Tras el acuerdo con los jubilados, el ministro de Finanzas aún debe superar tres retos

Resuelta la crisis del pago a los maestros jubilados, que hicieron 16 días de huelga de hambre en las afueras de la Asamblea, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, tiene aun varios retos por delante.

Metas con el FMI

El 12 de agosto llegará al país una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para realizar la segunda revisión técnica trimestral de metas económicas con el gobierno de Ecuador, de acuerdo con el Ministerio de Finanzas.

El país debe cumplir una serie de indicadores a los que está sujeto el desembolso paulatino de un programa de crédito por USD 4.200 millones.

Un equipo técnico del Ministerio de Finanzas presentará a la misión del FMI los avances en el cumplimiento del llamado Plan de Prosperidad.

El ministro Martínez está optimista y dice que el país cumplirá las metas.

La gerenta del Banco Central del Ecuador (BCE), Verónica Artola también es optimista.

Por ejemplo, en materia de reservas internacionales, el país cerró junio con USD 4.700 millones, dijo Artola. La meta acordada con el FMI para finales de año es cercana a los USD 4.679 millones.

Las declaraciones las hizo Artola el 6 de agosto, durante un evento en que el Banco Central presentó una nueva política de antisobornos.

El exministro de Finanzas, Fausto Ortiz, es menos optimista que las autoridades de gobierno.

En su cuenta de Twitter, explicó que la Reserva Internacional cerró en julio en los USD 3.772 millones. Esa cifra representa un incremento de USD 650 millones sobre la registrada un año atrás.

Pero, "estaría apuntando a ubicarse en menos de USD 3.500 millones para diciembre de 2019 luego de recibir todos los recursos del programa con el FMI. Bajo la meta", sentenció.

El 1 de agosto, también advirtió su preocupación por el comportamiento del déficit fiscal:

Leyes a la Asamblea

Antes de la vacancia legislativa, que empieza el 19 de agosto y termina el 30 de este mismo mes, el ministro de Economía, Richard Martínez tiene previsto presentar a la Asamblea cuatro proyectos de ley:

• La modernización del Código de Finanzas Públicas.
• Reformas a la estructura y funcionamiento de las empresas públicas del Estado.
• Un esquema para las alianzas público-privadas.
• Las reformas a la Ley de Mercado de Valores.

Cuando el Legislativo retorne de la vacancia, el gobierno presentará dos enmiendas clave: las reformas laboral y tributaria.

El problema está en la Asamblea: el oficialismo no ha podido consolidar una sólida mayoría que asegure el trámite y la aprobación de las leyes económicas que se presenten.

A inicios de julio, PRIMICIAS publicó un reportaje en el que se recogía la reserva que tenían los bloques de esa "mayoría" a los posibles cambios que el Ejecutivo quiere hacer en la normativa económica.

Desde entonces el panorama no ha hecho más que complicarse: tanto que una de las iniciativas de juicio político en contra de Martínez es auspiciado por Raúl Tello, uno de los legisladores del Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI) que, se supone, es parte del acuerdo con el Ejecutivo.

Martínez ¿a juicio político?

Al tiempo que impulsa las reformas y cumple con las metas del Plan de Prosperidad, Martínez también tiene que hacer frente a pedidos de juicio político en su contra en la Asamblea.

Originalmente eran tres, pero uno de ellos fue desvanecido el 7 de agosto, tras la comparecencia de Martínez en la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea.

Hace dos semanas, Raúl Tello, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, anunció también su intención de enjuiciar al ministro por incumplimiento de funciones.

Tello argumentó un supuesto incumplimiento de funciones que se originaba en la falta de pago de las compensaciones jubilares, un problema que fue resuelto el 7 de agosto cuando el ministro llegó a un acuerdo con los maestros jubilados.

Antes de eso, el asambleísta de Revolución Ciudadana Yofre Poma también había solicitado un juicio político contra Martínez por incumplimiento de funciones, entre ellas la supuesta falta de asignación de recursos para las provincias petroleras en virtud de la Ley Amazónica.