Asamblea Constituyente: El Gobierno tuvo que reconocer la autoridad de la Corte Constitucional y corregir su propuesta

El segundo intento del presidente Daniel Noboa de eludir a la Corte Constitucional (CC) tampoco llegó a buen puerto. En una sorpresiva votación, el Consejo Nacional Electoral (CNE) le obligó a someterse a ese filtro, al remitir su propuesta de asamblea constituyente a los jueces. Y, finalmente, el Mandatario tuvo que aceptar la autoridad del máximo tribunal del país.

Esto obligó a que el Gobierno acate el dictamen en el que los magistrados señalan los numerosos errores y problemas jurídicos de la iniciativa. El documento, en el que los jueces solicitaron la subsanación de los incumplimientos y la aclaración de detalles clave del estatuto de la Constituyente, fue notificado a Carondelet a las 19:01 del 23 de septiembre.

A la Presidencia le tomó apenas cinco horas redactar el nuevo decreto ejecutivo, con los cambios planteados y remitirlo nuevamente a la Corte Constitucional, a las 00:21 del 24 de septiembre. Sin embargo, el punto clave sobre los problemas en el cálculo de asambleístas constituyentes sigue causando dudas.

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El Mandatario ratificó su intención de que existan 80 constituyentes, pero las cuentas siguen sin ceñirse a los principios de la democracia representativa. Pese a que el dictamen de la CC ya le recordó al Gobierno que la forma de elección debe tener "medidas de inclusión territorial y poblacional".

Al igual que con su propuesta de referendo para reducir los miembros de la Asamblea Nacional, la iniciativa para la constituyente sigue dando más representación a los migrantes registrados para votar en el exterior que a los ecuatorianos de 22 provincias, que tendrían 1 o 2 legisladores cada una.

Los 125.000 ecuatorianos registrados para votar en las tres circunscripciones del exterior tendrían el mismo número de legisladores que los casi 2,7 millones de habitantes de Pichincha y más de la mitad que la decena de constituyentes que tendrían los casi 4,4 millones de guayasenses.

Y se plantea como una asamblea constituyente netamente partidista, como lo fue la de Montecristi, con un método de adjudicación de escaños que beneficia al partido más votado (D'Hondt). Es decir, tampoco se tomará en cuenta la representación de los pueblos y nacionalidades, las minorías, la academia, los gremios o expertos en distintas materias.

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Todo esto debe superar nuevamente el filtro de la Corte Constitucional, que permitiría que el CNE incluya en su planificación para el referendo de noviembre una papeleta que consulte a la ciudadanía sobre la posibilidad de ir a otra Constituyente.

Esto también contradice la propuesta inicial del propio Ejecutivo e incluso de la campaña electoral, que hablaba de no repetir el camino del correísmo hacia una nueva Constitución, uno que toma mucho tiempo y recursos, según las propias palabras del presidente Daniel Noboa. 

Pero ahora el Gobierno plantea ir a tres procesos electorales: la consulta popular que apruebe o niegue su proyecto de Asamblea Constituyente, la elección de asambleístas constituyentes y el referendo para aprobar una nueva Carta Magna.

Un camino turbulento

La Corte confirmó que el planteamiento de una consulta popular era el adecuado para dar paso a la propuesta presidencial; pero, en la revisión de fondo de la convocatoria, los magistrados detectaron nuevamente problemas jurídicos e incumplimiento de los requisitos constitucionales, como en otros casos.

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Más allá de que la redacción de 13 textos introductorios incumplía con los principios de claridad, información objetiva y el lenguaje neutro, también contenían afirmaciones y conclusiones gubernamentales sin conexión e inducían al voto.

Por ejemplo, el Ejecutivo sostenía que "pese al extenso catálogo de derechos de la Constitución de 2008, persisten altos niveles de pobreza y desigualdad". A lo que los jueces respondieron que esa valoración presidencial apuntaba a una supuesta ineficacia de dicho catálogo, lo que carece de objetividad.

Los jueces también criticaron a Carondelet porque sus argumentos para saltarse el control mandatorio de la Corte evidencian un "desconocimiento de los límites normativos establecidos para la convocatoria a una Asamblea Constituyente".

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La propuesta también tuvo problemas numéricos y de aspectos electorales. El estatuto de la Constituyente, es decir, las reglas de su funcionamiento, establecían que el futuro organismo funcione con 80 legisladores, pero las cuentas gubernamentales no cuadraban y terminaban sumando, en realidad, 105.

En esa primera propuesta el Ejecutivo dejó muchos detalles logísticos en manos del Consejo Nacional Electoral (CNE), incluso la selección de la sede que albergaría una potencial Asamblea Constituyente. Y Los magistrados concluyeron que hay "ambigüedades sustantivas que impiden determinar con claridad la conformación de la Asamblea Constituyente".

Y, en medio de las presiones políticas del Gobierno, que incluyeron el intento de quitarle a la Corte el edificio donde funciona en Quito, las incongruentes amenazas de sus funcionarios con investigaciones fiscales y la abierta campaña de desprestigio contra los jueces, el tribunal se limitó a pedir correcciones puntuales a la iniciativa.