Lasso deja al país con una grave crisis en el sector de electricidad, un sector minero sin un catastro para nuevas inversiones y a las telefónicas sin nuevos contratos.
Guillermo Lasso cierra su período de Gobierno en medio de una grave crisis por un déficit de electricidad que llevó a decretar apagones programados desde el 27 de octubre de 2023. Es algo que no ocurría hace 13 años en Ecuador.
Desde que comenzó el estiaje (sequía), en septiembre de 2023, el déficit de electricidad ha sido de entre 450 y 700 megavatios, frente a una demanda de 4.682 megavatios.
En este escenario, el Gobierno ha tratado de encontrar soluciones sobre la marcha, a tal punto, que todavía no se sabe la fecha precisa en la que los apagones programados terminarán. El ministro de Energía, Fernando Santos, dijo que "ojalá terminen antes de Navidad".
Ante la emergencia eléctrica, Lasso tuvo que viajar a Colombia a pedir al presidente Gustavo Petro que continúen las exportaciones electricidad a Ecuador. Estas exportaciones le cuestan al país, al menos, USD 30 millones semanales.
El Mandatario saliente justificó los apagones diciendo que el país vive la peor sequía en los últimos cincuenta años.
Y dijo que otro factor fue "la reactivación económica", por la que ha habido un inusitado aumento de demanda de electricidad que no se esperaba.
Pero lo cierto es que desde enero de 2023 el Operador Nacional de Electricidad Cenace ya había advertido que el período de estiaje en 2023 sería más fuerte que en años anteriores.
De ahí que uno de los mayores errores de la administración de Lasso fue que no se realizaron inversiones para recuperar el parque termoeléctrico, que no está operando a su plena capacidad instalada hasta el 13 de noviembre, dice el especialista en el sector eléctrico, Ricardo Buitrón.
Además, el Gobierno de Lasso no actualizó el Plan Maestro de Electrificación que data de 2018.
Por eso, su administración no tuvo una hoja de ruta para identificar las inversiones necesarias para cubrir la demanda, que hasta 2018, se estimaba que tendría un crecimiento anual de entre 6% y 7%. En la práctica la demanda ha crecido a un 12% en lo que va de 2023.
Otro problema del Gobierno de Lasso es que la Secretaría de Inversiones Público Privadas no logró concretar importantes proyectos de inversión privada para suplir la caída de la inversión pública en el sector eléctrico, dice Buitrón.
Así, en 2023 solo se suscribieron dos proyectos de generación de energía renovable que generarían 310 megavatios, por USD 325 millones
- La central fotovoltaica El Aromo, en el terreno en el que iba a construirse la Refinería del Pacífico (Manabí), que generaría 200 megavatios. Lo implementará la empresa española Solarpackteam.
- Y el parque eólico Villonaco III, en Loja, que generará 110 megavatios, a cargo del consorcio español Cobra Zero-E Villonaco.
Sin embargo, se trata de dos proyectos que fueron adjudicados en 2020, durante el Gobierno de Lenín Moreno.
Los proyectos eléctricos pendientes
Pero el país tendrá que esperar entre dos y tres años para que comiencen a operar estos dos proyectos, dice Gabriel Secaira, especialista en el sector energético.
Secaira añade que estas centrales no tienen energía firme, porque son intermitentes.
Además, el Gobierno de Daniel Noboa recibe varios proyectos que ya fueron adjudicados, pero que todavía no tienen contratos firmados.
Es el caso del proyecto fotovoltaico Conolophus, en Galápagos, que generará 14,8 megavatios, que fue adjudicado en agosto de 2021 a la Asociación Gran Solar Total Eren.
Lo mismo ocurre con los proyectos que forman parte del Bloque de Energías Renovables No Convencionales (ERNC I), que podrían generar 500 megavatios. Aunque el Gobierno adjudicó el bloque a tres empresas internacionales en abril de 2023, todavía no se firman los contratos.
También queda pendiente terminar la elaboración de los proyectos para la construcción de las hidroeléctricas Cardenillo y Santiago que juntas aportarían 3.000 megavatios.
