Tarifas de celular e Internet podrían revisarse para zonas rurales

Este eje busca mejores condiciones y simplificaciones regulatorias en el sector, de acuerdo con el tipo de servicio y la madurez del mercado, explica Iturralde. Por ejemplo, en el caso de la telefonía fija, que se encuentra en declive, se busca simplificar la normativa, con el fin de disminuir los gastos administrativos y tiempos de trámites a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).    

Con este eje se busca una mayor asequibilidad de los servicios de telecomunicaciones, es decir, mejorar las condiciones tarifarias para los usuarios finales de telefonía móvil e Internet fijo. La revisión de las condiciones estaría dirigida a las poblaciones más necesitadas o sectores prioritarios, es decir, comunidades rurales o urbano-marginales. "Aún no hemos conversado con las operadoras, solo está como política, pero esa es la visión", aclara Iturralde.

Establecer mejores condiciones normativas para el despliegue de infraestructura, por parte de los operadores de telecomunicaciones. Por ejemplo, al permitir que los prestadores destinen el 50% de la tasa que pagan por acceso universal a la inversión de proyectos de conectividad en parroquias priorizadas. Este incentivo ya está establecido en un reglamento, pero aún requiere el aval del Ministerio de Finanzas, por el impacto fiscal. Adicionalmente, la modificación del reglamento de tarifas, que deben pagar los prestadores de servicios de telecomunicaciones a la Arcotel, por derechos de concesión de permisos, otorgamiento de títulos habilitantes o uso del espectro radioeléctrico. Con la modificación se redujeron las tarifas en ciertos servicios, con la idea de que los prestadores inviertan más en conectividad.

Procurar reducir la piratería de televisión por suscripción y a los generadores de contenido. Iturralde explica que aún no se ha llegado a un consenso sobre este aspecto porque la problemática es muy compleja. "No solo desde la perspectiva de la infraestructura física, sino la articulación con los diferentes actores, porque se incurre en la violación de contenidos, así que también recae en el Senadi (Servicio Nacional de Derechos Intelectuales)", añade. El Mintel deberá articular con los diferentes actores para determinar una estrategia que logre mitigar la piratería.