a viernes por cuatro horas diarias.

Sin embargo, la jueza Alarcón negó la solicitud de excusa que pedía el alcalde, pues argumentó que en dicho escrito no se menciona una causal específica, entre todas las que establece el artículo 22 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) como válidas para excusarse y retirarse del caso Grillete.

“Esta juzgadora niega la solicitud por no estar fundamentada en derecho y porque el hecho de presentar una denuncia por prevaricato en contra de un juzgador no se encuentra dentro de las causales de excusa del artículo anteriormente citado”.

Karen Alarcón, jueza.

La jueza ratificó de esta manera su autoridad como juzgadora en el caso Grillete y convocó a la audiencia preparatoria de juicio para el jueves 25 de junio a las 08:10.

Demanda en despacho de jueza recusada

No obstante, la recusación del alcalde contra la jueza Alarcón recayó en su propio despacho, de tal forma que le correspondería a ella misma resolver sobre la demanda que el alcalde presentó en su contra, lo que provocó el rechazo de la defensa de Aquiles Alvarez.

“Resulta jurídicamente improcedente que la jueza cuya imparcialidad ha sido cuestionada mediante una acción de recusación conozca, tramite o resuelva la misma acción dirigida en su contra, pues ello vulnera los principios de independencia, imparcialidad objetiva y debido proceso”, reclamaron los abogados del alcalde.

De ahí que los defensores pidieron que la jueza Alarcón “se inhiba inmediatamente de conocer la presente acción de recusación” y que se disponga “la remisión inmediata del expediente a la oficina de sorteos” de tal forma que la demanda sea tratada “garantizando el conocimiento de la causa por una autoridad independiente e imparcial”.

Cárcel del Encuentro "podría incrementar riesgos"

Los abogados de Aquiles Alvarez apelaron ante la Unidad Judicial de La Libertad (Santa Elena) el traslado del alcalde a la cárcel del Encuentro en esa provincia costera, donde se encuentra recluido desde el 8 de marzo de 2026. 

El alcalde de Guayaquil fue detenido el 10 de febrero en el caso Goleada, que lo investiga por lavado de activos, y el fiscal Dennis Villavicencio formuló cargos en su contra, logrando que un juez ordenara su prisión preventiva y traslado al Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi 1, hasta el 8 de marzo.

No obstante, Aquiles Alvarez rechazó el cambio de reclusorio dispuesto por el SNAI, entidad que atribuyó el traslado a “razones de seguridad”.

“La decisión de traslado, por supuestos motivos de seguridad, resulta contradictoria, pues el Centro de Privación de Libertad al cual he sido trasladado corresponde a uno catalogado como de máxima seguridad, circunstancia que lejos de garantizar mi seguridad personal podría incrementar los riesgos para mi integridad”

Aquiles Alvarez

Alvarez pidió que se considere que no cuenta con sentencia ejecutoriada, sino que su privación de libertad es preventiva. “El traslado a un centro de privación de libertad ubicado en una provincia distinta genera dificultades para mantener una comunicación permanente con mis abogados, así como para garantizar una adecuada preparación de la defensa”, refutó.

La audiencia para que un juez resuelva su apelación estaba convocada para este martes 23 de junio de 2026. Sin embargo, el alcalde pidió que se postergue la diligencia judicial debido a que su abogada defensora debe comparecer a un proceso judicial en etapa de juicio.