Hace falta que la Secretaría de Inversiones Público Privadas concluya los estudios de factibilidad para que los inversionistas interesados conozcan el modelo de negocio.
Así, Buitrón dice que el plan de que estas entren a operar entre 2029 y 2030 no sería creíble.
El sector minero y la oposición social
Uno de los mayores pendientes que deja el Gobierno de Lasso es la apertura del catastro minero. Tras el cierre del catastro, en 2018, 628 solicitudes de concesiones quedaron detenidas.
El catastro minero es la herramienta o plataforma tecnológica mediante la cual el Estado otorga nuevas concesiones mineras.
Andrés Ycaza, síndico de la Cámara de Minería de Ecuador, dice que la oposición de los movimientos indígenas y antimineros tomó fuerza durante el paro nacional de 2022.
Lasso había ofrecido abrir el catastro a los inversionistas en al menos tres ocasiones, pero la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) planteó como una exigencia durante el paro que el catastro no se abra.
Esa demanda de la Conaie se mantuvo en el marco de las mesas de diálogos con el Gobierno tras el paro. La Cámara sostiene que sin un catastro minero, la minería ilegal tiene espacio para tomarse concesiones, como ya ha ocurrido.
Por otro lado, Ycaza dice que fue un acierto que el Gobierno de Lasso haya emitido el decreto ejecutivo 754, que dio paso a la consulta ambiental, que permitiría la construcción de dos minas a mediana escala.
Sin embargo, nuevamente la Conaie interpuso un recurso ante la Corte Constitucional y la consulta ambiental está paralizada desde el 1 de agosto de 2023.
La Cámara de Minería destaca que, pese a la oposición minera de la Conaie, el Gobierno firmó contratos de inversión clave, como el contrato con Curimining para la construcción de la mina a mediana escala Curipamba-El Domo, en Bolívar.
También se firmó con la australiana SolGold el contrato de términos y condiciones para la explotación de la concesión Cascabel, en Imbabura. Esta se proyecta como una de las mayores minas de cobre en el mundo.
Telefónicas sin contratos nuevos
La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) suspendió el 24 de mayo de 2023, por 120 días, la renegociación de los contratos con las empresas Conecel (con su marca Claro) y Otecel, filial de Telefónica en Ecuador (con las marcas Movistar y Tuenti).
Pero desde entonces no se han retomado las renegociaciones, dice Patricia Falconí, presidenta ejecutiva de la Asociación de Empresas de Telecomunicacione (Asetel). De ahí que queda en manos de Noboa que se concrete la renegociación de los dos nuevos contratos.
Falconí explica que el único avance durante el Gobierno de Lasso fue que el 27 de agosto de 2023 se dio una prórroga al contrato con Conecel, pues vencía ese día.
La prórroga con esta empresa se extenderá hasta que se retomen las renegociaciones.
En cambio, el contrato con Otecel vence el 30 de noviembre de 2023. Falconí dice que la empresa está en proceso de concretar una prórroga del contrato, como ocurrió con Conecel. Pero el trámite no ha concluido todavía, por lo que, si no concluye hasta el 23 de noviembre, quedaría en manos del Gobierno de Noboa.
Producción petrolera a la baja
Poco se hizo para incrementar la producción petrolera durante la administración de Guillermo Lasso, pese a que su intención era duplicarla hasta el millón de barriles diarios.
Paros de las comunidades, roturas de los oleoductos por fenómenos naturales y cortes de electricidad fueron los principales factores que impidieron un aumento.
Pero también está la falta de cumplimiento de los planes para ampliar las reservas como las demoras en la licitación del Campo Amistad, que produce gas y que finalmente su adjudicación quedará en manos del siguiente Gobierno.
Tampoco se lanzó la ronda petrolera del Suroriente ni la adjudicación a privados del campo petrolero Sacha, como había anunciado el Gobierno de Lasso.
Lasso deja el poder con una producción de petróleo de 473.148 barriles diarios entre enero y noviembre de 2023.
Es una caída de 25.218 barriles diarios o un 5% menos frente a la producción de mayo de 2021, cuando asumió el poder, y que era de 498.366 barriles por día.
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